La Audiencia Nacional investiga el viaje de miembros de la Policía Nacional a Nueva York, por orden del entonces Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y con conocimiento del presidente Mariano Rajoy, para conseguir una declaración falsa sobre una supuesta financiación de Podemos por parte de Venezuela a cambio de darle a un ex ministro chavista permisos de residencia para él y su familia. “¿Imaginan que en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Suecia se pasara de puntillas sobre un escándalo semejante?”, pregunta Xavier Caño Tamayo, autor de este artículo.

Artículo de Xavier Caño Tamayo.

Una grabación de conversaciones telefónicas que desveló la web moncloa.com,creada por el empresario Alejandro Suárez y propiedad de Mercados y Estilos de Vida SL, revela una trama policial ilegal que habría operado de 2012 a 2016. La Audiencia Nacional investiga esta trama contra partidos de la oposición durante el primer gobierno de Mariano Rajoy.

Desvela esa grabación que algunos comisarios e inspectores-jefe de la Policía Nacional española viajaron a Nueva York para conseguir que el exiliado ex-ministro venezolano de Finanzas de Hugo Chávez, Rafael Isea, declarara a los medios informativos españoles que Venezuela había entregado 7 millones de dólares al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la fundación de la que surgió el partido Podemos.

A cambio de hacer esa falsa declaración pública, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago del Cuerpo Nacional de Policía ofreció a Isea permisos de residencia para él y su familia, nuevas identidades y protección. En la grabación quedaba claro que el citado policía actuaba por orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con conocimiento del hecho por Rajoy, presidente del gobierno. La intención de esa actuación ilegal era procesar a dirigentes de Podemos por financiación ilegal, pero el juez desestimó la demanda que se presentó a tal efecto porque no había caso de financiación ilegal.

Pero no solo ha habido juego sucio de las cloacas del ministerio de Interior contra Podemos. Antes se intentó elaborar un informe falso contra independentistas catalanes; intento desvelado en la grabación de una conversación de Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior de Rajoy, y Daniel de Alfonso, ex-jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña. Ambos políticos hablan de una Operación Cataluña en una conversación grabada, al parecer, por Daniel de Alfonso.

Juego sucio también contra líderes catalanes

En ese encuentro, Fernández Díaz insiste en buscar algo que incriminara a Roger Junqueras, hermano de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana. El diario Público accedió a esa grabación donde se propone conseguir datos de ilegalidades del hermano o del padre de Junqueras para acusarlos de prevaricación o, cuanto menos, desprestigiar a dirigentes de los partidos independentistas catalanes ante la opinión pública.

Al igual que el diario Público ofreció una visión general de las cloacas del Estado, la Fiscalía Anticorrupción comunicó que había una organización criminal en la cúpula de la Policía Nacional y pidió a la Audiencia Nacional que investigara posibles actividades delictivas de esos policías. Ahora los tribunales investigan las actuaciones de políticos y mandos de policía por fabricar pruebas contra Podemos y partidos independentistas catalanes para luego filtrarlas a la prensa.

La elaboración de pruebas inculpatorias se hizo sobre todo en períodos electorales para que la divulgación de esos informes, basados en datos falsos sobre todo, hiciera el mayor daño posible. Esos policías filtraban los informes a la prensa antes de presentarlos a los jueces. La Audiencia Nacional investiga esos hechos en la causa abierta contra el ex-comisario José Manuel Villarejo y media docena de comisarios e inspectores imputados por esos hechos.

A juicio de Hans Günter Kellner, corresponsal en España de Deutschlandfunk, la radio pública de Alemania, es un hecho gravísimo que un grupo ilegal de policías y mandos del Ministerio del Interior hayan fabricado pruebas para difundir noticias falsas de una inexistente financiación de Podemos por Venezuela.

Falta de salud democrática en España

En ese escenario, lo más sorprendente y especialmente lamentable es que no haya habido una contundente reacción de los partidos políticos al conocer la existencia de las cloacas de Interior. Solo Podemos, víctima de la actuación policial mafiosa, ha exigido una investigación y una respuesta firme y decidida. Algunos dirigentes políticos han alegado, para justificar no haber denunciado esa infamia, que aún no hay una sentencia judicial que lo recoja. Esto suena tan indignante como la repetida argucia de recurrir a la ‘presunción de inocencia’ para rehuir las respuestas a preguntas comprometedoras en casos de corrupción. La presunción de inocencia se refiere al ámbito penal de las sanciones, no a la necesaria y legítima crítica de las actuaciones y los hechos que no respetan la legalidad.

Según el citado Günter Kellner, el escándalo de las cloacas de Interior debería tener consecuencias claras en los medios informativos y que no siguieran publicando falsedades elaboradas por grupos mafiosos con la desfachatez de presentarlo como periodismo de investigación. Los medios no pueden ser ventiladores que expanden basura en la opinión púbica. Es un flaco favor a la libertad de prensa la irresponsabilidad de quienes se prestan a esa canallada.

La ausencia de una reacción democrática implacable de los partidos, del gobierno y de los medios informativos, hasta sus consecuencias penales ante el grave escándalo de las cloacas de Interior, aleja al Reino de España de estándares democráticos de Europa. ¿Imaginan que en Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Suecia se pasara de puntillas sobre un escándalo semejante? No hay duda de que hubiera habido dimisiones al por mayor, además de respuesta penal.

La mala salud democrática de España se agrava cuando se sabe que el ministerio del Interior del Partido Popular ha concedido más de 20 medallas y condecoraciones a policías que han actuado en esas cloacas y a otros acusados de torturas a detenidos en custodia.