Las cifras hablan por sí solas: un tercio de los jubilados viven con pensiones que se sitúan en el umbral de la pobreza, o por debajo. El gobierno de Rajoy solo está dispuesto a subir las prestaciones por jubilación un 0.25%, mientras se pierden 150 mil millones de euros al año en corrupción y fraude fiscal.
Este sábado hubo múltiples concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas en un centenar de ciudades españolas. Las hubo por la mañana y por la tarde. Y no eran miles los manifestantes, como titularon pusilánimes los medios con un exceso de prudencia, sino cientos de miles. Si en Bilbao se manifestaron más de 110 mil personas, en Madrid unas 60 mil y en Barcelona más de 50 mil, si sumamos hasta cien ciudades, ¿no serán realmente cientos de miles los manifestantes y concentrados?
Unos manifestantes que reivindicaron pensiones dignas y, especialmente, denunciaron con rabia por considerar una burla el aumento anual de un 0.25% de las pensiones previsto por el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Un aumento que en la practica y con cifras reales parece un chiste malo porque supone menos de un euro, un euro, dos o tres euros de aumento, cuanto más.
La evidente indignación de los cientos de miles de jubilados que se manifestaron por las calles del Reino de España probablemente surja de la desfachatez de Rajoy, quien en el Congreso de los Diputados rechazó alto y claro subir las pensiones, como también se negó a tener en cuenta el aumento del coste de la vida que señala el Índice de Precios al Consumo (IPC) para actualizar las pensiones. Y, para mayor burla, anunció medidas fiscales a los pensionistas: una rebaja del IRPF a los pensionistas, siempre y cuando la oposición apruebe los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
Además de esa extorsión, Rajoy también ha manipulado la verdad porque, según la asociación de Técnicos de Hacienda (GESTHA), esa prometida y condicionada reducción fiscal será de “alcance limitado”, pues resulta que el 63% de los jubilados ya no pagan Impuesto sobre la Renta para Personas Físicas (IRPF), evidentemente por la pobreza de sus pensiones.
Además, ¿de qué sirve la reducción de unas pocas docenas de euros o máximo unos cientos (si fuera el caso, que no lo es) cuando el resto de meses del año (que no se hace declaración de renta y posible devolución) se sigue recibiendo una pensión de pobreza?
Las cifras se explican por sí solas. En España hay 8,7 millones de pensionistas de los que casi un millón perciben 150 euros mensuales o menos y cerca de dos millones cobran de 600 a 650 euros.
Es decir, un tercio de los jubilados perciben pensiones en el umbral de la pobreza o inferiores. De 651 euros a 900 euros son 2 millones, 250 mil jubilados. Y quienes perciben pensiones dignas, considerando tales las de mil a mil 500 euros apenas son poco más de dos millones de pensionistas. Los que superan los mil 500 euros son algo más de un millón.
Penionistas, en el filo de la navaja
Si los pensionistas en España son cerca de nueve millones, es evidente por lo expuesto que hay muchos más jubilados con pensiones bajas, incluso de miseria, que quienes tengan pensiones dignas. Ante esas cantidades y los porcentajes de gentes en el filo de la navaja o, si prefieren, en riesgo de pobreza y exclusión social, uno les diría a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Fatima Báñez y demás personajes del gobierno del Partido Popular: prueben a vivir con 600, 800 o incluso mil euros de ingresos mensuales.
Para ser exactos, recordemos que las pagas públicas, y las pensiones lo son, son por catorce meses: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una antes del verano y otra unas semanas antes de las fiestas navideñas. Aunque esas pagas extraordinarias aumenten un tanto los ingresos de los jubilados, no resuelven una realidad evidente: las bajas o muy bajas pensiones que se abonan en el Reino de España.
Para rematar la denuncia de la execrable injusticia de unas pensiones insuficientes y a menudo indignas, cabe recordar que recibir una pensión no es una gracia o favor sino un derecho humano, que figura de forma indiscutible y clara en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22) que España ha firmado y ratificado, lo que significa que ha de aplicarla y desarrollarla.
Para mayor escarnio, el gobierno Rajoy ha propuesto que desde 2019 las pensiones se calculen según la esperanza de vida (aunque no ha dicho cómo) y los conocedores de la materia ya han adelantado que ese sistema supondrá una rebaja de la cuantía de las futuras pensiones. Por otra parte, la actualización anual de las pensiones no tendrá en cuenta el coste de la vida ni el aumento de precios sino el estado general de la economía, aunque el mínimo legal a aumentar es el citado y ridículo 0.25% de la pensión.
Sin embargo, el Estado pierde cada año 150 mil millones de euros: 90 mil por corrupción y 60 mil por evasión de impuestos. Y son cifras oficiales. ¿No sería más justo y decente que el Gobierno acabara de una vez con la corrupción y el fraude fiscal? Habría dinero para todo. ¿Comprenden porque los pensionistas y las pensionistas están tan enojados?
