“Los resultados no pueden ser peores: en doce años han sido asesinadas más de 250.000 personas en México dentro de la llamada ‘guerra contra el narco’”. En este artículo, Laura Martínez Alarcón hace balance de la estrategia iniciada por Felipe Calderón en 2006 y analiza las primeras medidas esbozadas por López Obrador para enfrentar al crimen organizado.
Por Laura Martínez Alarcón
Está por cumplirse un aniversario más de aquella deplorable decisión. Y los resultados no pueden ser peores: en doce años han sido asesinadas más de 250.000 personas en México dentro de la llamada “guerra contra el narco”. Hoy vivimos en uno de los países más violentos del mundo, hemos superado a Irak y Afganistán y solo estamos por detrás de Siria. Esto no lo digo yo, lo afirma el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (International Institute for Strategic Studies). Nada de qué enorgullecernos.
No acababa de sentarse en la silla presidencial y ya Felipe Calderón había ordenado –el 6 de diciembre del 2006– el envío de 6.500 soldados y policías a su estado natal, Michoacán, uno de los puntos neurálgicos en el tránsito de drogas en México. El propósito era demostrar que su firme compromiso de “rescatar a México” y combatir a los cárteles de la droga, iba en serio. El problema fue que olvidó dos cosas en su primera gran decisión política: planificar esta lucha con base en una eficaz estrategia de acción político-militar y sustentarla jurídicamente de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales.
La participación de los militares en tareas policiales no era una acción novedosa; databa de, por lo menos, veinte años. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid ya se calificaba al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional, lo que tuvo como efecto el legitimar el uso de las fuerzas militares en este tipo de diligencias, así como en asuntos de administración de justicia. Aunque muy visible en regiones específicas del país, con el tiempo, la presencia de los militares se volvió más ostensible a nivel nacional. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, Felipe Calderón fue todavía más enfático y declaró que la narcoviolencia representaba una amenaza para el Estado mexicano.
Con ello anunciaba su decisión de enfrentar el problema de la droga mediante el uso de una violencia de estado. Se había iniciado, pues, “la militarización de la lucha contra el narcotráfico”… pero sin una estrategia visible, con la terrible realidad de la infiltración del narco en distintos niveles de gobierno y la aparición de diversos episodios de violación de derechos humanos por parte de los militares, uno de los grandes temores de la sociedad mexicana.
Y así seguimos. Sin estrategias claras ni objetivos alcanzados ni una solución eficaz a mediano o largo plazo. Eso sí, con más violencia y, lo que es todavía peor, si cabe, con más saña por parte de los delincuentes. El último año de gobierno de Enrique Peña Nieto se recordará por ser el más violento de la historia de nuestro país. Si ya el informe Estadísticas Mundiales de Salud 2017 elaborado por la Organización Mundial de la Salud señalaba que la epidemia de asesinatos ocurridos en México era equiparable a la que existía en países en guerra, ¿qué podemos esperar para el 2018?
En unas semanas se dará a conocer la estrategia completa de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, en materia de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo ya se conocen algunas propuestas que han despertado diversas opiniones: una de las más novedosas la adelantó la ex Ministra Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación propuesta por López Obrador) acerca de abrir el debate sobre la regulación de las drogas como una medida para pacificar al país y que ha sido calificada de “valiente e inteligente” por expertos en seguridad pública como Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo.
Sobre la promesa de sacar al Ejército y la Marina de las calles en un plazo corto, AMLO ha corregido por el camino y declaró recientemente que durante el inicio de su administración “sería muy irresponsable decir que regresan los soldados y los marinos a los cuarteles y dejar a la gente en estado de indefensión”. Sin embargo, aclaró que esto “tiene que ser transitorio”. Su virtual Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, reconoció recientemente a El País que, “con los niveles actuales de violencia sería ingenuo pensar en el retiro inmediato del Ejército de las calles. No hay fecha para sacarlos y sería inconsciente hacerlo. El objetivo es ir formando policías y reemplazarlos por los soldados. Dentro de tres años estimo que habrá un retiro significativo”. Ya veremos.
Finalmente, otro tema que cundió en la opinión pública fue el anuncio de una posible amnistía, término que fue distorsionado por muchos medios de comunicación y que ha sido reemplazado por el de justicia transicional. Este recurso legal, que ha funcionado eficazmente en el proceso de pacificación de Colombia, permite cerrar el ciclo de violencia sin pasar por la impunidad. En palabras de Alfonso Durazo, “ayuda a darles opciones a quienes están dentro de la criminalidad con el compromiso del desarme, de la no repetición y de su aporte al conocimiento de la verdad”.
En unas semanas conoceremos la estrategia completa. Por lo pronto, todo parece indicar que existe la intención de enfrentar al crimen organizado de una manera distinta. Esperamos que, ahora sí, haya una estrategia completa y articulada. Es lo menos que nos merecemos las y los mexicanos. Estaremos pendientes.
