Murió por infección de coronavirus el ex policía Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño. Acusado de crímenes de lesa humanidad por su actuación como torturador de opositores a la dictadura franquista, su muerte sin ser juzgado demuestra la inadmisible impunidad de los crímenes perpetrados durante cuatro décadas de dictadura.

Análisis de Xavier Caño Tamayo.

MADRID, España.- Antonio González Pacheco fue acusado de crímenes de lesa humanidad por las torturas infligidas a opositores al franquismo en los últimos años de dictadura. Rosa María García, Luis Suárez, Felisa Echegoyen, Lidia Falcón, Chato Galante, Paco Lobatón y muchas víctimas más habían presentado querellas por torturas contra quien fuera inspector de la Brigada Político-Social, la policía secreta franquista, encargada de perseguir y reprimir todos los movimientos y personas que se oponían a la dictadura.

Sus torturas consistían en golpear ambas orejas con las manos abiertas, lo que provoca perforaciones de tímpano, sesiones interminables de golpes en las plantas de los pies, en la boca del estómago en los testículos o simulacros de ejecución con un revólver. También dar golpes secos en la garganta y en la nuca, colgar de una ventana alta por las muñecas, obligar a andar en cuclillas, poner un palo debajo de los brazos y de las piernas…

Billy el Niño podría haber sido juzgado en Argentina por aplicación del principio de justicia universal, pero no lo fue porque la Audiencia Nacional rechazó su extradición a ese país. La Sala de lo Penal de la Audiencia falló que los delitos atribuidos a González Pacheco, cometidos durante los últimos años de dictadura, habían prescrito y no podían ser investigados como crímenes contra la humanidad, que en realidad nunca prescriben.

El Estado español ha protegido y amparado al expolicía González Pacheco, según Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA). Según Lara, el Estado español no sólo ha protegido al torturador, sino que lo amparó, lo promocionó y lo condecoró en un inadmisible contexto de impunidad general que blanquea a todos los criminales franquistas.

Rechazo a hacer justicia

En los últimos años se han presentado 18 querellas en los juzgados españoles con testimonios documentados y completos de las torturas que sufrieron militantes antifranquistas en los calabozos de la Brigada Político Social. Todas las querellas fueron rechazadas, según Lara.

La ONU ha instado a España en varias ocasiones a que derogue la Ley de Amnistía 77, aplicada todos estos años como ley de impunidad total de crímenes franquistas contra la población y, de modo especial, contra los opositores a la dictadura.

En España, conocer la verdad sobre la represión en la guerra civil y en la posterior dictadura tropieza con la trampa organizada por franquistas ‘reformistas’ que participaron en la Transición a la Democracia para asegurar su impunidad. Esa trampa es la ley de Amnistía de 1977. Todos los intentos de investigar los crímenes del franquismo se han frenado y rechazado con el argumento de que eso vulneraría dicha ley de Amnistía.

La ONU, el Consejo de Europa y organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han expresado una y otra vez que la ley de Amnistía del 77 debe ser derogada porque atenta contra el Derecho Internacional de Derechos Humanos. En marzo de 2018, el Congreso rechazó dejar sin efecto una parte de la Ley de Amnistía como había solicitado el Relator de la ONU y el resto de organismos internacionales. Y lo rechazó con los votos del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos.

Esa propuesta llegó al Congreso a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) con la solicitud de añadir un párrafo a la Ley de Amnistía para que esa ley no impida que “los juzgados y tribunales españoles investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delitos de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos”.

Rechazar esa reforma supone conceder la impunidad a los crímenes franquistas, lo que supone no respetar el Derecho internacional de Derechos Humanos, a pesar de que España ha firmado y ratificado los diversos tratados de derechos humanos promulgados por Naciones Unidas.

Nada impide modificar o derogar la Ley de Amnistía; tan sólo se precisa voluntad política de hacerlo para restablecer la normalidad democrática en España y se puedan investigar los crímenes de la dictadura franquista, una vergonzosa asignatura pendiente.

A finales del pasado enero, España pasó su examen periódico internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo señaló alto y claro que el Estado español ha incumplido las recomendaciones de Naciones Unidas en memoria histórica y derechos humanos.

Billy el niño, torturador condecorado y nunca juzgado

Y en ese contexto, Fernández Pacheco ha muerto con todas sus condecoraciones. El PSOE se había comprometido a retirar las cuatro medallas que le concedieron, que aumentaban un 50% su pensión. Grande-Marlaska, ministro del Interior, dijo el pasado febrero que se retirarían las medallas concedidas a González Pacheco. Se inició el procedimiento para retirarlas, pero llegó la pandemia. ¿Y ahora qué? Hay más casos de torturas que investigar y muchos crímenes franquistas que dilucidar.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha declarado que es una vergüenza para la democracia que el torturador Billy el Niño haya fallecido “sin haber sido juzgado y con todas sus medallas y privilegios intactos” y ha pedido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia.