La política mexicana ya no volverá a ser igual desde las elecciones de 2018, y los partidos de oposición cometen un grave error de cálculo al no actuar en consecuencia. Pasmados, divididos y sin capacidad de responder asertivamente, su silencio parece darle la razón al presidente López Obrador cuando afirma que está “moralmente derrotada”.

Análisis de Fernando Dworak.

El sistema de partidos colapsó el año pasado. Su reconfiguración tomará tiempo y posiblemente hasta un relevo generacional. Por más que puedan tener razón, el desprestigio y la nula credibilidad en la que está sumida la oposición hace que nadie los escuche. Así será mientras insistan en mantener sus viejos discursos e inercias.

En gran medida, los partidos cayeron en esta situación por su incapacidad para responder a tres reclamos ciudadanos legítimos: la corrupción, la inseguridad y la inequidad. El problema es que, como en otros países, los votantes cayeron ante el llamado simplista de un demagogo que les prometía soluciones casi mágicas. Pero mientras se dan cuenta de ello, también le han dado un puntapié a los políticos “de siempre” para que nunca vuelvan.

Los partidos no podrán remontar si no aprenden una regla fundamental: ante un presidente considerado hombre de Estado aún sin haber tomado decisión trascendental alguna, cualquier reacción sólo termina refirmándolo y fortaleciéndolo. Si se desea sortear la crisis es necesario representar algo tan atractivo como lo que simboliza el presidente, de tal forma que seduzca al votante. Pero para ello es indispensable volver a ganar la confianza del ciudadano.

Si no se dan cuenta de ello en estos meses, habrán perdido la oportunidad de quitarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021. Sin embargo, hay dos razones para dudar de ello: la agenda legislativa del periodo que empezó el 1 de septiembre y la negociación del presupuesto de egresos para 2020.

Durante el primer año de sesiones de la actual LIV Legislatura (2018-2021), se aprobaron diversas iniciativas del ejecutivo en temas como sueldos de servidores públicos, Guardia Nacional o extinción de dominio. En ningún momento se vio un posicionamiento claro de los partidos de oposición, sea para mostrar acuerdo o desacuerdo sobre alguna de las propuestas o sus detalles. Mientras tanto, diversos académicos, organizaciones de la sociedad civil, expertos o think tanks se manifestaron en contra de diversos puntos polémicos. Es difícil que la oposición repunte si no representa cosas concretas más allá de la simple reacción.

En este periodo de sesiones se presentarán otras iniciativas polémicas. Por ejemplo, la Ley de Amnistía, que tendrá carácter de preferente. Esto es, el Congreso tiene dos meses para aprobarla, modificarla o rechazarla. Aunque la propuesta suena en inicio positiva, puede haber detalles a revisar. También se presentará la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana, según la cual no solo nadie puede ganar más que el presidente, sino también implica criterios que pueden desarticular las capacidades del Estado en nombre de un supuesto ahorro.

Otro tema del interés de los partidos: una reforma electoral que apunta a reducir el monto del financiamiento público a la mitad, lo cual quitaría capacidades operativas a los institutos políticos. El tema es popular, y la oposición no podrá hacer gran cosa si no es creíble al argumentar.

Por último, las propuestas del ejecutivo en materia de democracia directa apuntan a rebajar las restricciones para organizar consultas a la ciudadanía y un mecanismo de revocación del mandato que permitiría que López Obrador haga campaña en 2021 para, en su argumentación, permanecer en el poder. En realidad buscaría atraer votos a los candidatos de Morena a la Cámara de Diputados y otros cargos que se disputen a nivel local. La iniciativa ya se aprobó en la Cámara baja, con algunos votos del PRI.

Sobre el paquete económico, la propuesta reduce asignaciones a los estados en temas como el sistema de salud local. Aunque algunos gobernadores del PAN han amenazado con separarse del arreglo fiscal, la propuesta no es creíble. Los estados dependen en un 90% de asignaciones federales y apenas cobran los impuestos que les corresponde recaudar. Tampoco se puede hacer gran cosa en este tema si los gobernadores no hablan claro de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los ingresos que reciben.

La oposición sigue sin encontrar un discurso que la convierta en contrapeso. ¿Por dónde iniciar? Por la autocrítica de lo alcanzado a lo largo de cuarenta años de reformas, el reconocimiento de errores y omisiones en lo aprobado y en los gobiernos anteriores y, sobre todo, la defensa de las reglas del juego comunes, las cuales son el fundamento de toda democracia. Si no hay garantías para unos, dejará de haberlas para todos.