La obligación establecida en derecho de socorrer a inmigrantes cuya vida peligra choca con el tratamiento de criminales que se les está dando a quienes lo hacen, con las respuestas de fondo necesarias para resolver el desafío migratorio y con la silenciada necesidad de los países europeos de absorber millones de personas de otros países en los próximos años para equilibrar la balanza demográfica. Así lo sostiene el autor de este artículo.

Opinión y análisis de Xavier Caño Tamayo.

Los violentos conflictos armados en Siria, Sudán del Sur, Afganistán, República Centroafricana o República del Congo están en el origen de esa migración que no cesa y convierte el Mediterráneo en un cementerio marino.

En 2018, hubo más de 2.000 víctimas mortales en el Mediterráneo y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha reclamado una y otra vez afrontar ese grave problema para resolverlo. Ese mar se ha convertido en una ruta marítima letal para refugiados y migrantes. Hace unos días, murieron 150 personas en el naufragio más mortífero del 2019 en el Mediterráneo en lo que va de año. En el Mediterráneo central, el barco Open Arms de la ONG humanitaria Proactiva rescató hace unos días a 69 migrantes, a sumar a los 55 que recogieron pocos días antes y ya hay 124 migrantes rescatados en ese buque. El pasado junio, el barco de la ONG española Proactiva Open Arms anunció que retomaba los rescates de inmigrantes en el Mediterráneo central y ha vuelto a salvar la vida de docenas de migrantes.

Criminalizar a quienes salvan vidas

Con la cubierta llena de náufragos rescatados, el Open Arms espera una autorización que no llega para desembarcar a esas docenas de personas en puertos europeos seguros. El xenófobo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, mantiene cerrados sus puertos a navíos de ONG con migrantes e incluso ha promovido un decreto ley con multas de 10.000 a 50.000 euros a las ONG cuyos buques entren, transiten o atraquen en aguas territoriales italianas. Por su parte, el director general de la Marina Mercante del gobierno español prohibió por carta al Open Arms la búsqueda y auxilio de pateras, pues de hacerlo podría ser multado hasta con 900.000 euros si persiste en sus labores de rescate de náufragos en el Mediterráneo. La carta dice que el barco se ha de atener a la legalidad. ¿Que legalidad hay en no actuar, cuando no actuar en naufragios supone que puedan morir ahogadas más personas en el Mediterráneo? La respuesta a esa advertencia de Oscar Camps, director de la ONG,  fue que el objetivo del Open Arms sigue siendo salvar vidas.

Salvar vidas no puede ser delito

¿Como es posible que una entidad gubernamental de un estado democrático amenace con multas enormes a un navío que salva vidas humanas? ¿Desde cuando es punible auxiliar a gente en peligro? Que sepamos, es justo lo contrario: no auxiliar a personas en peligro, pudiendo hacerlo, es un delito condenable según el Código Penal español.

Hay delito de omisión del deber de socorro cuando una persona está en situación de peligro y quien lo ve, o sabe que está en peligro, no la socorre ni solicita ayuda para auxiliarla. En 1951 se elevó a delito la denegación del auxilio a personas en peligro, que hasta entonces solo era falta. El artículo 195 del Código Penal español establece que “el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses”.

¿Acaso no están en situación desamparada y en grave peligro manifiesto los migrantes que navegan en embarcaciones precarias y naufragan? No auxiliarlos es delito según el Código Penal español. Alguien debería decírselo al director general de la marina mercante que ‘advirtió’ por carta al navío Open Armas

La situación es aún más difícil de comprender cuando Josep Borrell, ministro de Exteriores del gobierno español, al conocer la muerte de 150 inmigrantes en un naufragio frente a Libia, declaró que no podemos acostumbrarnos a estas tragedias. “Urge una política migratoria europea coordinada”, dijo. ¿Cómo cuadra esa declaración con la carta de la dirección general de la Marina Mercante al Open Arms? ¿Y dónde están las propuestas europeas para evitar muertes en el mar?

La envejecida Europa necesita a las personas migrantes

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido al Gobierno español que acoja a las personas refugiadas que viajan en el Open Arms para evitar que sean devueltos a Libia, un país en guerra donde sus vidas correrían serio peligro. La CEAR ha declarado que el gobierno español “no puede mirar a otro lado y debe dar un paso al frente”.

Además del Open Arms por el Mediterráneo central, frente a la isla de Lampedusa (sur de Italia) está la nave Alan Kurdide la ONG alemana Sea Eye con 40 inmigrantes rescatados del mar. Las ONG de rescate cumplen con el deber de auxilio obligado a quienes están en peligro, quien no aborda en serio la suerte y seguridad de los inmigrantes y refugiados es la Unión Europea que mezcla declaraciones retóricas con construcción de muros fronterizos y otras medidas represivas.

Pero la migración está ahí, como también los muertos por ahogarse en el mar.

Los líderes de la UE actúan como si la cuestión migratoria se resolviera sola con el solo paso del tiempo. Aún más, es increíble e insólito que la Unión Europea, y sus países miembros, persigan a los migrantes cuando, de no haber una inmigración cuantiosa, la avejentada Europa se consumirá poco a poco, perderá su poder económico e influencia política y se difuminará sin pena ni gloria.

Según Lant Pritchett, economista y profesor en Harvard, Europa necesita más de 200 millones de inmigrantes en los próximos 30 años si quiere seguir pintando algo en la economía global y en la escena internacional. Pritchett propone una receta radical contra el suicidio demográfico de Occidente: una inmigración en masa rotativa y regulada. Hace justo un año, Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, advirtió que Europa está perdida si no recibe a millones de inmigrantes africanos en los próximos años y propuso abrir vías de comunicación y colaboración entre Europa y África. España en concreto necesitará 12 millones de inmigrantes en los próximos 30 años, según un informe de la ONU, si quiere mantener su actividad económica con un crecimiento aceptable. Es decir, tendrá que recibir 140.000 inmigrantes al año.

¿Hasta cuándo la UE y sus gobiernos escurrirán el bulto ante una inmigración que no cesa?