Tras un mes de la huelga feminista, el Gobierno de España no ha movido ficha que se traduzca en compromisos reales, en cambios en las leyes y en medidas concretas para hacer frente a la violencia machista y a una discriminación sistemática.

El pasado 8 de marzo, jornada de huelga y manifestaciones, fue una sorprendente y multitudinaria muestra de la voluntad de las mujeres en reivindicación de igualdad con los hombres y para afrontar los graves problemas que las aquejan. Por el hecho de ser mujeres sufren desde malos tratos hasta persistentes feminicidios y una sistemática discriminación que las deja de lado en tantos campos y sectores.

Tras el impresionante éxito feminista de hace un mes, muchos políticos profesionales se apuntaron el tanto o lo intentaron. Pero las feministas, con toda razón, sostienen que ya no es tiempo de palabras, gestos ni liturgias, sino de compromisos reales y concretos, de cambios en las leyes y de medidas concretas.

Medidas y concretas y tangibles

La ley vigente no reconoce que las agresiones sexuales sean violencia machista porque la norma de 2004 solo la reconoce así cuando se perpetra en el ámbito de la pareja o ex-pareja. Es preciso un marco para afrontar con mayor justicia las agresiones sexuales como denuncia Amnistía Internacional, pues este tipo de violencia sigue siendo “invisible y no prioritaria” en las políticas públicas de España. Esto significa que han de aprobar leyes, desarrollar políticas públicas y atribuir mayores recursos para hacer real el camino hacia la igualdad. Como botón de muestra cabe recordar que en el Congreso de los Diputados hay propuestas de disposiciones por la igualdad y un Pacto contra la violencia machista al que hay que asignar partidas presupuestarias para empezar a funcionar. Pero no pasa.

Un mes después de la magna movilización feminista, el gobierno de Rajoy no ha tomado medida alguna que muestre la voluntad de cumplir las exigencias de las mujeres. Y, como era de temer, el gobierno del Partido Popular ha presentado su proyecto de presupuestos generales que no contempla partida alguna (ni un simple euro) para poner en marcha de una vez el cacareado pacto de estado contra la violencia machista. 

Acabar con la brecha salarial

Se puede acabar ya con la obscena brecha salarial, incluso por decreto. Se dirá que el camino para lograrlo es complejo y tortuoso, pero ¿cuándo no lo es en política? Bien que se apresuraron (entonces el PSOE de Zapatero y el PP) para conseguir en muy breve espacio de tiempo reformar la Constitución, tan intocable e intangible que suelen mostrarla, para que los banqueros cobraran sus deudas de deuda pública antes que nadie. ¿Acaso son más importantes y dignos de atención preferente los intereses de unos cuantos banqueros que los de millones de mujeres?

Tal parece ser así para el gobierno del Partido Popular.  ¿Y por qué los siguen votando tantas mujeres?

Empezar a hacer realidad el Pacto de Estado contra la Violencia Machista significa que el gobierno debe tomar ya medidas de protección para evitar malos tratos a mujeres, así como feminicidios por parejas o ex-parejas. Cabría endurecer las penas a maltratadores y feminicidas y organizar una protección eficiente a mujeres amenazadas… También habría que crear nuevos tipos penales contra actuaciones machistas, desde el acoso sexual a la discriminación profesional, laboral, política y social. Ahí el gobierno podría ordenar a las cúpulas de las fuerzas armadas que asuman como prioritario e inexcusable poner toda la carne en el asador para no dejar pasar ni un ápice de acoso sexual y que no se tenga que sufrir la vergüenza colectiva del acoso a mujeres soldado por parte de superiores jerárquicos, como dan cuenta a veces los medios informativos.

Leyes y medidas contra la discriminación de las mujeres

A pesar de que más de la mitad de miembros de la carrera judicial son mujeres (53,2%), no están en esa proporción en órganos centrales y de poder de la judicatura; ahí solo ocupan algo más de la cuarta parte de cargos (27,4%). Situaciones semejantes se dan en otros ámbitos profesionales (sanidad pública, grandes empresas, finanzas…) y también cabe cambiar el reparto de poder donde hay mayoría de mujeres en el ejercicio profesional, pero minoría en los órganos directivos.

De modo urgente e inexcusable, hay que acabar con la brecha salarial por la que por el mismo trabajo las mujeres cobran menos (a veces bastante menos) que los varones. Los grupos del Congreso de PSOE y Unidos Podemos han presentado proposiciones de ley para que haya transparencia salarial y sea obligatoria la misma retribución salarial por el mismo trabajo. Por ejemplo, que las camareras de piso y los camareros de barra de algunos hoteles cobren salarios diferentes porque los varones tienen complementos salariales y las mujeres, no.

Hay una larga lista de medidas de igualación y equiparación laboral de mujeres y hombres que se puede hacer por decreto. Una larga lista de cuestiones para igualar las mujeres a los hombres, cuyos impedimentos son simplemente prejuicios machistas. En realidad, para igualar mujeres a hombres en esas cuestiones solo se necesita voluntad política. Pero eso es dudoso en el gobierno del Partido Popular.