Las medidas contra la subida del salario mínimo, de regulación de precios del alquiler como en otros países de Europa y otras en materia de pensiones que propone Pablo Hernández de Cos demuestran al servicio de quién está el Banco de España que gobierna: no precisamente de los pensionistas, de trabajadores en situación de creciente precariedad y de jóvenes que tienen cada vez más dificultades para independizarse.

Opinión y Análisis de Xavier Caño Tamayo.

 El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la OCDE y el Banco de España velan por los intereses del vigente sistema socioeconómico: el capitalismo. Por ser quienes son, reclaman sin cesar medidas que perjudican a la mayoría ciudadana o a grandes minorías, cuyo resultado es que vivan peor y soporten más incertidumbres los trabajadores precarios, pensionistas, asalariados en general, mujeres y jóvenes.

Los gendarmes del sistema reclaman recortes sociales, “moderación salarial”, reducción de pensiones y otras medidas de semejante jaez, nunca a favor de la ciudadanía trabajadora. Por eso el FMI pide a España que resuelva ya su déficit fiscal estructural. Palabras que esconden una verdadera amenaza de recortes de derechos sociales de la gente corriente.

Como gendarmedel sistema, Pablo Hernández de Cos,gobernador del Banco de España, ha pedido una vez más que se retrase la edad efectiva de jubilación porque la gente vive mucho más en los países desarrolladosy -dice- no habrá suficientes trabajadores activos cuyas cotizaciones paguen las pensiones de nuestros hijos, hoy treintañerosocuarentones. De Cosadmite que los alquileres desorbitados impiden a los jóvenes independizarse, pero se opone a que el gobierno limite los precios de alquiler de pisos, algo que ya hacen en Berlín, por ejemplo. Allí han aprobado un tope para alquileresdurante cinco años, lo que impedirá que los alquileres suban abusivamente, como sucede en Madrid y Barcelona.

No se hundieron las pensiones públicas

Lo que sí defiende sin tapujos el Banco de España es “la mejora de la seguridad jurídica de los propietarios de inmuebles para que tengan incentivos adecuados y así sacar al mercado más viviendas”.

¿El problema de la vivienda es que hay pocas y se necesita que los propietarios “saquen más al mercado”? ¿Con tanto piso vacío? El sector de la vivienda ha sido siempre un gran yacimiento para el enriquecimiento de minorías que soslayan el derecho fundamental reconocido que es. Nunca se ha ordenado y menos aún, regulado.

El Banco de España insiste en retrasar la jubilación y, además, calcular las pensiones según la esperanza de vida; es decir, reducirlas. Pretenden que, a mayor esperanza de vida, pensiones más bajas. Como si el dinero para pensiones fuera fijo e inamovible y se deba repartir entre los que vivan. Pero el Estado ha de aumentar su aportación a las pensiones como otros países. En Dinamarca, la aportación al pago de pensiones está en los presupuestos generales del Estado. Ningún dogma obliga a que las pensiones se paguen con las cotizaciones sociales. Eso fue un acuerdo del Pacto de Toledo, pero hay otros modos de financiarlas.

Miren Etxezarreta, doctora en economía experta en pensiones públicas, argumenta que es un disparate económico relacionar la cantidad de dinero a pagar con el número de pensionistas a pagar. Porque lo importante no es cuántos cotizan, sino cuánto se cotiza. Hace 50 años se necesitaba mucha gente para producir los alimentos que hoy se consiguen con mucha menos gente. La clave está en la riqueza nacional, no en el número de cotizantes. Hoy las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores, pero no tiene porque ser así. También ha explicado Etxezarreta que quienes pretenden que por la mayor esperanza de vida se han de reducir las pensiones públicas, buscan que los asalariados se vean forzados a suscribir las mal llamadas pensiones privadas por unas pensiones públicas muy insuficientes. Con esa pretensión, los grandes bancos han publicado en 1992, 1995, 1998, 1999, 2002, 2005 y 2007 tremendos estudios que anunciaban el colapso y hundimiento de las pensiones públicas por presunta reducción de cotizantes. Pasaron los años y, contra todas esas profecías, las pensiones públicas no se han hundido.

Trabajador precario, trabajador pobre

Los gendarmes del sistema dicen estar preocupados porque hay dos tipos de trabajadores:  indefinidos y temporales. Pero, para resolverlo, proponen abaratar el despido y reducir las cotizaciones sociales de los empresarios que contraten de forma indefinida. ¿Por qué los empresarios se benefician de entrada siempre? Así ha sido con las medidas contra un desempleo que se ha reducido, sí, pero a costa de crear un enorme mercado de empleo precario. Por eso vive situación de pobreza el 16% de trabajadores en la actualidad,dos puntos más que el año pasado a pesar de la recuperación económica. También crece el número de pensionistas pobres por tercer año consecutivo. Sin embargo, los gendarmes mantienen, en el sentido medieval demantenella i no enmendalla, que la subida del salario mínimo aprobada (900 euros en 14 pagas) provocará en 2019 una pérdida de 20.000 a 75.000 empleos. Afirmación nunca justificada, pero que indica al servicio de quién están. Que no es precisamente la ciudadanía.

Crece la desigualdad

Además, los gendarmes del sistema tienen el cuajo de denunciar el aumento de la desigualdad en España, superior a la media de la OCDE, pero sin propuesta alguna a la incesante disminución de ingresos de cientos de miles de hogares. En España, una de cada seis familias de clase media cayó en la pobreza durante la crisis y no ha podido salir de ésta a pesar de la cacareada recuperación económica, sencillamente porque no ha habido políticas que favorezcan a la clase trabajadora. Así lo cuenta Oxfam Intermónen su informe Desigualdad 1 – Igualdad de Oportunidades 0, donde denuncia que la desigualdad que estalló en España durante la crisis no se ha revertido.

Lo que olvidan los gendarmes del capitalismo es que la exclusión social severa ha crecido en España un 40% en diez años y ya afecta a más de 4 millones de personas. La última encuesta de FOESSA advierte también de que hay 6 millones de personas con una débil integración que pueden caer con facilidad en la exclusión social si la situación económica empeora. En España, la pobreza aumentó durante la crisis cuatro veces más de lo que se ha podido recuperar y la brecha entre ricos y pobres desmonta la lucha contra la pobreza cuyas máximas perjudicadas son mujeres y niñas. El año pasado, no entró ingreso alguno en 16.500 hogares más y ya son 617.000 los hogares sin ingresos, un 4% más.

Las consecuencias de las crisis expuestas demuestran el fracaso del sistema económico vigente. Ante la gravedad de la situación, urge que los gobiernos impulsen cambios reales para garantizar una vida digna a todas las personas. A todas, no solo a una minoría rica privilegiada.