Las sentencias de Naciones Unidas obligan a España a elaborar leyes y tomar medidas para que se cumpla la legalidad internacional, como lo demuestra el caso de una niña asesinada por Felipe Rascón, su padre, hace quince años.
Por Xavier Caño Tamayo
Han pasado quince años desde que Felipe Rascón asesinase a su hija de siete años y se suicidara tras un encuentro del sistema de visitas establecido por un juez. Antes había habido reiteradas denuncias de violencia machista por la ex-esposa Ángela González y finalmente se produjo el divorcio. El juez estableció un régimen de visitas a Andrea, la hija de los divorciados, y durante dos años Felipe Rascón y su hija se vieron en el lugar fijado por el juez, supervisado por un equipo de servicios sociales. Pero el juez modificó el régimen de visitas y permitió que Rascón pudiera llevarse a la niña y estuviera con ella a solas donde quisiera sin supervisión alguna, aunque los servicios sociales nunca dieron su visto bueno al régimen de visitas abierto. Hubo pocos encuentros después de ese cambio; el 25 de abril de 2003, Felipe Rascón asesinó con dos disparos a su hija Andrea y luego se suicidó. Fue en la localidad de Arroyomolinos de la provincia de Madrid.
En los antecedentes del atroz crimen cabe destacar que la madre, Ángela González, había denunciado docenas de veces a su exmarido por malos tratos, amenazas e intento de secuestro de la pequeña Andrea. Pero nunca pudo llevarlo a juicio.
España, condenada por la ONU
Tras el asesinato de la niña Andrea, la madre solicitó al Tribunal Constitucional amparo y justa compensación, pero éste negó que la Justicia tuviese que asumir parte de responsabilidad patrimonial por la muerte de la pequeña con el argumento de que el caso no tenía especial trascendencia constitucional y expresó en su dictamen: “lamentando profundamente el fatal desenlace, en el supuesto que nos ocupa no se aprecia que hubiese un funcionamiento anormal de la administración de Justicia”.
En el año 2014, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada y ratificada por España, condenó al Estado español por el asesinato de la pequeña Andrea. El CEDAW dictaminó que España había violado derechos fundamentales tanto de la madre Ángela González como de su hija Andrea y pedía, entre otras medidas, “una reparación adecuada y una indemnización integral proporcional” a la gravedad de los hechos. También exigía una investigación exhaustiva e imparcial para averiguar los fallos del funcionamiento de la Justicia para su reparación. Además exhortaba a que se tuvieran en cuenta los antecedentes de violencia machista al otorgar custodias y visitas a los hijos. También pedía una formación obligatoria en materia de violencia de género para jueces y otros operadores jurídicos.
El tiempo pasó y Ángela González siguió su batalla por conseguir justicia hasta que la cuestión llegó al Tribunal Supremo español. Antes, cuando Naciones Unidas condenó a España, el Gobierno español se negó a acatar los dictámenes de la ONU con el argumento de que no eran vinculantes, aunque el Tribunal Supremo de España acaba de sentenciar que hay responsabilidad del Estado en la desprotección que sufrieron Ángela González y su hija Andrea y lo obliga a indemnizar a la madre con 600.000 euros.
La ley de Naciones Unidas obliga sin excusa alguna
La sentencia es muy importante porque sienta jurisprudencia y doctrina, va mucho más allá del caso concreto y deja muy clara la obligatoriedad del Reino de España de acatar las propuestas y recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, así como de los tratados de derecho internacional firmados y ratificados por España.
La Administración del Estado y el Ministerio Fiscal alegaron ante el Tribunal Supremo que en la Justicia española no hay un procedimiento para aplicar los dictámenes de Naciones Unidas y éstos no pueden anular sentencias dictadas por la justicia española. Pero una vez más eso no es cierto.
El Tribunal Supremo indica que los dictámenes de la CEDAW son vinculantes y de cumplimiento obligado, puesto que el Estado español firmó esa Convención que indica que “los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente convención”.
Además, la sentencia del alto tribunal ratifica, más allá del caso del asesinato de Andrea, la necesidad de que la Justicia adopte medidas adecuadas y eficaces que tengan en cuenta los antecedentes de violencia machista al concretar derechos de custodia y visitas de los hijos para no arriesgar su seguridad.
El Supremo recuerda que el artículo 96 de la Constitución española reconoce como parte de la legislación nacional toda la normativa internacional firmada, ratificada y publicada en el Boletín Oficial del Estado, además de que el artículo 10.2 de la Constitución indica que “las normas de derechos fundamentales se interpretan y aplican según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre esa materia”.
Es decir, tratados y convenciones de la ONU son de obligado cumplimiento, incluso si hay que elaborar leyes y normas para aplicarlos correcta y eficazmente. La sentencia del Supremo no se refiere solo al cumplimiento del dictamen de la CEDAW en el caso Ángela Gonzalez, sino que todas las propuestas de cualquier convenio internacional y de todos los comités de derechos humanos de la ONU obligan.
España tiene que aplicar las medidas para evitar crímenes similares
Al respecto de la legalidad, cabe recordar que el otoño pasado, alrededor del 1 de octubre, estalló el conflicto de la Generalitat de Catalunya y el gobierno del PP. Entonces los dirigentes del PP se hartaron de reivindicar la legalidad y no se cansaron de repetir que el peor delito de los independentistas había sido actuar contra la legalidad… Pero no hay legalidad a la carta, una que me conviene y cito y otra como la condena de la CEDAW, ratificada y aumentada por sentencia del Tribunal Supremo.
La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que el Estado español se equivocó en el caso de Ángela González y su hija Andrea y que los errores cometidos “provocaron lesiones y daños que no tenían porque soportar. Hubo desprotección y clara situación de discriminación durante años antes y después de la muerte de la hija”. Imponer una indemnización de 600.000 euros reconoce esa falta de diligencia de la justicia y la obligatoriedad de cumplir las otras propuestas de la CEDAW.
Cuatro años después del dictamen de la CEDAW, la mayoría de medidas dictadas aún no se aplican. Y el pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, contiene avances… pero aún no se ha aplicado.
¿A qué se espera? No hay que olvidar que no cesan los malos trato a mujeres por hombres ni los feminicidios, casi uno por semana.
Parafraseando a Cicerón, podríamos gritar: ¿hasta cuándo se abusará de la paciencia de la ciudadanía?
Los señores expertos,expertas, agitadores y agitadoras de los medios de comunicación deberían saber o no ocultar que existe mayor número de asesinatos de niños por mujeres que por hombres,y los niños son los únicos inocentes de toda esta sinrazón.Las leyes de género son tan injustas que discriminan incluso a los únicos inocentes que son los niños y tendrán o no derecho a la consideración “de género” dependiendo si el maltratador o agresor es hombre o es mujer.También deberían llevar un computo de los hombres asesinados por mujeres,aunque solo fuera por tener todos los datos sobre la mesa y no sacar conclusiones erróneas o interesadas.Los señores expertos y expertas deberían hacer una mínima reflexión,pues en más de 13 años de la Ley de género de Zapatero, no ha evitado ni un solo caso de violencia,al contrario, la propia injusticia y discriminación de la ley sobre personas,y simplemente por pertenecer a un genero,provoca el efecto contrario. Con el nivel de concienciación contra la violencia que existe,y que es la única manera,jamás criminalizando y vulnerando derechos humanos fundamentales ni por genero,ni por raza,ni por el color de la piel de las personas,se debería haber reducido muchísimo más la violencia.Jamás nadie entenderá porque una ley tan terrible contra los derechos humanos y tan inútil,se le da una vuelta de tuerca terrible más contra el hombre en el Pacto de Estado,con discriminación por genero terrible,hasta considerar que el hombre no existe,no es persona,no tiene derechos de forma genérica. La explicación pasa por el inmenso negocio,industria de los malos tratos y la imposición de la ideología de género,contraria a la igualdad,la razón ,la vida,la Constitución y los derechos humanos fundamentales que recoge. Miles de vividoras y vividores del género que nos informan de los peligros del amor romántico, por supuesto siempre del hombre malvado contra la mujer siempre inocente y víctima, y que por desgracia acaban dejando sin recursos e indefensas a las verdaderas personas maltratadas, también entre muchas mujeres sin escrúpulos que aprovechan la injusticia de estas leyes, resultando muy tentador la enorme cantidad de beneficios que obtienen de forma automática.La violencia no tiene género y afecta a las personas indistintamente de su sexo.La bondad o la maldad humana no tiene género y afecta a las personas indistintamente de su sexo.
El hombre heterosexual es quien está siendo terriblemente maltratado, perseguido, criminalizado por el Estado, en un supuesto Estado de Derecho y en pleno siglo 21, leyes perversas como la Ley de Violencia de Género de Zapatero del año 2004 y el pacto de Estado contra el hombre del año 2017, y muy especialmente con la tremenda psicosis y generación de odio por todos los medios y todos los instrumentos de un Estado, todos sus políticos desde el presidente hasta el último, incitan a denunciar por lo más mínimo, si mira tu teléfono pregunta qué hora volverás etcétera, considerando que tras esas denuncias incitadas, casi obligadas sólo existe la mayor de las basuras,pero jamás se les pasaría por la cabeza a estas personas qué hacen estas perversas leyes y agitan la psicosis y el odio, qué tras esas denuncias hubiera seres humanos, que pudieran ser inocentes o incluso ellos las víctimas de maltrato físico o psicológico, y qué acusaciones tan graves sobre inocentes destruyen y masacran la vida de estas personas de la manera más perversa cruel e inhumana. El culpable de un delito solamente es quien lo comete pero jamás todos los hombres , todas las mujeres todos los blancos todos los negros o todos los que tengan su mismo color de piel o su altura.