Miles de médicos irán a huelga para frenar el deterioro de la Atención Primaria de Salud en España y denunciar lo que consideran una privatización encubierta con recortes que han provocado un aumento en las listas de espera por falta de personal.
Convocados por #APSeMueve, un movimiento espontáneo de más de mil médicos de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, médicos de familia y pediatras de la Comunidad de Madrid van a la huelga este martes 21 de mayo. ¿Para pedir aumento de sueldo? No, para exigir que el gobierno de la región del Partido Popular en funciones tome medidas para frenar el deterioro de la Atención Primaria de Salud de una vez por todas.
Exigen un 25% más de inversión en atención primaria y reivindican que el tiempo mínimo de atención a un paciente sea de 12 minutos, con un máximo de 28 pacientes en cada jornada laboral para garantizar una atención sanitaria de calidad. Para que eso sea posible, el gobierno de la comunidad de Madrid tendría que contratar muchos más médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, rompiendo la tendencia contraria de despedir médicos y personal de enfermería de los últimos años.
#APseMueve integra a los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria que se proponen frenar el evidente deterioro del Sistema Madrileño de Salud y mejorarlo ostensiblemente. La Comunidad Autónoma de Madrid es la más rica de España, pero es la segunda que invierte menos en sanidad pública: solo 1.236 euros al año por habitante, frente a la media de todas las comunidades autónomas de 1.444 euros por persona.
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Largas listas de espera
La cicatería en la inversión y en la atención a gastos sanitarios ha provocado una lista de espera de intervenciones quirúrgicas que alcanza las 590.000 personas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, la espera media para elaborar un diagnóstico es de 148 días, casi cinco meses, y en ese tiempo el paciente puede empeorar o fallecer, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones. Tal funcionamiento de la sanidad pública, nada inocente por cierto, ha provocado que una tercera parte de la ciudadanía madrileña haya contratado un seguro médico privado que les cuesta 713 euros por persona al año de media.
Según el Sindicato Asambleario de la Sanidad (SAS), el despido de 6.000 profesionales sanitarios (médicos, enfermería y personal administrativo), la supresión porque sí de 300 camas hospitalarias y el frecuente colapso de las urgencias por insuficiencia manifiesta de personal médico desvelan la verdadera voluntad política del Gobierno del PP, que no es otra que favorecer a la sanidad privada al precio de deteriorar la sanidad pública.
A esto se suma la privatización de servicios como el de análisis clínicos, la limpieza de centros y hospitales y la cocina hospitalaria. Solo así se entienden los voluminosos recortes presupuestarios de la sanidad pública y el goteo de despidos de personal sanitario. El remate del deterioro de la sanidad pública ha sido la pretensión de la consejería de Sanidad de reducir las horas de consulta de Atención Primaria, echando el cierre a las 18:30. Por suerte, la convocatoria de elecciones autonómicas ha detenido tan inaceptable medida.
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Deteriorar y privatizar
Los ataques a la sanidad pública no son sólo problema de Madrid. La sanidad pública soporta en España una monumental falta de recursos humanos. Más de cinco años de recortes, precariedad, jubilaciones forzosas y restricciones de médicos, con la excusa de no aumentar el déficit, han provocado que hoy falten miles de médicos, como denuncian los sindicatos médicos. Y no es una situación coyuntural pasajera, porque en todo el Reino de España hay problemas para cubrir plazas de anestesistas, radiólogos, médicos de atención primaria, pediatras… Esta situación empeorará en los próximos años con la jubilación de 45.000 médicos, la quinta parte del total en todo el Estado. Es tan acuciante el problema del brusco descenso de médicos disponibles por jubilaciones que el Ministerio de Sanidad ha creado un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y los sindicatos médicos para ver cómo reducir el impacto de esas miles de jubilaciones.
En 2013, con la reducción del déficit público como objetivo prioritario y sumiso ante las exigencias de la Unión Europea y del FMI, el ministerio de Hacienda del Partido Popular impuso a las comunidades autónomas un duro recorte presupuestario, especialmente en sanidad y educación. Las Comunidades Autónomas obligaron a jubilarse a los médicos de 65 años para ahorrar, aunque hasta entonces solían ejercer sin problemas hasta los 70. Así fueron jubilados a la fuerza de 6.000 a 8.000 médicos. Hubo movilizaciones de médicos contra tan injusta y arriesgada oleada de jubilaciones forzadas, pero las Comunidades autónomas, presionadas por el ministro de hacienda Cristóbal Montoro, siguieron con sus recortes cuando sobrepasar el déficit público impuesto por Bruselas era pecado mortal, pero respetarlo suponía vulnerar los derechos sociales de la ciudadanía. En el caso de la atención a la salud, respetar el déficit a base de recortes suponía y supone un claro deterioro de la sanidad pública, paso necesario previo a la privatización que es lo que en verdad le interesa a la derecha y persigue desde hace años.
