Movilizados inicialmente contra el aumento de precio del transporte, de los combustibles, por el recorte de subsidios sociales o contra una ley de extradición, la gente ha tomado las calles para exigir el fin de una escandalosa desigualdad.

Opinión de Xavier Caño Tamayo.

Iniciamos el año 2020 con un obsceno aumento de desigualdad en el mundo, como lo demuestran  datos recientes de  la asesora financiera Bloomberg. Los 500 milmillonarios más ricos del mundo ingresaron en 2019 en sus cuentas y depósitos un billón y 200.000 millones de dólares de ganancias, una cantidad equivalente a toda la riqueza producida en España en un año.

Oxfam Intermón, aporta también el dato esclarecedor de que el 82% de la riqueza que se generó en todo el mundo en 2017 fue a parar al 1% más rico de la población. Ese reducido porcentaje significa que los super-ricos en el mundo solo son 75 millones en un planeta de 7.500 millones. La riqueza del mundo está en manos de una reducida minoría que posee y controla las poderosas multinacionales.

Esa descomunal riqueza en tan pocas manos supone un desmesurado poder político que se utiliza en la elaboración de leyes y normas de los Estados y en poner y quitar políticos. El ir y venir de los políticos al servicio de la minoría rica se materializa en las ‘puertas giratorias’. Cuando los gobernantes dejan de serlo, son contratados por las mismas grandes empresas o bancos a los que favorecieron cuando gobernaban. En España, al menos 58 antiguos altos cargos políticos han sido contratados por las poderosas empresas del Ibex.

El enorme poder económico y político de la minoría rica genera una desigualdad casi estructural que no es un desastre natural inevitable, como un huracán. Responde a la explícita voluntad de la minoría rica de reducir los impuestos que debe pagar como objetivo prioritario. Ya en marcha la contrarrevolución neoliberal que se inició en los años setenta del siglo pasado, la minoría rica ha conseguido que los impuestos abonados a los Estados, que en 1970 suponían un 62% de los beneficios generados, en 1990 se hayan rebajado al 42%. Veinte puntos menos de ingresos fiscales son muchos cientos de miles de millones de dólares arrebatados a las arcas públicas.

Impuestos para un Estado Social

Menos impuestos recaudados supone menor capacidad del Estado para atender las necesidades de la ciudadanía y satisfacer sus derechos sociales. Pero los objetivos estratégicos de la minoría que detenta el poder económico son la tolerada elusión fiscal (por la que las multinacionales apenas pagan impuestos), la sistemática evasión de impuestos (para lo que cuentan con las guaridas fiscales, antes ‘paraísos fiscales’), la rebaja de salarios, la ‘flexibilidad’ laboral y el progresivo recorte del gasto público que casi siempre supone la pérdida o reducción de derechos sociales de la ciudadanía.

Así los ricos son cada vez más ricos, sin impedimentos para enriquecerse cada vez más, mientras se reducen los ingresos de las clases sociales más desfavorecidas y buena parte de las llamadas clases medias se reducen de número y pierden bienestar. Esto explica las revueltas en todo el mundo, que cientos de miles de manifestantes, en ocasiones millones, hayan salido a las calles en los últimos tiempos para protestar contra sus gobiernos y exigir justicia.

La injusticia que soportan las poblaciones, fruto de la avidez insaciable de la minoría rica, instiga a que las gentes se rebelen en Irán, Irak, Francia, Haití, Zimbabue, Puerto Rico, Argelia, Chile, Colombia, Ecuador, Líbano… Algo sucede cuando desde Hong Kong a Irán, Francia o Zimbabue, los ciudadanos salen a las calles para protestar. Movilizados inicialmente contra el aumento de precio del transporte, de los combustibles, por el recorte de subsidios sociales o contra una ley de extradición, la gente ha tomado las calles para exigir mejoras sociales, educativas, sanitarias y laborales y el fin de la corrupción, que siempre acaba pagando la ciudadanía. Pero, sobre todo, reivindican el fin de la escandalosa desigualdad.

En España, defenderla es conseguir que el conjunto de los españoles y las españolas lleven una vida digna. Sin pobreza. Eso es ser leales con España y así se respeta y cumple la Constitución, que, en su primer artículo afirma que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

¿Está claro?