“No hay opciones políticas universales que defiendan de verdad y por igual los intereses de todos. Por eso es preciso conocer, datos en mano, qué y quién defiende cada quien, diga lo que diga porque las palabras se las lleva el viento y aquí hablamos de hechos”, dice el periodista Xavier Caño Tamayo, que en este artículo de opinión se refiere al acuerdo presupuestario entre el PSOE y Unidos Podemos como un programa social al servicio de la mayoría.
El acuerdo reciente entre el gobierno del PSOE y el grupo parlamentario Unidos Podemos, del que han dado buena cuenta los medios informativos, es quizás el programa político más progresista que nunca haya asumido el PSOE, que gobernó en años anteriores, lo que no significa que sea completo ni perfecto. Está previsto que cuente también con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y la antigua Convergencia Democrática de Catalunya, hoy renombrada como Partir Europeu democràtic de Catalunya (PdeCat).
El acuerdo es una propuesta al servicio de la ciudadanía que se atreve a meterse con los sacrosantos intereses de la minoría rica. Una propuesta concreta y realizable, no frases genéricas ni retóricas hueras que pretenden ocultar o maquillar que se legisla y gobierna al servicio de una minoría privilegiada como ocurrió durante los años de gobierno de Rajoy.
Puntos principales de un acuerdo al servicio de todos
Dice ese acuerdo PSOE-Unidos Podemos que se garantiza revalorizar las pensiones públicas según el índice de precios al consumo (IPC) en los años 2018 y 2019, además de financiar una mejor atención a las personas dependientes. Asimismo, aumentará el salario mínimo hasta los 900 euros mensuales, el mayor aumento histórico, y se incrementará el impuesto sobre la renta (IRPF) a las personas con grandes ingresos. También se ha pactado una profunda reforma del ‘bono eléctrico’ y la creación de un bono de energía que incluya el consumo de gas. Esos bonos son descuentos de la factura de electricidad.
La reforma acordada supone que esos descuentos serán de adjudicación automática y que el único criterio de adjudicación será la renta del hogar vulnerable, aunque también se considerarán para aplicar esos descuentos la dependencia, discapacidad o familias monoparentales indefensas. Y así, eliminar de una vez por todas la pobreza energética de tantos hogares españoles.
También incluye el acuerdo entre el gobierno del PSOE y Unidos Podemos establecer normas de alquiler de viviendas que impidan las subidas abusivas de alquileres más otras medidas que blinden el disfrute del derecho constitucional a una vivienda digna. También incluye el citado acuerdo dotar a los ayuntamientos de capacidad para intervenir en el sector de viviendas de alquiler en situaciones de arbitrariedad e injusticia. Además, se ha acordado el aumento significativo de becas y al mismo tiempo una rebaja de las tasas universitarias.
Asimismo se arbitra la ayuda al coche eléctrico y más impuestos a los automóviles con combustible diésel para financiarla. También se aprobará una regulación estatal de la publicidad de juegos de azar y apuestas en línea semejante a la del tabaco. Es una de las medidas para frenar la adicción a las apuestas, juegos de azar y el riesgo de ludopatía.
En otro orden, los permisos de maternidad y paternidad serán iguales, intransferibles y remunerados al 100% en 2021. Además se derogará el autoritario artículo 315.3 del Código Penal que incluye penas de cárcel a sindicalistas que integren piquetes de huelga. También se eliminará del Código Penal la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. Esa reforma penal señalará de modo explícito que la ausencia de consentimiento de la víctima sexual será esencial en la tipificación del delito sexual: si una mujer no dice claramente que sí, es que no. Esos delitos se reforman tras la sentencia que condenó a cinco jóvenes de la llamada Manada por abuso sexual, pero los absuelve del delito de agresión sexual.
Por los intereses de una minoría rica en años anteriores
Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter, los seis grandes bancos españoles, no han pagado desde 2008 ni un euro por beneficios en Impuesto de Sociedades. Y no lo han hecho aunque ganaron en conjunto 84.000 millones de euros en esos años. Así le consta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en cuyo poder están los datos contables de esos bancos. ¿Elusión y desvergüenza? Peor, porque Hacienda no sólo no ha recaudado nada por el Impuesto de Sociedades por beneficios de la gran banca (que los ha habido), sino que además les ha devuelto 164 millones de euros.
No cabe duda de a quien sirven los políticos profesionales que urdieron las escandalosas e indebidas ventajas que disfruta en impuestos el sector financiero con prebendas como subvenciones, deducciones y créditos fiscales que proporcionan a los grandes bancos patente de corso para dejar de pagar los impuestos que deberían.
Abundando en esa cuestión, no hay que olvidar, como ha denunciado Greenpeace, que desde el gobierno de Aznar hace veinte años, el Estado ha regalado a las grandes empresas eléctricas 18.000 millones de euros en subvenciones. ¿Qué intereses reales defienden esos gobiernos que cobran pocos impuestos a los que más tienen y subvencionan tan generosamente a las empresas eléctricas? No los de las clases trabajadoras, desde luego. Entonces, ¿solo se atienden los lucros de la minoría que más consigue, más tiene y más atesora? Mayoritariamente sí, y a la mayoría de leyes y políticas gubernamentales me remito, pero en algunas ocasiones, cuando se dan las circunstancias propicias, se tienen más en cuenta los derechos de la mayoría ciudadana. Así sucede en el vecino Portugal donde desde hace tres años gobierna el socialista Antonio Costa apoyado por el Bloco de Esquerda y el partido Comunista. Parece que también sucederá algo semejante en España.
Ahora es cuando hay que prestar atención a que no hay opción política neutra ni al margen de los intereses de los diversos grupos y estamentos que conforman la sociedad. Las opciones políticas concretas y las personas que las defienden y aplican lo hacen para defender intereses concretos. O, según Marx, intereses de clase. No hay opciones políticas universales que defiendan de verdad y por igual los intereses de todos. Eso ni siquiera es política-ficción. Por eso es preciso conocer, datos en mano, qué y quién defiende cada quien, diga lo que diga porque las palabras se las lleva el viento y aquí hablamos de hechos. Lo contrario son cuentos de Walt Disney.
