La dictadura franquista causó en España al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya de Pol Pot y sus jémeres rojos. “Las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que abordar los crímenes del franquismo”, sostiene Xavier Caño Tamayo, autor de este artículo.
Hace unos días, el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia, una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica, gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco, para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.
Condenas de la ONU y del Consejo de Europa
Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.
Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de lo Diputados una propuesta de ley que amplía la Ley de Memoria Histórica con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.
Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora que llevarán sus restos a donde su familia designe, cabe recordar que, en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crearla ONU, que condenó por unanimidad el régimen de Franco por ser, en origen, naturaleza, estructura y actuación general, un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.
Intereses estratégicos contra derechos y justicia
Lamentablemente, los intereses de Estados Unidos, presididos primero por el ex-jefe supremo de los aliados, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero Estados Unidos consideró la dictadura franquista como aliada conveniente en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la Guerra Fría que empezaba. Sus intereses primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.
Una dictadura que, como sabemos, causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, hubo hasta 40.000 presos políticos, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi”, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura están los 220.000 exiliados que huyeron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para salvar la vida.
Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron detenciones, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de modo incomprensible. Ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.
Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían alcanzar los 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos de concentración. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.
Esta dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.
Es preciso juzgar la dictadura franquista
Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975”. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras acabar la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes de Franco y perpetrados por el franquismo fueron “una venganza ciega”, según Preston.
Todo eso es agua pasada, suele argüir una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante 36 años tras finalizar ésta. Pero, contra la falsa razón de que hay que cerrar heridas, siguiendo con el simil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que abordar los crímenes del franquismo.
Anular los juicios y condenas de demócratas por tribunales franquistas y juzgar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, crearon y sostuvieron la dictadura franquista es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. Y, en tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.
