En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular (PP), ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el impuesto de Sociedades. Si llega a gobernar, claro. Esta voluntad supone una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar derechos fundamentales para la ciudadanía.

Por Xavier Caño Tamayo

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente común. Pero lo cierto es que las sucesivas reformas fiscales han significado que la mayoría pague más y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los aumentos del IVA, presentados como inevitables porque lo manda la Unión Europea, no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no se puede asegurar los servicios públicos esenciales y garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, lo que se conoce como Estado de bienestar.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, esa reducida minoría del 0,1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01%.

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas pagan menos impuestos, desciende la recaudación del Estado y, a pesar del crecimiento económico que reflejan las cifras macroeconómicas, no suponen consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y hablando de fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Aún quieren rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales, antes llamadas paraísos, más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año, que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Tanto como el 24% del PIB, la riqueza nacional. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Al mismo tiempo, se mantienen con pocos cambios las cifras de desigualdad y riesgo de pobreza y exclusión social. Además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, algo más del 9% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de la población vive en pobreza, con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país es disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El Partido Popular, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. La herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los sistemas de impuestos y tasas.

El delictivo fraude fiscal y las prácticas usuales para no pagar impuestos o pagar menos de lo que se debería, quizás no directamente delictivas, pero sí torticeras y desleales, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

A pesar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar los impuestos de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos. ¿Aún más? Según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal, antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías, sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según GESTHA, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio concediendo una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid deje de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad.

La voluntad de reducción de impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y se institucionaliza la injusticia. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen sin recortes los servicios públicos y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.