“En España a los denunciantes se les mata de innanición y en México mueres disuelto en un barril de ácido”, asegura Roberto Macías, quien dejó México por amor y se mudó a Sevilla en 2004. Ahora enfrenta un juicio por revelación de secretos después de destapar una presunta trama de desvío de fondos en el sindicato UGT en Andalucía.

SEVILLA, España.- Cuando llegó a España, Roberto Macías comenzó a trabajar en una franquicia inmobiliaria. En 2006 fue contratado como empleado administrativo de finanzas y recursos humanos del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en Andalucía. A final de ese año le propusieron pasar a la central de compras, departamento que más tarde se descubrió como origen de los presuntos desvíos de fondos públicos, mediante la falsificación de facturas, dentro del sindicato.

Al dedicarse a la parte administrativa Macías veía todos los documentos legales.

“Solo era un revestimiento de legalidad. La mayoría de los trabajadores creíamos que era un sistema correcto”, cuenta este licenciado en Derecho. Pero conforme pasaba el tiempo se daban cuenta de que en realidad podrían estar ante un sistema preparado para desviar fondos públicos: cambios de conceptos en las facturas para poderlos imputar a las ayudas que recibía el sindicato, diferencias entre el precio real y el importe de la factura.

Cuenta Macías que al descubrir la trama también se dio cuenta de que no podría hacer nada debido a las fuertes vinculaciones de la organización con organismos públicos y partidos políticos como el PSOE, que gobierna en Andalucía desde hace 40 años.

“Una persona enfrentándose al sindicato estaba condenada al fracaso”, asegura.

En 2012 el sindicato realizó un ERE y a partir de entonces los medios comenzaron a alertarse del presunto desvío a través de distintas filtraciones y documentos. Varios directivos de la organización fueron detenidos y encarcelados por el escándalo.

Es entonces cuando UGT-A comienza un proceso para cazar a los “chivatos” que filtraron la información a la prensa y entre aquellos a los que dirigen su atención se encuentra Macías. El sindicato presentó una querrella contra él, acusándole de haber copiado y volcado en un USB un total de 22.500 archivos del sindicato. Un presunto delito de revelación de secretos por el que la Fiscalía pide tres años de prisión y una multa de 60.000 euros en concepto de daños morales para UGT-A.

Dice Macías que, cuando le llamó la Guardia Civil, preguntó por el programa de protección de testigos y le dijeron que no sería necesario, pues no se trataba de algo tan grave. Al margen del proceso legal, abierto desde 2013 y cuyo juicio formal se abrirá en 2018, Macías ha tenido que lidiar con serias dificultades económicas y le ha resultado muy dificil situarse en el mercado laboral. Narra cómo en muchas entrevistas de trabajo era rechazado en cuanto se enteraban de su relación con UGT y que incluso el sindicato llegó a ofrecer muy malas referencias cuando les preguntaban por él.

“Durante muchos años me han dejado sin futuro. En España no hay ningún tipo de protección a los denunciantes de corrupción”, dice Macías.

Lo grave en España es que las personas colaboren con la justicia, mientras los grandes delincuentes, los corruptos, gozan de toda la protección de las organizaciones

Ahora su nombre y sus datos son públicos, y muchos siguen asociándolo a la caída de los principales dirigentes del sindicato en Andalucía.

“Los denunciantes sufren una estigamtización por parte de las empresas privadas y los empresarios que les consideran personas peligrosas. El mercado laboral es muy injusto con las personas honestas”, afirma.

Tras varios años de pesares económicos, y a la espera de que el juicio en su contra inicie a lo largo de 2018, Roberto Macías ha comenzado un nuevo proyecto inmobiliario. Además, forma parte de Plataforma por la Honestidad, una organización que se dedica a proteger a los denunciantes y que le prestó ayuda cuando empezó todo el proceso. La organización pide desde hace dos años una ley que proteja a las personas que denuncian corrupción y que el denunciante no tenga que dar su nombre y pueda conservar su anonimato.

España ya ha conocido varios casos de denunciantes que han sido estigmatizados y atacados por su honestidad, recuerda Macías.

Pone como ejemplo al teniente Luis Gonzalo Segura, que denunció irregularidades en su sector de unos contratos fraudulentos, fue expulsado de las fuerzas armadas. O Ana Garrido, la encargada de destapar la trama Gürtel, quien perdió su puesto de trabajo y se enfrenta a un proceso legal parecido al suyo.

“Volvería a hacerlo, pero con más cuidado”, admite Macías. Este mexicano reconoce que intentaría protegerse más pero también reconoce que no sabría cómo porque España, según su versión, no ofrece recursos para que los denunciantes blinden su seguridad.

Se planteó volver a México, pero al estar en medio de un proceso penal España se emitiría una orden de detención internacional en su contra. Y aunque está seguro de que México no le extraditaría no quiere ser tratado como un delincuente porque, asegura, no ha hecho nada malo.

Una vez que se dio cuenta de que no contaría con ningún tipo de amparo por parte del gobierno español decidió pedir ayudar al Consulado Honorario de México en Andalucía. Según su versión, “que te ayude la virgen” es la primera respuesta que recibió. Según la Oficina Consular, se le negó la defensa consular porque al tener doble nacionalidad ya había perdido ese beneficio y debía acogerse a la proteccion del estado español.

En agosto de 2017 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México le concedió un amparo y ordenó a la oficina consular brindarle asistencia. Sin embargo, un recurso de la Cancillería impide que este aún amparo se haga efectivo.

El caso llamó la atención a nivel internacional y muchos medios internacionales, incluido el New York Times, se hicieron eco del caso y quisieron entrevistar a Macías. Una fundación norteamericana le invitó a dar varias charlas sobre corrupción y transparencia en México. “En España a los denunciantes se les mata de innanición y en México mueres disuelto en un barril de ácido”, asegura.