La violencia machista, la desigualdad social y la corrupción son algunos de los síntomas que delatan el deterioro de la democracia española.

El gobierno del Partido Popular (PP) no tiene el menor interés en poner los medios necesarios para hacer frente a la letal violencia machista en España. Es uno de los síntomas que muestran la cada vez peor salud democrática del Reino de España. Además de que el año pasado el sueldo de los consejeros del Ibex (de las 35 mayores empresas españolas) creciera catorce veces el salario medio de los trabajadores en España, aumentando la desigualdad social que incluso preocupa seriamente a la OCDE y a la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea. Y, de momento no hablemos de corrupción, que es tema principal que exige espacio.

Mal año para la libertad de expresión

En un escenario de insalubre democracia, Amnistía Internacional ha denunciado la restricción de la libertad de expresión en España en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2017. Según Amnistía, «alzar la voz se ha vuelto cada vez más peligroso en las redes sociales en España, pues son tratadas como delitos letras de canciones y bromas».

Amnistía Internacional señala los retrocesos en esa libertad de en España y considera y que 2017 fue «Un mal año para la libertad de expresión». Recortar el derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección a refugiados y migrantes y la violencia contra las mujeres son algunas de las principales violaciones de derechos humanos en España en 2017, según la organización.

En la protección de mujeres amenazadas por la violencia machista, el gobierno del PP incumple deberes fundamentales. Da igual que Mariano Rajoy, algunos ministros y dirigentes del Partido Popular hayan dicho estar «muy comprometidos» en la lucha contra la violencia machista. Lo que hacen, y sobre todo lo que no hacen, demuestra su nulo compromiso para acabar con la lacra de los feminicidios y de la violencia machista en general. Y, lo que es peor, no se vislumbra que tengan la menor intención de cambiar de actitud y actuación al respecto.

Al contrario, el gobierno del PP retrasa u olvida lo ya acordado que hay que hacer contra la violencia machista. Aunque es más exacto decir que no hacen nada. Una muestra evidente de esa actitud es no haber incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) los 200 millones de euros anuales prometidos para poner en marcha de una vez el pacto de Estado contra la violencia machista.

No hay actuación gubernamental contra la violencia machista

De qué pie cojea este gobierno ante la violencia machista es obvio al conocer que la primera oferta que hizo el gobierno de Rajoy para financiar la lucha contra la violencia de género fue de ¡seis millones de euros! Y lo dijeron en serio. Finalmente pareció comprometerse a que la administración central dispusiera de 80 millones de euros, las comunidades autónomas 100 millones y los Ayuntamientos, 20. Una cantidad insuficiente para afrontar un problema crónico que provoca el asesinato de 60 mujeres y menores asesinados el año pasado. Pero lo peor no es que sean insuficientes, sino que ni siquiera figuran en el proyecto de PGE y solo son un ridículo  0,04% de los presupuestos. Una tomadura de pelo, cuando el gasto en Defensa es del 2,3%.

Algo más de medio año después del «histórico acuerdo», como definió el gobierno el pacto de Estado contra la violencia machista, no hay nada en marcha. Nada. Por eso, los movimientos y organizaciones feministas acusan  al gobierno de Rajoy de hacer marketing político en beneficio propio con el pacto contra la violencia de género como pretexto.

El ‘enaltecimiento del terrorismo’ se multiplicó por cuatro

Otro  inquietante paradoja de la pésima salud de la democracia española es que, desde que cesó la violencia de ETA en octubre de 2011, ha habido 83 sentencias condenatorias por apología del terrorismo, lo que significa que se se han multiplicado por cuatro estas condenas. El enaltecimiento del terrorismo se castiga con penas de uno a tres años de cárcel, que no es broma. ¿Qué delito han cometido? Publicar tuits, rapear o incluso hacer sesiones de títeres. Una sentencia expresiva de lo expuesto, a todas luces injusta y que el Tribunal Supremo anuló, fue la de una tuitera condenada a un año de cárcel por la Audiencia Nacional por unos chistes sobre el almirante Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco, asesinado por ETA por una explosión que levantó hasta una terraza de un segundo piso el automóvil en el que se desplazaba por la calle Claudio Coello de Madrid.

Matizando lo que se quiera, en la España del PP se dan cada vez más situaciones y actuaciones que recuerdan demasiado a algunas del franquismo. Y, en ese escenario, el conflicto con los catalanes independentistas ha sido una excusa perfecta del PP para hacer retroceder la vida democrática y no solo en Cataluña.

PP, promotor de independentistas

Pero para evaluar las responsabilidades políticas en el conflicto actual con los independentistas, es necesario recordar que quien empezó la bronca fue el Partido Popular. En otoño del año 2015 hizo campaña en toda España recogiendo firmas contra la reforma del Estatuto catalán que entonces se negociaba entre el gobierno central de Madrid y el autonómico catalán.

Daba igual que la reforma del Estatuto de Cataluña se negociara sin tensiones con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Daba igual que los catalanes aceptaran los recortes propuestos por Madrid, en esa reforma. Daba igual que la reforma (con las rebajas propuestas aceptadas) fuera aprobada por el pueblo de Cataluña en referéndum. Y daba igual que la reforma se aprobara en el Congreso de los Diputados. Todo eso le daba igual al PP que no aceptó la democrática trayectoria de la reforma del Estatuto catalán y lo denunció ante el Tribunal Constitucional. Porque el PP buscaba el enfrentamiento probablemente para obtener réditos electorales. Y, como ese tribunal se había nutrido en los últimos tiempos de magistrados conservadores, dictaminó tantos recortes del Estatuto (ya negociado y rebajado en el trámite del Congreso) que provocó el enfado de gran parte de la ciudadanía catalana. Y surgió y creció el independentismo. El caldo de cultivo en Cataluña fue el malestar social por la aplicación de los  primeros recortes tras la crisis que, por cierto, perpetró la coalición gobernante: Convergència i Unió, hoy PdeCat y la desaparecida Unió.

Antes de la sentencia del Constitucional, los partidarios de la independencia de Cataluña cuanto más fueron un 10% de población. Y lo cierto es que El PP y Rajoy al frente pueden considerarse responsables de que hayan surgido independentistas catalanes como setas tras las lluvias de otoño.

Desde el año 2015, el PP ha buscado el enfrentamiento y el conflicto. Para comprenderlo no hay que olvidar que el PP es el sucesor y heredero directo de Alianza Popular, un partido nacionalista español y católico fundado tras la muerte de Franco en la transición hacia la democracia y dirigido por jerarcas franquistas. Aunque ajustando más la definición, en realidad el PP es aquella Alianza Popular reformada y maquillada, pero fiel a su alma franquista que nunca perdió.

Por todo lo expuesto, y más cosas que dejamos en el tintero, se puede decir sin faltar a la verdad que la democracia española tiene mala salud.