Las reacciones de los partidos tras la aprobación de medidas sociales del gobierno por medio de decretos ley antes de la convocatoria de elecciones deja ver sus posturas reales ante cuestiones como las desigualdades sociales, los derechos de paternidad y maternidad, la brecha salarial entre hombres y mujeres y el acceso a la vivienda. El periodista Xavier Caño Tamayo analiza algunas de las medidas más importantes del gobierno.

Por Xavier Caño Tamayo

El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado medidas sociales y anuncia que las seguirá aprobando hasta que empiece la campaña electoral, dos semanas antes de las elecciones generales. El gobierno aprobó un decreto sobre vivienda que limita el aumento del alquiler al índice de precios al consumo (IPC) durante el tiempo de contrato. Por otro lado, las empresas con más de 50 trabajadores lleven un registro donde consten los sueldos de empleadas y empleados y las tareas que desempeñan para documentar la brecha salarial entre mujeres y hombres con el fin de reducirla.

En semanas próximas se aprobarán también decretos que derogarán en parte la reforma laboral del Partido Popular (PP), una considerable oferta de empleo público, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, ampliar de tres a cinco años el tiempo mínimo de contrato de alquiler de vivienda y aumentar los permisos de paternidad hasta equipararlos a los de maternidad. Estos decretos que deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso donde el bloque de la moción de censura que descabalgó a Rajoy de la presidencia del gobierno tiene un voto más que la derecha, 32 frente a 31. El gobierno calcula que se aprobará la prestación de paro para mayores de 52 años y también la prioridad de los convenios de sector sobre los de empresa en la negociación sindical colectiva.

A los decretos sociales la derecha ha respondido con su habitual recurso a falacias, denuestos y surrealistas acusaciones. Como pretender que los decretos del gobierno son un atentado contra la “neutralidad institucional” por el “uso electoralista” del Consejo de Ministros cuando se toman medidas para la ciudadanía que más lo necesita, como los parados mayores. Y resultará que tomar medidas para que se cumpla el derecho humano a una vivienda digna, poniendo orden a la jungla de los alquileres abusivos, es usar medios públicos en beneficio de una candidatura. De locos.

Necesidad, urgencia y desigualdad

La Constitución permite al Gobierno dictar decretos-ley cuando hay necesidad urgente, algo que existe en un país donde la crisis y posterior “austeridad” lo han hecho mucho más desigual, como lo documenta el último informe de desigualdad de Oxfam Intermon. En este país, quienes más ganan e ingresan se quedan cada vez con mayor parte de la riqueza nacional. Y les toca una porción cada vez más pequeña de la misma a quienes menos tienen.

En España la desigualdad, ya casi endémica, se desbocó con la crisis y aún no se ha logrado reducirla. Además de ser el cuarto país más desigual de la Unión Europea, España es también el segundo donde más aumentó la distancia entre ricos y pobres. Mientras que en 2008 el 10% de hogares más ricos tenían 9,7 veces más ingresos que el 10% de los más pobres, en 2017 ya tenían casi 13 veces más. La desigualdad aumentó porque aumentaron los hogares con ingresos muy bajos o sin ellos. El año pasado había 16.500 hogares más en esa situación y ya suman más de 617.000. Desde que volvió a crecer la economía, la recuperación ha beneficiado sobre todo a las rentas altas. En 2017, el reducido 1% más rico de España acaparó el 12 % de la riqueza nueva, en tanto que el 50% más pobre de la población solo pudo conseguir el 9 % de las ganancias. La desigualdad también ha aumentado por el mayor acaparamiento de riqueza por los más ricos desde el inicio de la recuperación.

Políticos que defienden intereses de clases sociales o grupos concretos

No hay opciones políticas que defiendan por igual los intereses de todas las clases sociales porque esas clases tienen intereses diferentes, cuando no opuestos. La derecha, con gobiernos del Partido Popular, emplea políticas y medidas concretas para favorecer, por ejemplo, a los seis grandes bancos españoles de modo que, aún habiendo obtenido más de 84.000 millones de euros en los últimos diez años, no han tributado ni un euro por beneficios. Ha sido posible por los apoyos, descuentos, créditos fiscales, subvenciones y deducciones concedidos por el ministerio de Hacienda. Decisiones políticas cuyo resultado es que a los grandes bancos tributan poco.

Es necesario conocer qué intereses defiende cada partido político y de quién, porque una cosa son las declaraciones a medios y las retóricas de mitin y otra las decisiones reales que se toman. Las palabras se las lleva el viento y lo que interesa son los hechos. Un hecho es lo expuesto sobre la banca y sus impuestos y cómo favorecer a los bancos hasta el escándalo. Se les inyectaron más de 65.000 millones de euros para afrontar una crisis que ellos mismos contribuyeron a provocar. De este dinero nunca se recuperarán 60.000 millones, como ha reconocido el Banco de España. Otro hecho es que el Estado haya regalado en total 18.000 millones de euros a las grandes empresas eléctricas del país con la energía más cara de Europa para los usuarios. Es evidente a quien benefician esas medidas políticas.

Derechos sociales por una vida digna

¿Abusan Sánchez y su gobierno de los decretos-ley? En sus nueve meses de gobierno ha aprobado 32 decretos-ley, pero cabe recordar que su antecesor, Mariano Rajoy, aprobó 121 reales decretos durante su gobierno, según cálculos de El Periódico de Cataluña, que destacaba un enorme macrodecreto que modificaba 26 leyes, algunas tan importantes como la reforma del IRPF o de fomento del empleo. Un auténtico coladero.

Es probable que el PP recurra ante el Constitucional los decretos-ley del gobierno de Sánchez. Considerarán los conservadores que no es urgente reducir la brecha laboral entre mujeres y hombres y les parecerá qué tampoco urge ayudar a los parados de más de 52 años para quienes es casi imposible conseguir empleo. Si el Tribunal Constitucional tuviera en cuenta tales recursos, solo podría admitirlos a trámite por ahora y, vistos sus ritmos y plazos temporales reglamentarios, no los podría resolver antes de dos años.

En realidad, hablamos de que la ciudadanía ejerza sus derechos constitucionales sociales, lo que en verdad significa que pueda llevar una vida digna. Esa es la razón de ser de las medidas sociales por medio de decretos-ley, aunque se queden en ocasiones cortas, que se quedan.