En su informe anual, la Red Europea contra la Pobreza en España alerta del aumento de una clase trabajadora con cada vez mayores dificultades. Tener un empleo no garantiza lo básico para vivir y para salir de la pobreza, según el análisis del periodista Xavier Caño Tamayo, que habla de una brecha entre ricos y pobres en aumento.
Por Xavier Caño Tamayo.
Que tener un empleo permite salir de la pobreza es verdad a medias y en ocasiones falso del todo, como lo afirma en su informe anual la Red Europea contra la Pobreza en España (EAPN). Y explica que el empleo creado en los últimos diez años en el Reino de España, por ejemplo, es precario y de tan baja calidad que conlleva incertidumbre laboral, excesiva temporalidad y bajos salarios.
Esto explica que haya un 14% de asalariados en este país que, aún con un contrato de trabajo, son pobres. Es decir, en España hay 2.654.000 trabajadores pobres. Además de que el 31% de menores de 16 años (más de 2,5 millones de menores de esa edad) también es pobre, cuando la media de pobreza en menores en la Unión Europea es 15%. En España los menores pobres son el doble que en Europa. Así lo cuenta Carlos Susías, presidente de la EAPN.
Ser trabajador pobre significa que no se puede comer carne, pollo o pescado cada dos días y que el trabajador pobre no puede adquirir una lavadora ni mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno. Hay pobreza cuando no se puede comprar un televisor y se vive en pobreza cuando se retrasa con frecuencia el pago mensual de la hipoteca, alquiler o gas y luz porque no alcanza el dinero. Eso es pobreza.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más de 1.000 millones de seres humanos viven con menos de un dólar por día y 2.800 millones de personas (casi la mitad de población) viven con menos de 2 dólares diarios. En Europa las personas pobres son 125 millones y ya hemos explicado cuantos pobres hay en España. Una indignidad, un bochorno, que resta legimidad a la clase gobernante y denuncia a las codiciosas cúpulas dirigentes de la economía.
Un compromiso contra la pobreza
Teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones generales, EAPN España ha urgido a los partidos políticos que concurren a esas elecciones que se pongan de acuerdo y firmen un pacto de Estado para reducir la tasa de pobreza del 26% al 15%, porque ese volumen de la pobreza en España es un escándalo que no cuadra con ser la cuarta potencia económica de la Unión Europea, pues significa que la desigualdad en España bordea el crimen.
Pero hay aún hay más datos que indignan. Como que en España haya casi 600.000 hogares sin ningún ingreso. Cero. ¿No es justo y necesario que esa población perciba ingresos suficientes para llevar una vida digna? Se puede lograr con una renta básica, sin olvidar al mismo tiempo crear empleo de calidad, sobre todo para mujeres, hasta alcanzar la media europea. Pero tambien hay que acabar con la vergüenza de que 40.000 personas vivan sin techo en la calle y acabar con el degradante chabolismo y las infraviviendas.
La EAPN lamenta que no se haya reducido la pobreza, sobre todo cuando los gobiernos han suscrito compromisos como la Agenda de la ONU 2030 y la Estrategia Europea 2020 que proponía que en España hubiera 1.400.000 personas pobres menos en diez años. Pero no solo no se ha reducido ese volumen de pobreza, sino que ha aumentado en la misma cantidad. Ahora el objetivo es sacar de la pobreza a más de 2.500.000 personas para cumplir el objetivo de la Estrategia Europea antes de 2020. ¿Hay voluntad política para hacerlo? Desde luego no la hubo durante el gobierno de Rajoy. Ni se vislumbra que la haya en los discursos nacionalcatolicistas de las tres derechas en precampañpa electoral.
Pobreza y derechos humanos
Al indagar causas de la pobreza, y porque no se reduce y aún menos desparece, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han denunciado al Banco Mundial y al FMI por haber promovido tanto la privatización de servicios públicos básicos, causa directa de que la pobreza no desaparezca.
“Los intereses de la privatización son radicalmente diferentes de los que buscan el cumplimiento de derechos humanos como dignidad e igualdad”, ha explicado Philip Alston, responsable del informe de la ONU La extrema pobreza y los derechos humanos.
Alston, relator especial sobre pobreza extrema, señala que el objetivo de la privatización de servicios públicos esenciales es el beneficio económico, pero no la igualdad y combatir la discriminación. Con la privatización, las personas titulares de derechos humanos pasan a ser clientes y son marginadas las personas pobres y necesitadas. La privatización, explica, menoscaba los servicios públicos porque desvía fondos públicos a subvenciones y ventajas fiscales a empresas privadas. Los valores democráticos, de justicia y solidaridad no interesan a los privatizadores, porque lo único que les interesa en realidad son más ganancias y aumentar beneficios.
Lo innegable es que las grandes fortunas, los grandes patrimonios, aumentan la brecha de la desigualdad pues las rentas del capital crecen por encima de la economía real de los países, como ha demostrado el economista Thomas Piketty. Además, la concentración de riqueza en tan pocas manos supone un gran poder político para la minoría rica que desde hace un par de décadas erosiona la democracia. La desigualdad perpetúa la injusticia económica porque las grandes fortunas y las poderosas corporaciones influyen en las decisiones políticas, las manipulan y desvirtúan. La concentración de riqueza en pocas manos da a una minoría un peligroso poder que vacía la democracia.
