Hace siete años, el 23 de agosto de 2011, los dos grandes partidos políticos de España, PSOE y PP, se ponían de acuerdo para modificar el artículo 135 de la Constitución. “Una reforma que en absoluto fue en beneficio de la gente y sí del sector financiero. La deuda pública ha crecido hasta llegar a ser algo más del 100% del PIB”, sostiene Xavier Caño en su columna semanal.

Por Xavier Caño Tamayo

Este jueves, 23 de agosto, se cumplen 7 años de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Una reforma que en absoluto fue en beneficio de la gente y sí del sector financiero. Se perpetró en pleno agosto, cuando la mayor parte de la ciudadanía estaba de vacaciones, y se hizo con urgencia. ¿A qué tanta prisa? ¿No podían esperar a septiembre? Da que pensar.

Un muy veloz acuerdo entre el presidente de gobierno, entonces Rodríguez Zapatero, y el presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, Mariano Rajoy, perpetró esa reforma urgente del artículo 135.

Hasta entonces ese texto solo indicaba que el Gobierno debía estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito, y que las partidas para pagar los intereses y amortizar el capital de la deuda pública del Estado debían estar incluidas en los presupuestos generales y no podían ser enmendadas o modificadas, en tanto cumplieran las condiciones de la emisión de deuda.

Sin embargo, desde 2011 ese mismo artículo dice que todas las administraciones públicas someterán su gasto e inversiones al principio de estabilidad presupuestaria y dice también que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán tener en sus cuentas un déficit superior al establecido por la Unión Europea. Por cierto, el déficit de los Estados no es algo negativo, aunque debe ser manejable; de hecho es totalmente legítimo y lo utilizan los países desde tiempo inmemorial.

El PSOE, que gobernaba entonces, pretendió que no había otra opción que modificar la Constitución porque, de no hacerlo, el sector financiero no compraría deuda pública y eso forzaría al gobierno a hacer más recortes sociales al no disponer de financiación suficiente. Algo que suena mentar al coco, como se hace con los niños.

¿Que supuso esa modificación constitucional? Sencillamente que el pago de los intereses y la amortización de la deuda pública pasa por delante de cualquier otro gasto del Estado y, por tanto, que el Estado social no es prioritario.

La banca por encima de todo

En plata, los intereses de los acreedores poseedores de deuda pública están por encima de satisfacer los derechos que garantiza la Constitución (atención a la salud, educación, apoyo al desempleo, pensiones, vivienda, atención a dependientes…). De ningún modo se defiende que no se paguen intereses de la deuda pública sino que se denuncia que éstos estén por encima de los gastos que atienden derechos fundamentales.

¿Se hizo esa modificación pensando en la gente común que compra letras del Tesoro como modesto ahorro que renta poco, pero rinde algo? No. Esa reforma constitucional se hizo para garantizar las ganancias del sector financiero, bancos y fondos de inversión que son los que compran cientos de millones de euros de deuda pública en letras, bonos y obligaciones del Estado.

El negocio de la deuda pública

Las leyes europeas prohíben al Banco Central Europeo (BCE) comprar deuda directamente a los Estados, pero sí permite y promueve los préstamos multimillonarios del BCE a los bancos. Así los bancos privados consiguen desde hace años generosos préstamos de miles de millones de euros del BCE al 0% de interés.

Con esos millones generosamente prestados a los bancos, éstos adquieren deuda pública de los Estados cuyos intereses a abonar pueden ser de 2%, 3%… Y los Estados no tiene otra que pagarlos porque ahí pueden colocar deuda pública en grandes cantidades. La banca consigue dinero al 0% de interés, lo presta al 3%, por ejemplo, y se embolsa fácilmente un bonito beneficio.

Por eso se modificó el artículo 135 de la Constitución Española, para garantizar el negocio a los bancos, fondos de inversión y entidades financieras semejantes.

Siete años después, esa modificación no ha servido un rábano para que la deuda disminuya. Al contrario, la deuda pública ha crecido hasta llegar a ser algo más del 100% del PIB, cuando el límite aceptable marcado por la UE era el 60%. 

Sin olvidar que buena parte de esa deuda se contrajo por el desembolso multimillonario del Estado para rescatar a los bancos, que hace nueve años se iban al garete por una crisis provocada por una desaforada especulación financiera y, porque no decirlo, una estafa generalizada con hipotecas basura. Por ese rescate, el Estado Español ya ha perdido 60.000 millones de euros (que no recuperará) como ha reconocido hace unos meses el propio Banco de España.

La crisis como negocio millonario

Y así, mientras grandes bancos y otras entidades financieras disfrutaban y disfrutan de saneados beneficios por bajos costes de financiación, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos han de pagar más intereses. Sin olvidar que la modificación del 135 impone una austeridad presupuestaria que conlleva recortes sociales. Es decir, menos dinero para infraestructuras necesarias, servicios públicos, protección del medio ambiente, combatir la desigualdad creciente y erradicar la pobreza. Ese 135 deja a la ciudadanía indefensa frente al poder financiero que no solo exige recortes sociales sino también privatizar servicios públicos que, en tanto que públicos, aseguran el ejercicio y disfrute de derechos humanos fundamentales.

Cerca ya del décimo aniversario de la crisis financiera (que se cumple a mediados de  septiembre) y siete años después de la nefasta modificación del artículo 135, no cabe duda de que la Constitución no debe estar al servicio del poder financiero sino de la ciudadanía.

Desde la quiebra de la banca Lehman Brothers, se dio patente de corso a la banca y a los llamados ‘mercados’ para mangonear las finanzas y el resultado ha sido la catástrofe global que conocemos y hemos sufrido. Pero ni mercados ni poder financiero han asumido responsabilidad alguna en la misma, aunque si han cargado sobre las espaldas de la ciudadanía el precio de su fracaso y de sus más que sospechosas especulaciones. ¿Hasta cuándo?