El periodista Xavier Caño Tamayo relaciona el creciente fenómeno de aquellos a los que la OCDE denomina ultrarricos con un sistema de impuestos que premia a los que más tienen y castiga a los que menos, y que limita la disponibilidad de recursos para servicios públicos.

Últimamente, diarios, emisoras de radio y televisiones dieron como noticia destacada el aumento de personas muy ricas en el Reino de España. La Agencia Tributaria informó que, en los últimos años, las personas con patrimonios superiores a los 30 millones de euros casi se triplicaron entre los años 2006 y 2016.

No es casualidad ni azar. La Comunidad Autónoma de Madrid regala a los ricos la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio, lo que implica anular de hecho el impuesto por patrimonio que, sin embargo, sí se paga en otras comunidades autónomas. Y así, en 2016, último año con datos, los más ricos dejaron de pagar en Madrid 825 millones de euros por ese impuesto. La región de Madrid, convertida en oasis fiscal, atrae a cientos de millonarios de otras comunidades autónomas.

Esto muestra el avance de la desigualdad, pues, aunque los más ricos hoy casi se multipliquen por tres, solo son unos cientos frente a los casi 13 millones de personas (28% de población) en riesgo de pobreza y exclusión social en España, que supone un 4% más que en 2008.

España es el tercer país de la Unión Europea donde ha aumentó más el riesgo de pobreza, según Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Los datos de ricos y riesgo de pobreza denuncian una injusticia fiscal crónica, una pésima distribución de riqueza en el Reino de España. O, dicho de otro modo, el enquistamiento de una injusta, regresiva e insuficiente fiscalidad, el sistema de impuestos. Pero a pesar de esa evidencia, dirigentes de la derecha española, como Pablo Casado o Albert Rivera, denuncian las “subidas de impuestos”, como si fueran delitos, y osan decir que los impuestos en España son confiscatorios. ¿Confiscatorios?

Casado ignora a posta que, según Eurostat, la presión fiscal en España fue el año pasado el 34% del PIB, frente al 42% en la eurozona de la Unión Europea. Recordemos que presión fiscal es el porcentaje de impuestos recaudados por el Estado respecto al PIB. Es decir, que los impuestos recaudados están ocho puntos por debajo de la media de los de la eurozona o, lo que es igual, que por esa menor presión fiscal, España dejó de recaudar 40.000 millones de euros respecto a la media recaudada en los estados de la eurozona. ¿Y quienes se han beneficiado de esa

incompetente lasitud fiscal del Estado? Entre los beneficiados están grupos empresariales que han pagado por sus beneficios el 7,3% efectivo, aunque el tipo nominal sea el 25%.

Favores fiscales e impuestos insuficientes

Generosos favores fiscales semejantes son concedidos a entidades y grupos financieros privilegiados como el “régimen especial” que el gobierno regala a las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), con un impuesto del 0%. Actualmente, habiendo conseguido 260 millones de euros de beneficios, las SOCIMI siguen sin pagar por sus ganancias.

Desde otro ángulo de la cuestión fiscal, cabe recordar que la Comisión Europea propuso un impuesto a las transacciones financieras (ITF) en septiembre de 2011. De haberse implantado hubiera empezado a ser más justa y progresiva la fiscalidad europea, pero tras siete años de reuniones, idas, venidas, dimes y diretes, esa propuesta de impuesto a la especulación financiera ha desaparecido en combate. El poder financiero lo ha saboteado con éxito y los ministros de finanzas de la Unión Europea han actuado a su servicio, una vez más. Remató el entierro del ITF el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, al aceptar la propuesta del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de aplicar el ITF solo a la venta de acciones. Esta decisión deja fuera de ese impuesto al 90% de las transacciones financieras y, por tanto, permite continuar campeando a sus anchas la especulación financiera que desestabiliza la economía.

Como ha escrito recientemente Carlos Sánchez Mato, que fuera concejal de economía del Ayuntamiento de Madrid, hay que acabar con los privilegios y favores fiscales, combatir con mayor energía, más medios y más personal el fraude fiscal; aumentar la presión fiscal a grandes empresas y fortunas, eliminar los privilegios de la Iglesia Católica y las Socimis, equiparar los impuestos a las rentas del capital a los del trabajo, establecer un impuesto extraordinario a la riqueza de los más ricos, gravar las grandes empresas tecnológicas y otras multinacionales, que evaden y eluden impuestos al por mayor, y establecer de una vez el impuesto a las transacciones financieras (ITF). Todo un programa de medidas justas y necesarias que solo afectarían al bolsillo de muy pocos (3% de contribuyentes), pero beneficiarían a la ciudadanía y restablecerían la justicia.

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