Las familias de más de 680.000 hogares en España (3,7% del total de población) no se alimentan bien, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. Y no lo hacen porque no les alcanzan los ingresos para poder comer carne, pescado o pollo cada dos días. Su dieta no incluye proteínas animales, fundamental en una nutrición para desarrollar huesos y músculos y que funcionen bien los sistemas neurológico e inmunitario.

Por Xavier Caño Tamayo.

MADRID, España.- El consumo de proteínas necesarias y el mantenimiento de una temperatura adecuada en el hogar han empeorado respecto a 2009, cuando empezó la crisis. El consumo de carne descendió casi un 20% en 2006 y 2017, la demanda de pescado fresco cayó más de un 25% y la del congelado más de un 20%.

Por otro lado, aumentan los hogares donde se pasa frío en invierno y calor excesivo en verano, así como el número de personas que no puede tener un segundo par de zapatos. En la tercera parte de los hogares españoles resulta imposible comprar muebles y objetos del hogar para reemplazar los que se rompen o estropean. Comprar nuevos se ha convertido en lujo, según el informe Bienestar Económico y Material de la Fundación La Caixa. Según ese informe, España va a la cabeza de hogares de la Unión con ingresos insuficientes y privaciones materiales considerables.

Sin embargo, la riqueza generada en un año por la actividad económica, el PIB, pone a España en el puesto 14 de 28 en la Unión Europea. ¿Por qué la mejora social no equivale a la riqueza generada? La inestabilidad laboral y la baja calidad del empleo que se puede conseguir impiden que mejoren las vidas de la gente corriente cuando mejora la economía.

Informe Foessa2019 sobre pobreza y exclusión en España

Cada cinco años, Cáritas española publica un informe sobre pobreza y exclusión social en España elaborado por la fundación Foessa. Hace poco ha publicado el VIII Informe que expone y analiza las consecuencias que tienen para la mayoría de la gente las políticas neoliberales aplicadas desde la crisis. La conclusión más clara del informe es que, aunque el país ha salido de la crisis, no se ha recuperado el nivel de bienestar, empleo, calidad de vida y protección social que había en 2007, antes de estallar la crisis financiera y económica.

El informe de Foessa, muy crítico con el tipo de empleo que se puede conseguir en el mercado laboral español, denuncia el predominio del empleo precario:tener un empleo hoy no garantiza un mínimo de vida digna y por eso hay muchos más trabajadores con empleo y en situación de pobreza. Además, el derecho humano a la vivienda digna se ha vuelto inaccesible cuando. Poder comprar una vivienda delimita la frontera de la exclusión social porque muestra los escasos ingresos de tanta población ante unos precios de vivienda desatados.

El informe Foessa confirma que la salida de la crisis es desigual. Casi la mitad de la población (48%) esta bien integrada socialmente, una tercera parte tiene una integración social precaria, casi el 10% soporta una exclusión social preocupante y un 9% de población sufre una exclusión social severa. Sumando porcentajes, más de la mitad de la población lo pasa mal en grados diversos.

Mantener el sistema de pensiones públicas y que las personas mayores de 65 años puedan disfrutar de la sanidad pública y algunos otros derechos sociales ha supuesto una rebaja continua del porcentaje de gente mayor en exclusión social. En cambio, la pobreza de las políticas de protección social para los menores de 30 años ha supuesto que la exclusión social en ese colectivo haya aumentado un 23%.

El Informe califica “de bajo coste” el estado de bienestar social español (low cost)porque no responde a las necesidades actuales de la población y, en tanto las prestaciones económicas (pensiones y subsidios) no han sufrido grandes recortes, sí han sido considerables en la sanidad pública, educación y atención a las personas dependientes. Sus ridículos crecimientos en los tres últimos años no han permitido recuperar ni de lejos la situación ni la calidad anteriores a la crisis.

El Informe denuncia que el deterioro de condiciones de vida afecta sobre todo a las clases bajas, pero también ha dañado a parte de la llamada clase media. El Informe confirma que la gente española es partidaria de un sólido estado de bienestar social, del predominio de lo público y de que se establezca un sistema de impuestos potente y justo para poder desarrollar las políticas públicas sociales necesarias.