Madrid y Barcelona, las dos comunidades más ricas en España, tienen los mayores índices de desigualdad y centenares de miles de trabajadores que no llegan a final de mes por las políticas de “austeridad” que se aplicaron tras la crisis económica. Así lo denuncia en este artículo el periodista Xavier Caño Tamayo, que alude a propuestas de sindicatos y diversas organizaciones de centrarse en la recaudación de impuestos y en su justa distribución para asegurar los servicios que garantizan derechos fundamentales.
Por Xavier Caño Tamayo.
Hace más de diez años se hundió Lehman Brothers, una poderosa empresa de inversiones cuya quiebra fue el inicio de la peor crisis económica del mundo en un siglo. Hoy, aún sin haber eliminado la amenaza de inestabilidad financiera y nueva crisis, parecen haberse recuperado la riqueza y actividad económica que había antes de 2008. Y también los beneficios empresariales.
Muestra de esa recuperación sería que, en el Reino de España, el IVA recaude ya un 19% más que en 2007 porque se consume más y que el Impuesto sobre la Renta para Personas Físicas (IRPF) haya aumentado en un 12%. Pero el Impuesto de Sociedades, que grava los beneficios de las empresas, ha sido un 37% menos a pesar de que los beneficios, sobre todo los de las poderosas empresas que conforman el Ibex35, han aumentado ostensiblemente. Esto no se ha traducido en un aumento en los salarios, además de que la clase trabajadora ha perdido casi diez puntos de poder adquisitivo en España. Siguen pagando la crisis como demuestra el aumento de la desigualdad y la pobreza en las dos comunidades autónomas más ricas: Madrid y Cataluña.
En Cataluña las desigualdades sociales han aumentado hasta devenir una de las zonas de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad, disparada al aplicarse ahí la implacable política de austeridad impuesta por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En teoría, para hacer frente a la crisis pero, en realidad, para salvar a los bancos que la provocaron. Esa letal austeridad presupuestaria supuso cuantiosos recortes en el gasto social que dejaron desprotegidas a la mayor parte de ciudadanía trabajadora.
Trabajadores que no llegan a fin de mes
Un informe del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Cataluña atribuye el aumento de la desigualdad en esa comunidad autónoma a las rebajas fiscales en beneficio de los más ricos. Además de los despropósitos de la reforma laboral del Partido Popular que han supuesto precarizarel empleo y la rebaja de los salarios. Esa desigualdad se demuestra en que el gasto público social en Cataluña para sanidad, educación y protección social es 7 puntos menos que la media europea. En la próspera Cataluña, la comunidad autónoma más rica de España, una de cada cuatro personas vive en el umbral de la pobreza; la cuarta parte de población. Demasiada pobreza.
Más allá de las equívocas y sospechosas cifras macroeconómicas, interesa saber como está la ciudadanía, como le va en el día a día. Otro informe de CCOO, éste del sindicato en la Comunidad de Madrid, expone que una de cada cinco personas de esa comunidad, la segunda más rica del Reino de España, es pobre; 1,3 millones de personas pobres, algo más de la quinta parte de población, de las que 350.000 sufren una pobreza severa. Tener un empleo fijo en la Comunidad de Madrid no garantiza escapar de la pobreza, lo que provoca que 360.000 trabajadores y trabajadoras pobres tengan serias dificultades para llegar a fin de mes.
Foto de Marina Calahorra cedida a SOLIDARIOS
Tan vergonzante situación se afianza porque el gobierno autonómico del Partido Popular (PP), apoyado por Ciudadanos, dedica a satisfacer los derechos sociales de la ciudadanía solo un 0,944% del PIB regional, menos de la mitad del 2% que dedican a políticas sociales Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha o Extremadura. A añadir a esa cortedad presupuestaria está el agravante de que el 67% de servicios sociales de la Comunidad de Madrid está gestionado por empresas privadas y, no lo olvidemos, el objetivo de las empresas privadas es conseguir beneficios.
Desde hace años, además, la corrupción en la Comunidad de Madrid ha restado miles de millones de euros de gasto público. Según estima la oposición parlamentaria en esa región gobernada por el Partido Popular (PP), la corrupción en la Comunidad de Madrid ha costado a madrileñas y madrileños 46.000 millones de euros, más del doble del presupuesto regional.
¿Hay salida de tan inaceptable situación? Según CCOO, elaborar y desarrollar un ambicioso plan contra la desigualdad que podría ponerse en marcha con un presupuesto de 600 millones de euros. La misma cantidad de dinero que el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha regalado a las grandes fortunas al suprimir de hecho con bonificacionesy descuentos los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Tal supresión supone dejar de recaudar 600 millones de euros. A nadie se le escapa que dejar de recaudar esos millones beneficia solo a los ricos. Desde que el PP suprimió esos impuestos, Madrid ha tenido una peculiar inmigración de ricos de otras comunidades autónomas que han trasladado a la capital del reino sus domicilios fiscales.
Impuestos contra la desigualdad
Las situaciones de Cataluña y Madrid no son únicas en aumento de desigualdad, pero sí más significativas por ser las más ricas. Organizaciones solidarias, defensoras de derechos humanos y de ayuda al desarrollo denuncian desde hace tiempo que la cacareada recuperación económica no llega a los hogares españoles y que aumenta la desigualdad generalizada.
La recesión económica de 2008 afectó sobre todo a las clases trabajadoras. En 2014, Mariano Rajoy anunció en el Congreso que España había salido de la crisis mientras una de cada seis familias de clase trabajadora pasaba a ser pobre y aún no ha salido de la pobreza. Según Oxfam, serán necesarios once años para reducir la actual desigualdad en España porque, según informe de la Comisión Europea, España está a la cabeza de la desigualdad en la Unión y es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad los últimos años, una desigualdad que es 20 veces mayor que el promedio europeo.
¿Qué hacer? Como nos recuerda Carlos Cruzado, presidente de Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, para frenar y reducir la desigualdad los gobiernos cuentan con un arma poderosa: los impuestos. Y que esos impuestos se paguen según se gane y tenga. Pero no es así y, si antes de la crisis las familias aportaban el 74% de impuestos recaudados, en 2016 contribuyeron con el 83%. Esto demuestra que el dinero que necesita el Estado lo proporciona la ciudadanía. Por contra, la aportación de las empresas por pago de impuestos bajó del 22% en 2007 al 12% en 2016. Las varias reformas del sistema fiscal de la última década se han perpetrado en beneficio de los que más tienen, lo que ha aumentado aún más la desigualdad. Una política fiscal justa, progresiva y suficiente es una las mejores armas de los gobiernos para luchar contra la desigualdad.
