«El verdadero problema no es aumentar el gasto público. El  problema real es la persistencia de una injusta, regresiva, delictiva e insuficiente fiscalidad porque vulnera los indiscutibles derechos sociales de la población y mantiene una inaceptable situación de desigualdad y pobreza», afirma Xavier Caño Tamayo al desmontar un análisis publicado en The Economist que alerta de los supuestos peligros de aumentar el gasto público tras una hipotética coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

 

Por Xavier Caño Tamayo

Con la mirada puesta en las próximas elecciones generales en el Reino de España, el semanario The Economist ha publicado que lo ideal sería que los votantes españoles dieran una mayoría suficiente a Pedro Sánchez para que pudiera gobernar sin alianzas. Según ese medio, un gobierno del PSOE apoyado por Unidas Podemos ‘sería un peligro’, porque aumentaría el gasto público y ‘frustraría la agenda de reformas imperativas’. Pero antes de seguir, recordemos que, en buen castellano, ‘reformar’ significa cambiar algo para mejorarlo. Sin embargo, la experiencia nos recuerda que las ‘reformas’ que vindica la citada revista no mejoran la situación de las clases trabajadoras, sinó todo lo contrario.

¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el poder económico logra que se apruebe una ‘reforma’ laboral como la perpetrada por el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy? El empleo pierde calidad, se vuelve precario y los salarios descienden. Las medidas que propone la minoría rica, o clase dominante que diría Marx, finalmente perjudican a la mayoría ciudadana.

Cuando The Economist alerta del «peligro» de un gobierno PSOE-Unidas Podemos por el aumento en el gasto público, en realidad está en contra del gasto social porque ‘frustraría la agenda de reformas imperativas’. En cambio, no parece un peligro gastar decenas de miles de millones de euros para rescatar bancos, que se arruinaron por su codicia y provocaron la crisis de 2008. Nadie habla de reformar la banca para que no haga lo que le dé la gana y provoque otra crisis. Pero sí es un peligro para los ‘expertos’ de The Economist que la gente trabajadora (la mayoría de población) pueda llevar una vida digna al disponer de medios justos suficientes, salarios decentes y buenos servicios públicos para ejercer sus derechos. Porque de necesarias reformas sociales el poder económico nada quiere saber.

Lo que The Economist espera de un gobierno que no sea ‘débil’ es que ponga en marcha la citada agenda de ‘reformas imperativas’. Acaso como hizo Rodríguez Zapatero, que perjudicó las pensiones públicas e incluso llegó a reformar la «intocable» Constitución española. Esta reforma consistió en redactar de nuevo el artículo 135 de la carta magna para que el pago de la deuda pública a los acreedores, especialmente internacionales, sea prioritario por encima de la satisfacción de los derechos sociales de la ciudadanía.

Miopía e insolidaridad

Otras ‘reformas imperativas’ apuntan a nuevas medidas en pensiones públicas y laborales. El poder económico financiero y empresarial quiere meter mano a las pensiones para sacar beneficio. Primero asustan con la falsedad sobre su insostenibilidad con muchos medios de comunicación cómplices o que poseen. Luego retrasan la edad de jubilación y consiguen que, con el deterioro de las pensiones, las gentes trabajadoras se vean forzadas a recurrir a los llamados planes privados de pensiones.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora por la London School of Economics y experta en sistemas de pensiones, defiende de forma documentada que el sistema de pensiones públicas es sostenible. El ataque a las pensiones públicas -denuncia- busca favorecer los planes de pensiones privados, deseados y promovidos por el capital financiero para que muchos trabajadores participen en los fondos de planes privados. Cuántos más asalariados haya en esas mal llamadas pensiones privadas, más podrán especular al por mayor. Y, si las especulaciones no son rentables, los especuladores que controlan los fondos de inversión no pierden: quienes pierden son los trabajadores que han suscrito ‘pensiones privadas’. Una buena muestra es que en España, las pensiones ‘privadas’ son de tan baja rentabilidad que ni siquiera cubren la subida de los precios.

Sobre reformas  ‘en el ámbito laboral’, el poder financiero y el empresarial parecen no tener bastante con haber convertido en precario la mayor parte del empleo del país hasta conseguir, por ejemplo, que un 35% de menores de 30 años no tengan el menor futuro en el Reino de España. Como tampoco les preocupa que un 15% de hogares de trabajadores con contrato fijo vivan en el umbral de pobreza y necesiten ser ayudados por organizaciones solidarias, como Cáritas o el Banco de Alimentos, para poder comer todos los días del mes.

¿Acaso los sabios de The Economist y otros similares no comprenden que cuando una gran parte de la población no puede llevar una vida digna, hay menos demanda y se gasta menos? Se deteriora la actividad económica y se reduce el crecimiento cuando se reduce la demanda porque la ciudadanía no dispone de suficiente dinero para vivir con decoro. Sería interesante condenar a vivir con el salario mínimo a la minoría que forma el poder económico para que comprobaran en sus carnes hasta donde llevan sus ‘reformas’.

Acabar con el fraude fiscal

Respecto al temor de The Economist de aumentar el gasto público con un gobierno PSOE apoyado por Unidas Podemos, alguien nada sospechoso de izquierdismo, el economista Santiago Niño Becerra, asegura que “el principal problema de España es el fraude fiscal. Si lográramos resolverlo, (lo que parece una utopía) pasaríamos de tener un déficit del 2,6% a tener un superávit del 5%”. Y cabe imaginar cuántos problemas podrían arreglarse con ese superávit».

Según datos contrastados de la Plataforma por la Justicia Fiscal, España recauda siete puntos menos de impuestos respecto al PIB que la media de recaudación fiscal de los países con el euro como moneda común. Esa Plataforma agrupa a una veintena de las organizaciones sociales de mayor arraigo e influencia (Oxfam, Economistas sin Fronteras, ATTAC, Red Europea contra le Pobreza, Alianza contra la Pobreza y Desigualdad, Gestha, la Confederación de Consumidores y Usuarios …) y a los sindicatos CCOO, UGT y USO.

En 2018, España recaudó 208.685 millones de euros pero, si hubiera recaudado el porcentaje medio de la zona euro, se hubieran ingresado 80.000 millones de euros más. Una recaudación no posible por el enorme fraude fiscal que se repite año tras año. ¿Que no podría hacer el Estado con ese dinero en sanidad, educación, atención a personas dependientes, apoyo social, investigación, ciencia, justicia, pensiones…?

Contra lo que teme The Economist, el verdadero problema no es aumentar el gasto público. El  problema real es la persistencia de una injusta, regresiva, delictiva e insuficiente fiscalidad desde hace décadas. Una fiscalidad insuficiente porque vulnera los indiscutibles derechos sociales de la población y mantiene una inaceptable situación de desigualdad y pobreza que hace de España el cuarto país europeo en desigualdad.

En sus diez meses de gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez dio algunos modestos pasos para enmendar esa situación de injusticia fiscal. Pero habrá que ver el resultado de las elecciones y qué gobierno se forma  para saber si se pondrá remedio o no a una fiscalidad injusta, regresiva e insuficiente.