«Sin impuestos no funciona el país ni la gente puede ejercer sus derechos sociales que, no se olvide, son derechos humanos irrenunciables. Conviene recordarlo ahora que se han cumplido 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Por Xavier Caño Tamayo.

El de los impuestos es tema que levanta ampollas, pero lo cierto e indiscutible es que sin sistemas de impuestos no hay democracia ni hay país. Además de votar quienes gobiernan, el otro eje de los sistemas democráticos es el respeto y ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía, de todos y todas quienes la integran. Por ello, es importante saber cuánto cuesta la escuela de los hijos, los estudios universitarios públicos, el sistema de salud pública con sus médicos de familia, especialistas y hospitales.

Resulta fundamental poder ser intervenido quirúrgicamente, acudir a urgencias a cualquier día y hora; la educación infantil, las enseñanzas primaria y secundaria, la atención a personas dependientes, el apoyo social a ciudadanos y ciudadanas en situaciones desfavorables, el transporte público y una larga lista de servicios que cumplen y satisfacen los derechos irrenunciables de la ciudadanía.

Todo esto que conocemos como estado de bienestar no es posible sin fiscalidad, sin un sistema de impuestos justos y progresivos porque se ha de pagar según se gana y tiene, y sobre todo suficiente.

El principio de suficiencia fiscal significa que el Estado no gasta según lo presupuestado, sino que se presupuesta según las necesidades de la ciudadanía y sus derechos a satisfacer. Un principio que no se suele respetar, especialmente desde el estallido de la crisis, que en realidad fue creada por la codicia del poder financiero. Desde entonces, y en especial en la Unión Europea, rebajar el déficit público se convirtió en dogma intocable de los estados y de ahí vinieron los recortes sociales, la rebaja y deterioro de los servicios públicos que garantizan derechos, el empobrecimiento de las clases asalariadas y la vulneración de derechos de la mayoría.

Es una cuestión sencilla: sin impuestos no funciona el país ni la gente puede ejercer sus derechos sociales que, no se olvide, son derechos humanos irrenunciables. Conviene recordarlo ahora que se han cumplido 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, cuando se pretenden aumentar los ingresos públicos con una fiscalidad justa, progresiva y suficiente, el poder financiero, la clase empresarial y la propia patronal CEOE pone el grito en el cielo. Así ha sido hace poco en el Reino de España por las decisiones fiscales del gobierno de Sánchez que, adecuadas para aumentar algo la recaudación pública y financiar mejor los servicios públicos, ni son excesivas ni pretenden la toma del palacio de invierno como hicieran Trosky y Lenin.

Poca recaudación de las arcas públicas

Una de las medidas fiscales más denostadas por empresarios y voceros a su servicio ha sido que el gobierno haya establecido un tipo impositivo mínimo del 15% sobre los beneficios como Impuesto de Sociedades. Un mínimo realista para aumentar la habitualmente corta recaudación de las arcas públicas. Corta por el generoso sistema vigente de deducciones y bonificaciones a las grandes empresas (sobre todo) y grandes fortunas que así reducen graciosamente su factura fiscal. Según la Agencia Tributaria, el tipo efectivo sobre beneficios para el total de empresas es 10,5%, aunque la legislación fiscal diga que el tipo nominal es el 25%. Los bancos ni eso, pues solo pagan un 5%.

Si añadimos que, según estimación de Gestha, el sindicato de Técnicos de Hacienda, más del 70% del elevado fraude fiscal del país lo perpetran las mayores empresas y grandes fortunas del país, ya sabemos entonces quienes son los malos de la película. Cabe recordar que la economía sumergida en España equivale al casi 25% del PIB (la cuarta parte de la riqueza generada en un año), lo que significa que unos 290.000 millones de euros escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Al escapar a ese control, dejan de ingresarse en las arcas públicas más de 90.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones, según un estudio elaborado por Gestha y la universidad Rovira Virgili de Tarragona.

Con el sistema de bonificaciones y deducciones vigente, promovido y extendido por los diversos gobiernos conservadores que en este país han sido en las últimas décadas, la aportación de las empresas a Hacienda es pacata, en absoluto excesiva como suelen gimotear a menudo empresariado y banca. Así lo muestra el informe anual de recaudación de la Agencia Tributaria correspondiente a 2017. Sabemos por las liquidaciones del impuesto de sociedades que las empresas ganaron 218.000 millones de euros. Sin embargo, el pago del impuesto solo sumó 23.000 millones, que es la mitad de los 45.000 millones que se pagaron hace diez años. Por contra, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 2017 (el que pagan sobre todo los trabajadores) alcanzó los 77.000 millones, bastante más que la recaudación del IRPF antes de la crisis en 2007 que fue de 72.000 millones de euros. Datos en mano, la contribución de las empresas al Estado por Sociedades en 2017 fue solo un 2% del PIB, muy por debajo del 6,6% que supuso el IRPF. Es notorio señalar al respecto que desde las alturas gubernamentales ya llevaban un par de años pregonando que habíamos salido de la crisis y las empresas volvían a tener beneficios. España es uno de los 35 países desarrollados de la OCDE con la recaudación más baja por el impuesto por beneficios.

Más impuestos para los que más tienen: 24 tramos de renta

Los empresarios insisten en que sus empresas soportan en España una carga fiscal total excesiva, incluidos IVA y cotizaciones sociales por sus trabajadores. Sin embargo, un informe del Banco Mundial mostró no hace mucho que la carga fiscal de España es un 47% de los ingresos netos, muy inferior a la de Francia (62%), Bélgica (57%), Austria (casi 52%), Grecia (casi 52%), Alemania (49%) e Italia (48%).

A la vista de esos porcentajes de impuestos, ¿cuánto hubieran gemido esos empresarios y personajes ricos bajo el gobierno del presidente Hoover de Estados Unidos que en 1932 aumentó la tasa máxima sobre ingresos al 63%? ¿O cuando el también presidente Franklin D. Roosevelt estableció un tipo impositivo del 94%, aplicado a ingresos superiores a los 200.000 dólares anuales de entonces (más de dos millones y medio de dólares de 2013)? En 1944, el Impuesto sobre la Renta en Estados Unidos se dividía en 24 tramos. Unos impuestos muy progresivos.

Durante casi veinte años, la tasa que tenían que pagar las grandes fortunas del país norteamericano nunca bajó del 90% a partir de ganancias de 400.000 dólares anuales (cinco millones de 2013). Aquellos presidentes del país más rico establecieron unos impuestos verdaderamente progresivos y por tanto más justos al determinar que las personas muy adineradas debían pagar más. Harry Truman bajó el tipo impositivo máximo al 91%, pero el republicano Eisenhower en 1952 y 1953 lo elevó al 92% para ingresos de más de 200.000 dólares anuales de entonces.

Hay estado de bienestar cuando el Estado redistribuye mejor la riqueza del país y financia los derechos de la ciudadanía. Y eso solo se logra con la fiscalidad, los sistemas de impuestos. Por eso el pago de impuestos y la democracia están intrínsecamente ligados y no hay democracia que valga sin impuestos progresivos y suficientes. Quienes claman y actúan contra el pago de impuestos o los evaden y eluden son los verdaderos anti-sistema de la democracia.