Hoy se cumple un año del asesinato de  Samir Flores, uno de tantos silenciados en su lucha por un mejor México. Con el actual gobierno se mantienen la violencia contra activistas medioambientales y defensores de derechos humanos y la impunidad como herramientas de intimidación. ‘Mismos perros, distintos collares’.

Análisis de Gabriel Sánchez Juárez *.

MADRID, España.- Con sus acciones para defender la tierra mancillada por ciertos grupos de poder y los derechos humanos pisoteados por gobiernos y bandas criminales, los activistas en México se han vuelto figuras cada vez más incómodas.

Desde el final del sexenio pasado, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas mostraba su preocupación en un informe sobre México por “los graves actos de violencia cometidos contra defensores de derechos humanos, en particular de derechos económicos, sociales y culturales, y los altos niveles de impunidad con relación a dichos actos”, al tiempo que sugería recomendaciones al gobierno mexicano para proteger a sus activistas.

Sin embargo, el sexenio del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, cerró con 161 asesinatos impunes de defensores de derechos humanos entre el 2012 y el 2018, según el informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT). Encontramos dos en los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014 o el asesinato de la defensora de derechos humanos Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinoza, junto con sus acompañantes en un departamento en la Ciudad de México en 2015.

Aún después del cambio de partido en el poder, no han disminuido los ataques contra activistas y defensores de derechos humanos. El número de agresiones contra activistas durante el año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha aumentado en un país con más de 98% de impunidad delictiva.

Según datos de Amnistía Internacional, hasta octubre de 2019 se habrían cometido 23 asesinatos de  defensores de derechos humanos durante la actual administración. Han asesinado a Sinar Corzo, activista para comunidades indígenas en Chiapas, a Oscar Cazorla, activista muxe y defensor de la comunidad LGBT en Oaxaca, a Samir Flores, principal opositor a la termoeléctrica de Morelos y a  Abiram Hernández, defensor y portavoz de familiares de víctimas de desaparición. Esta lista proyecta un panorama sombrío sobre la llamada Cuarta Transformación.

A estos casos se suman víctimas de este año. Isabel Cabanillas, madre de un niño de 4 años, pintora, diseñadora, activista y miembro del colectivo feminista y anticapitalista Hijas de Su Maquilera Madre, fue reportada desaparecida el 18 de enero. Una semana después fue asesinada a tiros en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, región que encabeza la lista de municipios con más feminicidios en todo el país.

Homero Gómez González, principal promotor y defensor de los santuarios de mariposas monarca fue encontrado sin vida el 29 de enero después de dos semanas de desaparecido y, sólo tres días después, su compañero y colega Raúl Hernández fue hallado muerto en la cima del santuario El Campanario en el estado de Michoacán. Ambos luchaban contra la tala ilegal de los árboles que componen el hábitat natural de las emblemáticas mariposas en peligro de extinción.

Estos datos le parecerían al más optimista que las cosas no han cambiado después de un año de cambio político. Pero ante la violencia, impunidad e indefensión a la que constantemente se ven expuestos los defensores de derechos en México, y que continúa permeando nuestra realidad, es necesario preguntarnos qué puede o está dispuesto a hacer este gobierno de México. Por ahora nos queda estar informados sobre los movimientos sociales y promover sus causas como homenaje a su lucha.

* El autor es participante de Crónicas de México en España, el taller de periodismo de Espacio Méx.