La nueva Sala Especializada Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia contará con la competencia exclusiva para sancionar a servidores públicos y a particulares que causen daños y perjuicios a la hacienda pública.

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Se creará la Sala Especializada Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por cinco ministros sancionará a servidores públicos y particulares que participen en daños y perjuicios contra la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos. La nueva entidad sustituye al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con el fin de acabar con un sistema burocrático, pesado y costoso, según el senador Ricardo Monreal Ávila.

Asegura el senador que su objetivo es contar con una instancia judicial especializada que cuente con la competencia exclusiva para conocer de esta materia, además de otras relacionadas y que eleve el desempeño jurisdiccional del Máximo Tribunal del país e impulse la especialización al más alto nivel en este tipo de asuntos que son del mayor interés para nuestro país.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), argumentó que la corrupción se ha convertido en un fenómeno complejo y con diversas aristas que no sólo se tienen que ver con el Estado y la función pública, sino que también afecta a otros ámbitos de la vida social.

La corrupción que afecta a nuestro país manipula políticas públicas, maneja a las instituciones y opera reglas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de quienes toman las decisiones políticas, para sostener su poder, estatus y riqueza, siempre a costa y en detrimento del ciudadano.

Agregó que la corrupción se ha posicionado en la percepción ciudadana como uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, incluso por encima de la pobreza. Organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y Transparencia Internacional ubican a México como uno de los países más corruptos del mundo, con 14, 28 y 35 puntos de 100 posibles, respectivamente, apenas por encima de países como Haití y Venezuela, según recordó en senador.

El Sistema Nacional de Anticorrupción intenta establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción con el fin de alinear mejor las políticas y cooperar para una implementación más efectiva.

En esa línea, cree necesaria la creación de una Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción para una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada en el combate efectivo contra este fenómeno.

De acuerdo con información de la Segunda Sala de la SCJN en 2016, apuntó, quedaron sin resolver 1.189 expedientes; en 2017, 1.006, y en 2018, 594. Esto refleja el cúmulo de asuntos que se someten cada año al conocimiento de la Sala en materia administrativa y laboral, que no son resueltos en tiempo, debido a la gran carga de trabajo sobre amparos directos en revisión, conflictos competenciales, contradicciones de tesis, solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción, recursos de informidad y de reclamación.

Por estas razones, Monreal Ávila propone que dicha Sala incluya actos de responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen en hechos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares. En materia de responsabilidad patrimonial del Estado, que sea la encargada de determinar los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos. Propone una revisión administrativa de los recursos interpuestos contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces.

La duración del cargo de los nuevos ministros y ministras sería escalonada en la primera integración de la Sala, en tanto que los subsiguientes nombramientos atenderían al plazo de 15 años.

Se garantiza el principio de máxima publicidad en las sesiones de la nueva Sala, a efecto de que, en todos los casos, las mismas sean públicas, sin posibilidad de considerar sesiones de carácter privado. En cuanto a sus atribuciones, se guiarán por lo previsto en el marco normativo en general aplicable a las Salas de la Corte, contando con personal suficiente y especializado en función de su competencia, entre otras cuestiones. Se privilegia la especialización por materias en los términos que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se regula que las y los integrantes de la Sala cuenten con experiencia en la materia.

En los requisitos para ser ministra o ministro de la Suprema Corte, se incorpora la inhabilitación para ocupar el cargo si se ha incurrido en delitos por hechos de corrupción que ameriten pena privativa de libertad por más de un año.

Para que las resoluciones que declaren inválidas disposiciones generales impugnadas por la Federación o las entidades federativas tengan efectos generales, o la emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad, se requieren de ocho a once votos, dado que la presente reforma modifica en esa proporción el número de ministros y ministras que lo integran.

Las controversias y juicios en materia de corrupción serán sustanciados por la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción. Ello, en beneficio de la efectividad de la actividad jurisdiccional del Alto Tribunal, así como la especialización en la resolución de los asuntos suscitados en esa materia.

Se prevé que el presidente de la Sala Especializada en Anticorrupción integre el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para que aporte elementos para el mejor funcionamiento del sistema.

Derivado de la presente reforma constitucional, el Congreso de la Unión deberá realizar reformas legislativas diversas. El Ejecutivo federal federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los cinco integrantes de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Especializada en Anticorrupción.

Esta reforma contribuirá a dar mayor efectividad a los trabajos que se realizan desde el Poder Judicial, al establecer medidas y mecanismos efectivos de prevención y combate a la corrupción que contribuyan a fomentar la cultura de la integridad y la legalidad desde las instituciones que integran al Estado mexicano.