Actualmente hay más personas detenidas en España por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas que en la época anterior al cese al fuego de ETA, según Amnistía Internacional.

MADRID. México y España no sólo comparten cultura, idioma e historia. Ahora también tienen en común el miedo que nos han impuesto a expresarnos con libertad. En los últimos años, luchar por lo que crees se ha criminalizado en ambos países y a pesar del aumento de los movimientos sociales las consecuencias han sido cada vez más graves. Algunos han perdido la vida, otros su libertad, unos por creer en los derechos humanos, otros por algo tan simple como escribir un tweet o interpretar una canción.

Ignacio Robles es un bombero español y su trabajo consiste en “proteger la vida”, según sus propias palabras. El 13 de marzo de 2017 fue expedientado por negarse a colaborar, en labores preventivas, en la carga de cientos de toneladas de bombas de fabricación española en un barco con destino a Arabia Saudí.  Ahora enfrenta una posible inhabilitación para trabajar de entre 3 a 6 años.

Se negó a obedecer a sus superiores porque el conflicto entre Arabia Saudí y Yemen le cuesta la vida a un niño menor de 5 años cada 10 minutos, según la ONU. Se calcula que en el último año España ha enviado más de 12.000 bombas a Arabia Saudí, en la Guerra Civil Española se usaron sólo 30 toneladas para arrasar Guernika. “Esto nos hace a todos cómplices de crímenes de guerra”, sostiene Robles.

Ignacio Robles, bombero de Bilbao, enfrenta una inhabilitación por negarse a participar en la carga de un envío de armas. Foto: Javier González.

Ignacio Robles no es el único caso. Tres bomberos andaluces podrían ser condenados hasta diez años de prisión por salvar las vidas de refugiados en el Mediterráneo. Se les acusa de tráfico ilegal de personas.

Además, bajo el amparo del artículo 578 del código penal español, que tipifica los delitos de “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación de las víctimas”, se han detenido y llevado a los tribunales a decenas de personas que sólo expresaban una opinión. El último caso es el del rapero Valtonyc, condenado a prisión por injurias contra el Rey en una de sus canciones.

Más condenas por enaltecimiento que en la época de ETA

Esta ley llegó al extremo de condenar el humor con el caso de Cassandra Vera, culpable de “humillación a las víctimas de terrorismo” y condenada a un año de prisión, cuya sentencia se suspendió, por chistes sobre el homicidio en 1973 de Carrero Blanco, presidente del gobierno del dictador Francisco Franco. Chistes que están presentes en las conversaciones de los españoles desde que comenzamos a creernos libres para decir lo que no pudimos durante 40 años.

Este concepto se introdujo en la ley en el año 2000, con el objetivo de evitar la capta de seguidores del grupo terrorista ETA. Sin embargo, según denuncia Amnistía Internacional, actualmente hay más personas detenidas por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas que en la época anterior al cese al fuego de ETA.  En 2011, cuando ETA todavía mataba, se produjo una sola condena por enaltecimiento del terrorismo.  Sin embargo, desde el fin de los actos terroristas de la banda se han realizado 76 condenas condenatorias.

Después de cuatro décadas de democracia los españoles volvemos a tener miedo de manifestarnos o incluso de hablar. Las sanciones a periodistas por ejercer su profesión se han disparado y se ha llegado a usar la violencia para reprimir manifestaciones pacíficas.

El polémico referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña no sólo causó encarcelamientos injustos, decenas de militantes sufrieron el uso de la fuerza de las autoridades y al menos en un caso una persona fue herida de gravedad y perdió la visión en un ojo.

Protesta por el asesinato del periodista mexicano Javier Valdez, ocurrido en mayo de 2017, en Sinaloa. Foto: Amnistía Internacional

México, 12 periodistas asesinados en el último año

México es otro de los países donde la libertad de expresión supone un coste muy elevado para el que la ejerce, en este caso la vida. A principios del año pasado se descubrieron redes que hostigaron y amenazaron a periodistas mexicanos y defensores de los derechos humanos. Al menos 12 periodistas han sido asesinados en el país en el último año, la cifra más alta desde 2000. Muchos de estos crímenes se han realizado a la luz del día y en espacios públicos. Una de las víctimas es el periodista Javier Valdez, fundador del periódico Ríodoce, asesinado en el estado de Sinaloa. Estos crímenes no fueron investigados por organismos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión o el Mecanismo de Protección para Personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde Amnistía Internacional advierten que uno de los mayores riesgos que corre la humanidad es “normalizar el horror”, pero por suerte también hay personas que ante los ataques y la represión se alzan y consiguen que su voz, tweets o textos marquen la diferencia.