Ninguna estrategia de lucha contra la criminalidad puede dar resultados mientras no haya una separación absoluta, categórica y ejemplarizante entre clase política y criminales.
Por Victorico Pérez Lugo.
Hay un consenso general que identifica la violencia criminal como el mayor enemigo de México. En lo que no hay consenso, sin embargo, es en identificar su naturaleza, las causas y sobretodo como enfrentar este enemigo. El combate a la violencia estructural en México ha tenido una parte puramente de fuerza y, en otros casos, de simple improvisación. En ningún caso habido un esfuerzo colectivo por entender la criminalidad. La clase política mexicana ha sido incapaz de ponerle límites a la violencia y, con su discurso, la ha normalizado.
Sin detenernos en las escalofriantes cifras ni en la tipificación penal de los delitos, la espiral de violencia en México es el resultado de su utilización histórica como estrategia política.La trayectoria del régimen priista, especialmente en su fase de decadencia, hizo de la violencia su principal aliado para mantenerse. La ausencia de legitimidad frente al pueblo mexicano y el convencimiento de que un sistema plenamente democrático los haría desaparecer dio como resultado un régimen político con múltiples rostros que generaba lealtades mediante redes clientelares, grupos de choque y la utilización de baja intensidad del ejército y de las fuerzas policiales. Su legitimación periódica en las urnas no era sino un festival de la corrupción y la pantomima.
Tras la caída del régimen priista, y las posteriores presidencias del PAN y de nuevo el PRI siguieron por la misma senda trazada por el antiguo régimen. Nada cambió en el automatismo del uso torpe de la fuerza ante problemas generados por la propia naturaleza del régimen político. La connivencia de relevantes sectores de la clase política tecnócrata con el crimen organizado hizo que descarrilara una estrategia real de lucha contra el crimen. Con la llegada al poder de Felipe Calderón, y su estrategia colombiana de sacar el ejército a las calles no hizo más que recrudecer la espiral de violencia.
Con el ascenso de López Obrador a la presidencia, a pesar de la oposición y de los esfuerzos del sistema por manipular las elecciones, se constatan varios hechos que llevan a pensar que, si este gobierno tiene la voluntad y la determinación necesarias, la violencia criminal puede empezar a remitir hasta llegar a unos niveles desconocidos en México. Pero como explica Rachel Kleinfeld en Savage Order, ninguna estrategia de lucha contra la violencia criminal puede tener éxito si las personas indicadas para combatirlo no quieren hacerlo.
Se pensaba que, tras la caída del régimen priista, llegaría la democracia de forma automática. Sin embargo, la derrota del dinosaurio priista dio paso a una oligarquía custodiada por tecnócratas. Se hablaba muy alegremente de una transición democrática, pero en realidad lo que se dio fue una alternancia política. El Estado se mantuvo débil, infestado de corrupción en todos sus niveles y con importantes figuras políticas sospechosas de estar en connivencia con el crimen organizado. Una auténtica transformación necesita una profunda reforma política que desbarate las lealtades e intereses encontrados dentro del Estado. El Estado se debe depurar y blindarse contra la infiltración criminal.
Hasta ahora los políticos mexicanos han sido incapaces de realizar esta crucial y necesaria tarea. Unas veces por falta de carácter o nula capacidad de liderazgo, y otras por escasez de medios, pero lo cierto es que la violencia criminal ha permeado en las instituciones del Estado, creando así una connivencia mefistofélica entre políticos y criminales. A plena luz del día las fortunas de los políticos crecen al amparo de la corrupción y los lazos con el crimen organizado. En la lucha por la violencia criminal no ha incluido hasta ahora a los políticos ni jueces ni empresarios comprados por las organizaciones criminales que operan en el país. Y cuando la justicia hace acto de presencia, lo hace casi siempre en forma de venganza política.
La utilización de las fuerzas armadas contra la violencia criminal es producto de la urgencia, mas no de un plan que tome en consideración la propia naturaleza del sistema político y sus vínculos con el crimen.
Ninguna estrategia de lucha contra la criminalidad puede dar resultados mientras no haya una separación absoluta, categórica y ejemplarizante entre clase política y criminales. La lucha contra el crimen debe empezar por convertir al Estado en una fortaleza contra los criminales y sus cómplices. Y para ello se necesitan políticos de nuevo cuño que quieran asumir como propios los vicios ocultos de una política de cero impunidad y connivencia con el crimen.
La honestidad es una virtud, pero la inteligencia y la sagacidad es necesaria para ejercer el monopolio de la fuerza de manera inteligente y con unos objetivos claros.
Enrique ‘Kiki’ Camarena representado en ‘Narcos México’
La sociedad mexicana debe alentar y apoyar la incorporación de nuevos políticos con capacidad de liderazgo y consciencia social, que no tengan miedo de probar nuevas maneras de resolver el fenómeno de la criminalidad. Los subterráneos pestilentes del Estado no los dará, la independencia y la formación son fundamentalespara transformar el país. La clase media ha dado un paso de gigante al votar por un político honesto y con una larga trayectoria política en la lucha contra la desigualdad y el cambio social. Antes aliada férrea del viejo régimen, y afectada por la expansión de violencia, se ha abierto a explorar nuevos propuestas políticas. Sin avances claros en la lucha contra la violencia criminal se corre el riesgo de una involución.
La ley y el castigo no son suficientes. El ejemplo y la didáctica son necesarios en cualquier plan contra el crimen. El mensaje a la sociedad debe ser contundente y sin argucias de ninguna índole; impunidad ninguna, sea quien sea. Es absolutamente necesario trasmitir una imagen de firmeza. Los criminales y sus cómplices en las esferas del poder y los círculos empresariales han de recibir el mensaje inequívoco de que los tiempos de la impunidad han terminado. Nadie por muy poderoso que sea debe sentirse impune. A males excepcionales, medidas más excepcionales aún. La burocracia y el sistema legal y de competencias no pueden poner obstáculos, o convertirse en resquicios para el crimen. La violencia criminal hay que combatirla sin cuartel empezando por los despachos de los gobernadores, políticos, jueces, empresarios, funcionarios y cuerpos policiales del Estado.
El éxito de la presidencia de AMLO dependerá en gran medida en su habilidad política para combatir la violencia criminal y ofrecer resultados tangibles. Los gobiernos progresistas de nuestro entorno, con muy buen desempeño en el desarrollo de políticas públicas y sociales, cayeron en el camino principalmente como consecuencia de su incapacidad por acabar con los niveles de criminalidad en sus respectivos países. Esto que demuestra que luchar contra la violencia criminal se ha convertido necesariamente en la mejor política social. Y esto da votos para ganar elecciones.
