El Congreso de los Diputados en España acaba de dar luz verde a una propuesta de ley para regular la eutanasia. Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), nos cuenta en qué consistirá, qué casos contempla y qué queda por hacer para que la muerte voluntaria sea una realidad en España.

Derecho a Morir Dignamente (DMD) lucha desde 1984 por la libertad de las personas a decidir sobre el final de su vida. Uno de los mayores logros de la asociación hasta esta proposición de ley había sido la difusión del testamento vital, un documento en el que una persona puede decidir qué tratamientos desea recibir en un futuro y creado para supuestos en que las personas pierdan la capacidad de tomar esa decisión por determinadas circunstancias.

Hasta ahora, las decisiones habilitadas por este testamento sólo se podían aplicar cuando la enfermedad estaba ya muy avanzada y la vida del paciente dependía de un tratamiento.

“La nueva ley pretende que puedas tomar esa decisión cuando consideres que tu biografía ha finalizado, sin necesidad de depender de ningún tratamiento”, explica Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación.

La asociación confía en la libertad y en la estabilidad de las personas para decidir sobre su propia vida pero existen excepciones, como casos avanzados de Alzheimer en que la persona no tiene capacidad para tomar esta decisión y la única manera en la que se le podría ayudar sería a través del testamento vital si lo hubiera dejado escrito antes de la enfermedad.

Casos contemplados y antecedentes

La nueva ley tratará de regular la eutanasia o muerte voluntaria para personas en fase terminal de cáncer y para personas con una seria discapacidad incurable: casos de tetraplejia, Párkinson avanzado o incluso ancianos gravemente dependientes.

“La idea es que, si consideras que tu sufrimiento es intolerable, le puedas pedir a tu médico que te ayude a morir”, sostiene Marín.

Muchas personas se han visto obligadas a vivir en contra de su voluntad; otras han tenido que recurrir a una eutanasia clandestina o viajar a Holanda, Bélgica o Suiza, lo que supone un desembolso económico entre 10.000 y 12.000 euros que no todo el mundo podía permitirse. Para estos casos, DMD proporciona el Manual de Muerte Voluntaria para que el paciente pueda hacerlo por su cuenta.

La propuesta incorpora el 80% de la casuística de las leyes de Holanda y Bélgica, ejemplo mundial de regulación de la eutanasia, pero no incluye a los menores de edad. Las leyes sanitarias especifican que, a partir de los 16 años, una persona es competente para tomar decisiones, pero la nueva ley no lo refleja.

En Holanda la edad para discernir de un joven se establece en 12 años, pero los padres tendrán que dar su consentimiento hasta los 14 y, entre los 14 y los 16, sólo deberán estar informados. En Bélgica no hay límite de edad, pero no quiere decir que se pueda hacer a cualquier edad. Se tiene en cuenta el estado de madurez del paciente, aunque se trata de una situación más simbólica que real.

La ley tampoco contempla casos de trastornos mentales, pues las personas que los padecen no suelen ser dependientes, por lo que no entran en ninguna categoría de la nueva ley. En Holanda, 60 de cada 6.000 casos de eutanasia están relacionados con algún trastorno mental.

El tabú de la muerte

«Somos seres sociales, se trata de convivir y conmorir, morir debería ser un acto social según cada uno quiera. El problema que tiene la muerte voluntaria es que es contracultural. El paradigma es que hemos sido creados y no podemos disponer de la vida y aunque no se trate de sociedades religiosas este paradigma permanece. Y la muerte voluntaria rompe con esto. Tú eres dueño de tu vida y tú puedes disponer de la misma», afirma Marín, para quien la muerte es un tabú al que nos da miedo enfrentarnos a los seres humanos.

De aprobarse esta ley, el paciente podrá decidir dónde y cuándo morir, podrá hacerlo por su cuenta en casa o podrán elegir que el médico sea el que le inyecte el producto. 

La labor de DMD va más allá de esta propuesta de ley. Marín cuenta que pocos médicos conocen o ponen en práctica la ley de autonomía del paciente de 2002, que convierte al paciente en dueño de información fundamental sobre su vida, que tiene a derecho a elegir entre las opciones clínicas y a dejar por escrito un testamento vital.

La ley no cambia la realidad, la ley permite que un médico te pueda ayudar sin arriesgarse a ir a la cárcel. Para que las nuevas prácticas se incorporen a la praxis médica aún queda mucho trabajo.

Esta ley permitirá que el médico también decida si quiere participar en el proceso, se trata de que todo el procedimiento se realice de mutuo acuerdo. Se calcula que un médico tendrá que enfrentarse a una o dos eutanasias al año.

En Oregón y en California, un 40% de las personas que compran el producto no se lo toman y mueren por la enfermedad. Pero quieren tenerlo. Se trata más de una seguridad, de tener la oportunidad de decidir sobre la propia vida más que de acabar con ella.

El proceso

El paciente deberá entregar dos solicitudes por escrito a su médico de cabecera, que pedirá la opinión de un médico independiente para que dé su aprobación en un plazo de diez días. Si éste da su consentimiento, el primer médico avisará a la comisión de control, que enviará a otro doctor y a un jurista para comprobar que el paciente cumple todos los requisitos. Ambos tendrán la posibilidad de visitar al paciente antes de que se realice la eutanasia. En teoría pasarían 32 días entre la primera solicitud y la aprobación definitiva de la eutanasia.

Desde DMD creen que este modelo pone al médico bajo sospecha y que, con la información bien recogida y los familiares como testigos no sería necesario un segundo médico. El tercer médico y jurista rompen con la relación íntima y confidencial entre médico y paciente. Los retrasos del proceso por esta burocracia pueden ser contraproducentes y hacer que el paciente tome una decisión precipitada sobre un derecho que, como recuerdan en la asociación, pertenece a cada persona: decidir sobre su vida.