El ex portavoz de las autodefensas de Michoacán y líder de las autodefensas de México, José Manuel Mireles Valverde, anunció que presentará una denuncia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra los presuntos responsables de detenciones, torturas y desapariciones en Michoacán.

 

MORELIA, México.-  Tras haber obtenido la sentencia absolutoria por la exclusión del delito que se le imputaba, el fundador del movimiento autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, anunció en conferencia de prensa que interpondrá una serie de denuncias contra funcionarios del Estado Mexicano para exigir una indemnización por el daño que le fue causado con el encarcelamiento de que fue víctima durante tres años.

Su abogado, Ignacio Mendoza, detalló que se interpondrán denuncias contra funcionarios que abiertamente denostaron a Mireles Valverde en agravio de la integridad moral del ícono autodefensa, y contra quienes autorizaron a particulares el uso de armas de uso exclusivo del Ejército mediante acuerdos al margen de la ley.

Ignacio Mendoza reveló que Mireles “posiblemente” pediría un pago por indemnización y estaban evaluando otra denuncia penal, por brindarle permiso de uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, contra el ex Comisionado Alfredo Castillo, al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e “incluso” al Presidente Enrique Peña Nieto.

Además, añadió que denunciarán también la creación de la Fuerza Rural, para que haya una investigación y de determine quiénes son los responsables. Mireles Valverde señaló de manera directa al ex comisionado federal Alfredo a Castillo y al procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro, además de otros que resulten responsables.

Aclaró que acudirá también a la CIJ para denunciar al Estado Mexicano por delitos de lesa humanidad, toda vez que aseguró que las acciones y omisiones del Estado, al armar a población civil para combatir al crimen organizado entre 2013 y 2015, dejaron no sólo 258 autodefensas detenidos, sino también al menos 2 mil 800 viudas, 4 mil 500 huérfanos y un número impreciso de desplazados.

En su caso particular, adelantó que demandará la devolución de sus salarios caídos por cuatro años de inactividad laboral forzada en su espacio de trabajo en la Secretaría de Salud, la devolución de sus vehículos y una reparación del daño integral en los términos establecidos que establece la ley.

Descarta integrarse al gobierno de AMLO

Mireles aclaró que no ha recibido ninguna invitación por parte del gobierno federal virtualmente electo de Andrés Manuel López Obrador para integrarse a él, pero dejó claro que no está en espera de ello. Subrayó que continuará trabajando en la Fundación Mireles, en conjunto con la Iglesia en Michoacán, para la pacificación social principalmente en Tierra Caliente y regiones donde a la fecha prevalecen altos niveles de violencia.

El abogado Ignacio Jiménez anunció que presentará el mismo recurso con el que defendió al Doctor Mireles para buscar la libertad de los 200 integrantes de las autodefensas que se encuentran aún bajo acusaciones penales, ya que estos “fueron engañados” por el gobierno federal, en complicidad con las autoridades estatales y de procuración de justicia, con un falso permiso para portar armas y llevar a cabo labores de policía rural, en violación de la constitución.

Asimismo, el defensor del ahora luchador social indicó que presentarán denuncias ante la CIJ contra Alfredo Castillo Cervantes, quien fuera Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, sus colaboradores, y quien resulte responsable por encarcelar injustamente a Mireles Valverde y a todos los que pertenecieron a los grupos de autodefensa.

El doctor José Manuel Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con otros 82 miembros de los grupos civiles de autodefensa que tomaron las armas en 2013 para enfrentar a los cárteles de ese estado del suroeste de México.

El médico salió en mayo de 2017 de la prisión federal de Tepic, en el estado de Nayarit, después de haber estado tres años privado de libertad, gracias a que un juez decidió que afrontara en libertad el proceso penal en su contra por llevar armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.