La Fiscalía Anticorrupción ha enviado a la del Tribunal Supremo sus investigaciones sobre movimientos financieros de Juan Carlos I al ver indicios de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública que podrían implicar al rey emérito.

Análisis de Xavier Caño Tamayo.

MADRID, España.- Todo empezó en el reinado de Juan Carlos con el supuesto cobro de una comisión de 100 millones de dólares en 2008 por adjudicar la construcción de una línea de alta velocidad entre Medina y La Meca en Arabia Saudí. Entonces Juan Carlos I no podía ser imputado por lo que hubiera hecho o dejado de hacer en su tiempo de reinado por ser el rey inviolable según el artículo 56.3 de la Constitución Española, pero la Fiscalía investiga al rey emérito por el manejo por testaferros del citado dinero desde 2014, año en el que el rey abdicó a favor de su hijo Felipe VI.

La inviolabilidad ha protegido las actividades empresariales de Juan Carlos I con un blindaje diseñado por los redactores de la Constitución para proteger la figura del rey. Según ese artículo, “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Según el diario suizo Luzerner Zeitung, la conducta del rey emérito en los últimos tiempos ha perjudicado a la monarquía española por noticias aparecidas en los medios sobre diversos negocios. La fiscalía del Tribunal Supremo se ha hecho cargo de la investigación de los hechos y decidirá si presenta cargos contra el rey emérito o no.

Consecuencia de tal confusa situación es que, según encuestas no oficiales, la valoración de la monarquía estaría en su cota más baja. El dato no es oficial porque desde hace casi cinco años el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a la población su valoración de la monarquía española.

La investigación afecta también a los empresarios que presuntamente abonaron millonarias comisiones por la adjudicación de un contrato y que podrían ser acusados de corrupción en transacciones internacionales.

El Tribunal Supremo establecerá la responsabilidad que hubiere, o no, en los movimientos del dinero de las presuntas comisiones a partir de la abdicación de Juan Carlos I en 2014, momento en que dejó de ser inviolable porque ya no reinaba.

La conmoción empezó en España con la difusión de unas grabaciones magnetofónicas en las que la empresaria alemana Corinna Larsen, amiga de Juan Carlos I, revelaba que el rey presuntamente percibió una comisión porque se adjudicara un contrato de más de 6.300 millones para construir la línea férrea del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas. Las empresas que se beneficiaron de ese macro contrato fueron ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, Copasa, Consultrans, Dimetronic, Inabensa- Abengoa, Imathia, Indra y OHL.

En esas declaraciones en 2015, Larsen indicaba que Juan Carlos de Borbón tenía dinero en Suiza a nombre de su primo Álvaro de Orleans-Borbón, titular allí de la fundación Zagatka.

En Suiza, la investigación de posibles ilegalidades fue iniciada en diciembre de 2018 por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Yves Bertossa, fiscal jefe del cantón de Ginebra, ha investigado los movimientos financieros de la panameña Fundación Lucum de la que el rey emérito es primer beneficiario. En los movimientos investigados está el depósito de 100 millones de dólares en 2008 en una cuenta en el banco Mirabaud. Ese dinero (65 millones de euros entonces) sería la presunta donación del rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud.

El fiscal suizo Bertossa investiga también a Arturo Fasana. Este abogado de Juan Carlos I declaró al fiscal que, en 2010, el rey emérito le entregó en Ginebra 1,9 millones de dólares de una donación del rey de Bahréin, según reveló el diario El País. Fasana depositó ese dinero en la cuenta de Mirabaud de la fundación Lucum.

El remate de interrogantes respecto al rey emérito es que Herman Matthijs, profesor de la Universidad de Bruselas experto en fortunas de monarquías, atribuyó hace un tiempo a Juan Carlos I un patrimonio personal de 1.600 millones de euros, casi la misma cantidad que publicaron medios como Forbes o The New York Times.

Ante tal cantidad de dinero, urge transparencia de esos presuntos depósitos, donaciones y movimientos financieros.