En España pesan el conflicto del Estado español con Cataluña y la inaceptable persistencia de las mujeres perseguidas, maltratadas y asesinadas por sus parejas o ex-parejas, una violencia que ahora incluso alcanza a familiares de las asesinadas.

El último caso de violencia machista ha sido el asesinato de un hombre de 70 años, apuñalado en la ciudad de Castellón hace unos días. El hombre defendía a su nieta, de 22, de la agresión sexual de la ex-pareja de la madre de la muchacha. El asesino ya había obligado a la joven a desnudarse a punta de cuchillo cuando intervino el abuelo y lo pagó con la vida.

Los maltratadores feminicidas ya no van solo contra las mujeres que son o fueron su pareja sino también contra hijos e hijas y otros familiares. Para hacer más daño a la mujer, como incluso alguno de esos miserables ha reconocido.

Un Pacto de Estado inútil

Hace más de un cuarto de siglo que, como analista, informo de casos de malos tratos a mujeres y sobre feminicidios que no cesan, pero no recuerda haber visto tanta cobardía y miseria moral. Aunque, en honor a la verdad, torturadores y asesinos de mujeres no son los únicos culpables de que persista y crezca una violencia machista que parece hacerse crónica. El gobierno y también los partidos que lo sustentan (PP y Ciudadanos) tienen alguna responsabilidad.

¿Cómo se explica de otro modo que, tras la firma en septiembre de 2017 de un Pacto de Estado Contra la Violencia de Género no se haya puesto en marcha ninguna medida concreta para frenar la inaceptable lacra de la violencia machista? ¿Cómo aceptar que aún no se haya asignado presupuesto para desarrollar y aplicar ese Pacto?

Sólo se gobierna cuando se asigna un presupuesto a la medida decidida, pues sin presupuesto no hay acción de gobierno. Y no hay presupuesto asignado al pacto contra la violencia machista ni visos de que lo haya. Pero sí han muerto asesinadas 35 mujeres por sus parejas o ex-parejas en ese medio año de inoperancia. ¿Cuántas mujeres más han de morir por violencia machista para poner en marcha el hasta ahora inútil Pacto de Estado?

Imagen: flickr, marimbajlamesa

El conflicto catalán

El gobierno catalán, formado por independentistas, convocó en octubre pasado un referendo (no ajustado a ley), preguntando a la ciudadanía de esa comunidad autónoma si Cataluña debía separarse de España. El gobierno del Partido Popular envió diez mil policías y guardias civiles a Cataluña. Aunque con notables irregularidades, hubo referendo a pesar de las contundentes intervenciones de la policía enviada por Rajoy.

Los independentistas se sintieron legitimados porque más de dos millones de votantes dijeron que había que separarse pero, por las irregularidades circunstanciales propias de esa consulta, no se sabe qué pensaban los tres millones y medio restantes de ciudadanos con derecho a voto. De ellos se desconoce si no quisieron o no pudieron votar ni que hubieran votado en caso de poder hacerlo.

Legitimidades electorales aparte, quedó claro que hay un cuantioso grupo de catalanes, aunque no sean mayoría absoluta, que no quieren estar en España. Es un hecho real y a los hechos se les ha de dar respuesta política, no penal.

Sin embargo, ese hecho innegable ha sido ignorado olímpicamente por el PP y el gobierno de Rajoy. Su postura contra cualquier diálogo con los catalanes se ha traducido en un monótono y único mensaje a los independentistas: deben volver a la legalidad. Nada más.

Falta de coherencia al apelar a la legalidad

Curiosa esa insistencia en el imperio de la legalidad, proclamada por ministros y dirigentes del Partido Popular, cuando hay un millar de cargos públicos y dirigentes de todo rango de ese partido investigados o procesados en abundantes causas por diversos delitos de corrupción. Corrupción que, según la Comisión del Mercado de Valores, supone que el Estado pierde más de 90.000 millones de euros al año. Y chocante también la insistente referencia del Partido Popular a la legalidad cuando el gobierno Rajoy, por boca de su ministro de Interior, ha dejado claro que desobedecerán la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea que condena las llamadas ‘expulsiones en caliente’ de migrantes y refugiados, perpetrada por el gobierno español, por no ajustarse a la legislación europea de derechos humanos.

Lo cierto es que, si dos millones y pico de catalanes no quieren estar en España (de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto), hay que insistir que la respuesta es el diálogo, no el garrotazo y tentetieso que practican Rajoy y su gobierno. Al respecto, cabe destacar que el diario estadounidense The New York Times dedicó hace unos días uno de sus editoriales al conflicto catalán. El reconocido rotativo criticó al gobierno del Partido Popular por las brutales cargas policiales contra una ciudadanía pacífica el 1 de octubre en Barcelona (día del referendo sobre la independencia de Cataluña), como también lo censuró por las formuladas acusaciones de rebelión contra el ex-presidente de Cataluña Carles Puigdemont y otros gobernantes y dirigentes independentistas, con inmediata consecuencia de cárcel y exilio. The New York Times dice en su editorial que esas actuaciones del gobierno de Rajoy “no son el modo de ganarse los corazones y las mentes de los catalanes ni tampoco el apoyo de los europeos”.

El editorialista del diario neoyorquino acaso desconozca que Rajoy y el PP están imponiendo de hecho un estado de excepción “a la vieja usanza”, una medida política represiva muy querida y utilizada por el dictador Franco cuando aumentaba la oposición a su autocracia. Así lo recuerda el profesor de derecho constitucional Javier Pérez Royo, quien lamenta que volvamos “a una etapa negra de la historia de España que pensábamos había quedado muy atrás. Porque el gobierno de Mariano Rajoy, con el acuerdo de Ciudadanos y el inexplicable apoyo del PSOE, ha lanzado a la Fiscalía General, y por medio de ésta a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo, a la persecución penal del nacionalismo catalán, como si fuera un enemigo a aniquilar”.

Y ése no puede ser nunca el caso ni vía para solucionar el conflicto.

Lo que han hecho Rajoy y el PP es abrir la caja de Pandora del conflicto permanente en Cataluña. Por su parte, Daniel Raventós y Gustavo Buster han señalado que el hecho de que organizaciones políticas, sindicales y sociales, que no son independentistas, se hayan sumado a éstos en un frente democrático fortalece la resistencia catalana para recuperar las libertades políticas suprimidas por el gobierno de Rajoy. Y también para erosionar el régimen dinástico bipartidista que surgió de la Constitución de 1978, un régimen monárquico que protagoniza cada vez más actuaciones arbitrarias y autoritarias.

Mucha gente en Cataluña está indignada y la razón ha sido formulada por María José Pintor Sánchez-Ocaña, una periodista nada sospechosa de ser independentista: “Hay representantes políticos, elegidos en unas elecciones convocadas por el gobierno español, que están en la cárcel o el exilio, mientras, personas juzgadas y condenadas por corrupción, blanqueo y otras barbaridades siguen en libertad (como Iñaki Urdangarín, por ejemplo)”.

O se dialoga de verdad o el llamado conflicto catalán se convierte en una historia interminable de imprevisibles consecuencias.