La corrupción le cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional. Si a eso añadimos el volumen del fraude fiscal, cifrada en 60.000 millones de euros anuales según cálculos moderados, tenemos la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que no van a educación, a sanidad y a otros servicios públicos que garantizan derechos fundamentales

Mariano Rajoy ha sido destituido de la presidencia del gobierno de España por el Congreso de los Diputados para investir a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.

El viernes, 25 de mayo, el Partido Socialista (PSOE) presentó una moción de censura contra Rajoy. De 350 diputados, votaron a Sánchez 180 de su propio partido, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PdeCat, Partido Nacionalista Vasco, Compromís de Valencia y Bildu. Once votos parlamentarios más que Rajoy cuando fue elegido presidente en 2016.

Antes, tras ser registrada la moción de censura, Rajoy acusó a Pedro Sánchez de faltar a la verdad. La irritación de Rajoy fue provocada por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, que condena a muchos años a casi todos los encausados, la mayoría cargos o ex-cargos del Partido Popular (PP) de Rajoy.

Digan lo que digan Rajoy y corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el propio partido. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.

La Audiencia Nacional también considera probado que había una caja B, una contabilidad paralela, en el PP. La condena no es penal, pero el partido deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la red Gürtel.

Corrupción institucional

Rajoy ha pretendido que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción institucional, creado por el PP y por el empresario Francisco Correa, condenado a 51 años de cárcel.

Pero no sólo Rajoy falta a la verdad en esta historia de corrupción, también lo ha hecho, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al responder a la comisión parlamentaria que investiga la financiación de ese partido. Cospedal ha asegurado que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez”, pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en la instrucción de esa causa. Como lo asegura igualmente la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y también lo han reconocido personas, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B, que admiten haber cobrado del PP dinero en negro.

Esa caja B se nutría de donativos de empresarios de la construcción y otros al partido a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Ese dinero se empleó en gastos del PP como la reforma de la sede nacional, sobresueldos para altos dirigentes del PP y gastos electorales.

Cospedal argumenta que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia judicial dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica”.

Cospedal se agarra a que el PP no ha sido condenado penalmente, pero esa afirmación no tiene en cuenta que el PP no ha sido condenado penalmente porque en 2003, cuando se inicio esa corrupción, los partidos, como personas jurídicas, no se reconocían como posibles autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y los hechos juzgados en la Gürtel son anteriores a la reforma del Código Penal de junio de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de personas jurídicas. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado después de junio de 2010, el PP hubiera sido condenado penalmente también.

Las falacias del Partido Popular

Una cuestión candente en esa corrupción fue la destrucción de los discos duros de las computadoras del entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, condenado a 33 años de prisión. Cospedal dice que “lo de los martillazos para destruir los discos duros de Bárcenas lo dijo un político y ha tenido mucho éxito, pero es absolutamente falso”. No hubo martillazos, pero sí se formatearon los discos duros 35 veces y, además, “se rallaron esos discos hasta su destrucción física”, según la jueza que llevó esa parte del caso.

Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la citada moción de censura a Rajoy, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste”. El periodista Ignacio Escolar desmiente esta falacia al demostrar que Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir, a pesar de haber perdido la confianza del Congreso. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado por la posibilidad de que confirmen lo indicado en las últimas encuestas: ser superado por Ciudadanos.

Otro embuste del señor Hernando ha sido decir que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron”. Pedro Sánchez es presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son una mayoría absoluta en votantes.

Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos”. Y tal afirmación no sólo es falsa sino que manifiesta además una ignorancia preocupante en un portavoz parlamentario. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos de la ciudadanía ahí representada. A mayor abundancia, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos de distintos grupos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. El señor Hernando debería repasar cómo funciona una democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.

Corrupción y desigualdad

Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando sostiene que la sentencia dice con claridad que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones”.

Lo que cada vez es más evidente es que el Reino de España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.

A la carga negativa de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados empleados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado. Más el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De lo que se deriva un aumento considerable de la desigualdad en España, en la que desde 2011 la minoría de los más ricos han acaparado el 74% de la riqueza nacional y se han apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.

La desigualdad y la pobreza tienen un fuerte vínculo con la corrupción. La Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía asegura que la corrupción le cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, que se suele denominar PIB. Si a eso añadimos el volumen del fraude fiscal, cifrada en 60.000 millones de euros anuales según cálculos moderados, tenemos la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulo alguno impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, la corrupción y el fraude fiscal se transforman en robar al Estado, que es tanto como robar a la ciudadanía.