“España podrá considerarse una democracia de verdad cuando el gobierno, el Parlamento y las instituciones acepten juzgar el franquismo y resuelvan el grave crimen de las muchas decenas de miles de desaparecidos forzados, juzgando a sus responsables, así como a los de los otros crímenes perpetrados durante años”. El periodista Xavier Caño Tamayo aprovecha el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas de este jueves, 30 de agosto, para hablar de los desaparecidos en España.
Según la Convención Internacional para proteger a las personas contra desapariciones forzadas, así como según los códigos penales de muchos países, el crimen de desaparición forzada es la ilegal privación de libertad de una persona por la fuerza, perpetrada de modo oculto y encubierto por agentes del Estado o grupos que colaboran con éste en tal criminal violación de derechos humanos. La desaparición forzada se caracteriza porque sus ejecutores no reconocen la privación clandestina de libertad de las víctimas ni tampoco que les ha ocurrido, si están vivos o muertos. Casi siempre, las personas desaparecidas forzadas acaban asesinadas tras un cautiverio de torturas para a continuación hacer desaparecer el cuerpo de la víctima con el objetivo de proporcionar impunidad a los secuestradores, torturadores y asesinos. Las desapariciones forzadas las utilizan para intimidar y aterrorizar a una comunidad o colectivo social concretos al que pertenece la víctima desaparecida. No revelar qué ha ocurrido a las víctimas de desaparición forzada ni el paradero de sus restos prolonga y amplia el sufrimiento de los familiares y allegados de esas víctimas, lo que agrava el delito.
Más desaparecidos que en las dictaduras de Chile y Argentina
En la Argentina de Videla hubo unos 30.000 desparecidos y en, Chile de Pinochet, 40.000. Hasta hace pocos años nunca se citaba a España al denunciar las desapariciones forzadas, pero lo cierto es que es el segundo país del mundo en volumen de desaparecidos forzosos, sólo superado por la sangrienta Camboya de Pol Pot. De 1975 a 1979 se perpetró ahí un genocidio que generó de un millón y medio a 3 millones de desaparecidos forzados.
El Comité de Naciones Unidas para la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas aceptó en marzo de 2006 tres denuncias por detenciones ilegales en España que, al poco de investigarlas, resultaron ser en realidad desapariciones forzadas de opositores a la dictadura franquista, perpetradas por miembros de cuerpos de seguridad del Estado en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. A finales de ese mismo año, varias organizaciones ciudadanas, con la denominación común de Asociaciones de la Memoria Histórica, requirieron a la justicia española que investigara los casos de desapariciones forzadas en la Guerra Civil de 1936 a 1939 en la zona denominada ‘nacional’ y también durante las primeras décadas de la dictadura franquista, cuando hubo más represión. Se pedía investigar al conocerse la “existencia de un plan sistemático preconcebido de eliminación de oponentes políticos al régimen franquista con muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas”, un verdadero genocidio de republicanos.
Entonces, la investigación de desapariciones forzadas en España por la Audiencia Nacional demostró que había cuanto menos 114.266 casos de desapariciones forzadas. Cuatro años después, en 2010, Amnistía Internacional denunció que el gobierno español ignoraba de mala fe su obligación de investigar las desapariciones forzadas que se le había requerido, a pesar de estar obligado en cumplimiento de la legalidad internacional. La Convención de Naciones Unidas contra desapariciones forzadas ordena investigar, dar a conocer el paradero de los restos mortales de los desaparecidos e informar de las circunstancias de las graves y criminales violaciones de derechos que acumulan las desapariciones forzadas. En septiembre 2010, un equipo de expertos de Naciones Unidas instó además al gobierno de España a que juzgara los crímenes de la dictadura franquista, al tiempo que denunciaba que la Ley española de Amnistía de 1977, en la que se amparan los políticos de varios signos para no juzgar los crímenes del franquismo, viola la Declaración de Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU.
El régimen franquista violó sistemáticamente derechos humanos
Además de la temprana y dura condena del régimen franquista por la ONU en 1946, la Asamblea del Consejo de Europa condenó por unanimidad las “sistemáticas violaciones de derechos humanos” del régimen franquista en 2006. Además, pidió al Comité de Ministros del Consejo de Europa que ratificara la condena de la dictadura franquista y la difundiera internacionalmente. Un extenso informe denuncia que Franco llevó a cabo “una política de represión contra cualquiera que pudiera ser una amenaza para el nuevo régimen”. Por esa razón, continúa el informe, “miles de republicanos fueron ejecutados sumariamente o enviados a prisiones, y otros muchos miles sometidos a sanciones políticas o económicas”. El texto afirma también que durante toda la década de los años cuarenta, los presos políticos fueron “extremadamente numerosos en España” hasta el punto de que las propias cifras oficiales del régimen hablan de 300.000 presos en una población de 26 millones de habitantes entonces, aunque según varios historiadores, podrían haber sido muchos más. En los años 40, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi”, asegura el informe.
En otoño del año pasado, Amnistía Internacional lanzó la campaña “Nada es igual si alguien desaparece” para centrar la atención política en las victimas de desapariciones forzadas y, en especial, en los 115.000 desaparecidos durante la dictadura de Franco. Por su parte, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo asegura que las personas desaparecidas fueron 140.000 entre víctimas en los territorios conquistados por los franquistas durante la Guerra Civil así como durante las primeras décadas de la dictadura.
Amnistía Internacional denunció con dureza que en España no se ha realizado ninguna investigación judicial que merezca tal nombre para conocer la verdad de las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el período citado.
España no podrá considerarse una democracia de verdad hasta que el gobierno, el Parlamento y las instituciones acepten juzgar el franquismo y no afronte resolver el grave crimen de las muchas decenas de miles de desaparecidos forzados, juzgando a sus responsables, así como a los de los otros crímenes perpetrados durante años.
