Al frenar la economía española, la crisis del coronavirus ha disparado el número de familias que necesitan ayuda para poder comer. El Banco de España eleva la estimación de hogares en situación crítica a cuatro millones y medio, que son unos 12 millones de personas. Esto supone casi un 25 % del total activo.

Análisis de Xavier Caño Tamayo.

En España la situación es crítica. Así lo cuenta Sam Jones, corresponsal de The Guardian en Madrid, en un reportaje sobre la pobreza que afecta a personas y familias en la Comunidad Autónoma de Madrid y otros territorios. Jones explica que Cáritas, la organización de la Iglesia católica en España para la acción caritativa y social, ha informado del considerable aumento de peticiones de ayuda desde que empezó la pandemia del coronavirus y se frenó la economía por el obligado confinamiento para cortar los contagios. Según Cáritas, la región de Madrid (casi siete millones de habitantes) ha triplicado la demanda de ayudas sociales en las últimas semanas y, de esas ayudas, el 85% lo son de alimentos, medicinas o gastos imprescindibles como pagar la luz.

Según Cáritas España, en este país hay más de 8 millones de personas en exclusión social, a las que sumar un 40% de población activa con empleos precarios, según el sindicato UGT. Al frenar la economía española, la crisis del coronavirus ha disparado el número de familias que necesitan ayuda para poder comer. Según The Guardian, en el primer trimestre de 2020, la economía española se contrajo un 5,2%, una cifra récord.

Gustavo García Hurtado, de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, explica que hoy acuden muchas más familias a los servicios sociales en busca de ayuda para aliviar situaciones críticas en aumento. La emergencia sanitaria ha desvelado muchas carencias sociales cuando el país parecía empezar a recuperarse de la crisis de 2008. Aunque lo hacía con la paradoja de que se ha generado riqueza desde 2014, pero también ha aumentado la desigualdad, en tanto que había más trabajadores pobres y aumentaba la precariedad laboral en un horizonte de bajos salarios. El resultado es que 9 millones de ciudadanos (19% de población) malviven por debajo del umbral de la pobreza por la inseguridad laboral, el empleo inestable y los bajos salarios. Bienvenidas sean las medidas del llamado ‘escudo social’ porque son muy necesarias.

El Banco de España eleva la estimación de hogares en situación crítica a cuatro millones y medio, que son unos 12 millones de personas. Esto supone casi un 25 % del total activo. Por la expansión de la economía española desde 2013 hasta la pandemia se han reducido los hogares en riesgo de pobreza, pero no se ha impedido que buena parte de la población española viva al día desde hace años. Situación lógica cuando la tercera parte de los 19 millones de españoles que hacen la declaración de la renta (IRPF) gana menos de 12.000 euros brutos al año. Un dato aceptable si se vive en ciudades pequeñas, pero no si se reside en Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona u otra gran ciudad española, donde los alquileres de viviendas, por ejemplo, están por las nubes.

El Banco de España destaca la elevada tasa de familias con empleos de pocas horas y pocos días y, por tanto, pocos ingresos y estima que les cuesta llegar a fin de mes a casi 5 millones de hogares españoles. Además, el parón económico ha cortado o reducido los ingresos de mucha gente en un panorama donde más de un tercio de hogares (casi 7 millones) ya tenía antes dificultades para afrontar gastos imprevistos. Mucha gente ha de racionar lo poco que tiene y aumenta el hambre.

Eurofound, agencia de la Unión Europea que analiza el mercado laboral europeo, explica que España está fragmentada en trabajadores fijos, temporales, precarios, falsos autónomos y parados. Tal panorama impide que los asalariados puedan conseguir contratos de calidad con buenas condiciones laborales y sueldos decentes.

En España, que un desempleado o trabajador precario consiga un empleo con contrato indefinido de calidad es más improbable y cuesta más que en otros países europeos. Pero no es de extrañar, habida cuenta de la patente de corso concedida a grandes empresas y medianas, sobre todo, desde la primavera de 2012, cuando se aprobó la reforma laboral de la que se ha hablado estos días de derogar o mejorar. Lo que no se puede negar es que la situación de España es crítica como ha recordado el corresponsal Sam Jones.