Más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos civiles han propuesto anular la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’, acabar con la reforma del Código Penal y también con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La vulneración de derechos fundamentales y libertades por medio de semejantes leyes caracteriza los sistemas antidemocráticos autoritarios y totalitarios.
Este conjunto de leyes, que violan los derechos humanos, son normas perpetradas todas por el gobierno del Partido Popular (PP) cuando Rajoy era presidente de gobierno. Se trata de normas ilegítimas y regresivas que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la presunción de inocencia, que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y criminalizan la legítima protesta ciudadana.
El gobierno del PP criminalizó la libertad de expresión
Según Amnistía Internacional, el conservador gobierno de España criminalizó la libertad de expresión con una Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, que no solo amplía los poderes policiales sin modos de supervisión ni rendición de cuentas, sino que añade nuevas infracciones que amenazan la libertad de reunión pacífica, expresión e información, impide las manifestaciones cerca del Congreso y del Senado y limita, incluso prohibe, grabar y difundir imágenes de policías. Para Amnistía también son muy preocupantes los abundantes casos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, así como las restricciones al derecho de reunión, incluida la arbitraria imposición de multas a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional también rechaza la última reforma del Código Penal del gobierno del PP porque ataca las libertades de expresión, información y reunión y vulnera el derecho internacional que España debe respetar porque ha firmado y ratificado los tratados que lo conforman.
Organizaciones y asociaciones de jueces, fiscales, abogados y juristas han considerado y consideran que la llamada ley mordaza, y las reformas de las anteriormente citadas leyes, no se promulgaron precisamente para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía, sino para impedir las movilizaciones crecientes con las que la gente respondía a los recortes sociales impuestos con el pretexto de la crisis económica.
Ese truco sucio ha convertido en infracciones administrativas conductas y protestas contra el poder político y su brazo coercitivo, las fuerzas de seguridad, sin la protección jurídica de que gozan los acusados de faltas penales y delitos. Convertir en infracciones algunas actuaciones ciudadanas permite castigarlas con multas cuantiosas con pocas posibilidades de recurso. Así, la ley mordaza, en los dos años en los que está vigente, ha recaudado tres millones de euros anuales por más de 300.000 multas, nunca menores de 600 euros, impuestas al año. Multas a ecologistas por exponer pancartas, a manifestantes por pedir a agentes de policía que se identifiquen o por grabarlos o fotografiarlos aporreando a manifestantes. Una de las características autoritarias de esa ley es que convierte a los agentes de policía en juez y parte.
Mal momento de la Unión Europea
Urge derogar la ley Mordaza y suprimir los retrocesos perpetrados en el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Todo esto ocurre en España con una vacilante Unión Europea en la que se deteriora velozmente la democracia y rebrota el autoritarismo en estados tan sospechosos de antidemocráticos como Hungría y Polonia o Italia, que deriva hacia una xenofobia institucional.
No parece que la democracia sea ya el principio que empapa la Unión, convertida en zoco de mercadeo por los intereses de la minoría económica dominante a la que cada vez interesa menos la democracia, las libertades y los derechos políticos.
En España hay nuevo gobierno desde hace pocas semanas que ha empezado con positivos gestos de solidaridad y derecho humanitario, como acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius con docenas de refugiados rescatados a bordo, rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. Además, Pedro Sánchez dijo, poco antes de ser elegido Presidente del Gobierno por el Congreso que expulsó a Rajoy, que derogar la llamada ‘ley mordaza’ era prioritario. Esperemos que la anule cuando antes, pues en las últimas semanas de gobierno del partido Popular, sin mayoría suficiente, junto con los partidos de oposición (PSOE, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes) no fueron capaces entonces de superar diferencias y derogar esa ley tan franquista.
Una cuestión de calado porque, contra la banalidad de considerar que democracia solo significa votar y elegir representantes políticos cada cuatro años, democracia es el imperio de los derechos humanos de la ciudadanía. Unos derechos que las leyes mordaza desprecian.
