El nuevo contexto político obliga a estudiar de cerca las propuestas de la derecha ‘tricefálica’ en España. Xavier Caño Tamayo, autor de este artículo, se refiere así a la derecha de tres cabezas: «tres partidos de los que dos han de ser clasificados sin temor a error como extrema derecha».

Por Xavier Caño Tamayo

Como afirmó el escritor Suso de Toro, “decíamos que en España no había partidos de extrema derecha porque ésta estaba dentro del PP. Pero ahora hay tres”. Aunque dos partes de esa derecha (Partido Popular y Ciudadanos) pretendan ser centro-derecha, lo cierto es que ha cambiado el escenario desde que el PP (y también Ciudadanos) ha necesitado los votos de Vox para gobernar en Andalucía. Ante la evidente pérdida de votos del PP, dato en el que coinciden todos los sondeos de intención de voto, el partido que preside Pablo Casado se ha apropiado de parte del discurso reaccionario de Vox. Ye no puede ocultar que es extrema derecha pura y dura. Ni lo intenta. El nuevo contexto político hace nececesario recordar lo que propone esa derecha de tres, tricefálica.

Dos de estos tres partidos han de ser clasificados sin temor a error como extrema derecha. Vox propone medidas y políticas propias del franquismo o de cualquier partido europeo xenófobo. El Partido Popular, desde que lo preside Pablo Casado, gira cada día más hacia la derecha.

El contexto político se completa un mes antes de las elecciones generales porque, según varios sondeos de intención de voto, podría formarse un gobierno aceptable para la ciudadanía con los votos de los partidos que echaron al PP del gobierno de la nación. Pero, ¿que sucedería si gobernase la derecha?

El franquismo no fue derrotado

Si gobernara la derecha, habría un escenario de oscuridad, despotismo, rebaja de libertades, vulneración de derechos fundamentales, corrupción y más desigualdad. Pero un gobierno apoyado por los partidos que sacaron a Rajoy de la Moncloa tendría más en cuenta a la ciudadanía. Ese gobierno tendría que afrontar de una vez por todas una asignatura pendiente de la democracia española que no se puede postergar más: que el Estado derogue la ley de amnistía de 1977 y ponga en marcha la investigación, rendición de cuentas y reparación a víctimas de las injusticias y los crímenes de la dictadura franquista. Una dictadura que ha sido condenada por unanimidad por la ONU el 12 de diciembre de 1946 y también de forma unánime por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 17 de marzo de 2006.  Además de que las mayores organizaciones defensoras de derechos humanos del mundo también la han condenado y exigido verdad y reparación.

El caso es que, a diferencia de lo sucedido en Alemania e Italia, el franquismo (versión española del fascismo) no fue derrotado como sí lo fueron los regímenes criminales nazi y fascista italiano. Mussolini fue colgado cabeza abajo en Milán y Hitler se pegó un tiro en la cabeza al enterarse de que las tropas soviéticas entraban en Berlín. Pero Franco murió en la cama, tras una prolongada agonía en la que se le mantuvo artificialmente con vida, acaso para retrasar los cambios que no obstante llegaron.

Franquismo y derechos humanos, incompatibles

Franco designó a Juan Carlos de Borbón su sucesor como jefe de Estado con el título de Rey. No hubo ningún referendo o consulta a la ciudadanía al respecto y prevaleció la voluntad del dictador. España era una monarquía, el Jefe del Estado era Juan Carlos y el pueblo nada tenía que decir sobre eso. Además, la tramposa Ley de Amnistía de 1977 que franquistas reformistas colaron a la oposición democrática garantizó la impunidad por crímenes perpetrados durante décadas, desde los crímenes de guerra y el exterminio planificado tras la rebelión militar de 1936 hasta las ejecuciones perpetradas poco antes de la muerte del dictador; desde el asesinato al robo de niños, torturas y represión sistemática, más las decenas de miles de desaparecidos forzados enterrados en miles de cunetas y fosas comunes.

Hoy el escenario es diferente pero, si por desgracia llegara a gobernar la derecha extrema (y extrema es estando PP y Vox), se perpetrarían políticas contra inmigrantes y refugiados, contra la igualdad entre hombres y  mujeres, contra quienes tengan otra orientación sexual, se anularían las leyes contra la violencia machista y la memoria histórica… Todo sazonado por un centralista nacional-catolicismo agresivo y leyes ‘mordaza’ para recortar libertades fundamentales. Desde 1988, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado 112 veces al Estado español por vulnerar derechos fundamentales, lo que implicaría nuevas condenas.

Además, si gobernará la derecha, los ricos pagarían aún menos impuestos como ya sucede en Andalucia, donde gobiernan. Y en cuanto a políticas para satisfacer derechos humanos básicos la propuesta consistiría en suprimir las políticas sociales. Según Vox, hay que reducir a la mínima expresión el Estado de Bienestar porque el Estado sólo se ha de encargar de Defensa, fuerzas de seguridad y Justicia. Educación, Sanidad, y no digamos atención a personas dependientes, dejarían de ser competencia del Estado. Quedarían al frente empresas privadas cuyo objetivo prioritario es conseguir beneficios, no cumplir los derechos humanos y constitucionales de la gente.

Dialogar para resolver conflictos difíciles

Abundando en su voluntad política, Vox ha advertido que votará contra los presupuestos andaluces si PP y Ciudadanos no suprimen las subvenciones para la memoria histórica. También propone «un servicio de ámbito nacional voluntariamente castrense», que en román paladino significa volver a instaurar el servicio militar obligatorio, y quiere que haya cadena perpetua en el Código Penal. Para que el despropósito sea completo, Vox propone suprimir el Ministerio de Cultura, además de construir un muro en la frontera de Melilla y Ceuta con Marruecos como el que quiere levantar Donald Trump en la frontera con México.

¿Las otras dos derechas no tienen nada qué decir? Parece que no, porque la diferencia entre Vox, PP y Ciudadanos es que Vox no se corta al decir lo que quiere hacer, por salvaje que sea, como que la gente pueda ir armada y utilizar las armas. Mientras tanto, PP y Ciudadanos procuran envolver en papel de seda sus vergüenzas, sus propuestas económicas, fiscales y sociales para que no se note tanto al servicio de quién están, que no es al servicio de la ciudadanía precisamente.

Y concluyamos con una muestra de absoluta falta de realidad de la derecha ante el llamado conflicto catalán. PP y Ciudadanos abogan por aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución y Vox propone directamente, además de suspender la autonomía de Cataluña, ilegalizar los partidos catalanes y disolver los Mossos d’Esquadra. Abracadabrante, pero cierto.

Sin embargo, la realidad es que, según el más moderado de los sondeos, en Cataluña  hay un 42% de personas con derecho a voto partidarios de la independencia de España. La independencia no es la postura de este cronista, pero parece indudable que ante ese porcentaje algo habrá que hacer. ¿Repetir como loros que hay que cumplir la legalidad sin hacer nada más? ¿Encerrar a esa gente en cientos de campos de concentración como hizo el franquismo con republicanos y desafectos? ¿No sería mejor hablar? ¿No será más útil dialogar?

Dialogar tanto como haga falta hasta encontrar alguna solución que satisfaga de modo suficiente. Aceptando que dialogar supone que las partes dialogantes consienten en renunciar a algo. La historia de los últimos cien años del mundo muestra que grandes conflictos que parecían insolubles se han resuelto con diálogo. Un buen ejemplo es el caso de Irlanda del Norte que, enfrentados unionistas y republicanos de modo sangriento durante décadas, tras el acuerdo de Viernes Santo de 1998, ambos sentaron las bases de un nuevo gobierno en el que católicos y protestantes  comparten el poder. Sí se puede.