El analista y ex diplomático Bernardo Graue Toussaint utiliza una de las declaraciones más polémicas del presidente Andrés Manuel López Obrador para recordarle la responsabilidad que tiene de combatir el crimen con leyes y con el uso legítimo de la fuerza. “El gobierno ya no detendrá capos. Se acabó la guerra”, dijo hace unos días Andrés Manuel López Obrador.

Por Bernardo Graue Toussaint

¿Cuánto duraría en el cargo el Presidente francés si, por ejemplo, se le ocurriera anunciar que ya no perseguirá a los grupos de la Yihad Islámica que cometen actos terroristas en Francia ? Ni una semana.

¿Cuál sería la reacción política y social si el Primer Ministro de Suecia o de Gran Bretaña anunciara a sus ciudadanos que no usará la fuerza del Estado para enfrentar a grupos criminales? La exigencia de su dimisión.

¿Qué sucedería si el Primer Ministro canadiense permitiera que, impunemente, un grupo de maestros violentos bloqueara durante semanas las vías del ferrocarril de ese país (con multimillonarias pérdidas en cientos de empresas) para chantajear al gobierno? El parlamento exigiría la convocatoria a elecciones inmediatas.

El pasado 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López rindió protesta como Presidente Constitucional de México en los siguientes términos: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…

En términos legales, el Presidente de la República juró -en toda forma- su obligación (sin distinción alguna) para cumplir las leyes. Nada más y nada menos. En el texto constitucional no se deja espacio alguno a la discrecionalidad del nuevo mandatario.

El pasado día 30 de enero de 2019, los mexicanos y el mundo nos enteramos del siguiente anuncio presidencial:

El gobierno ya no detendrá capos. Se acabó la guerra”.

Muchas han sido las barbaridades, las ocurrencias y los despropósitos del Presidente de la República en tan corto tiempo. Pero creo que ninguna de ellas tiene el nivel de riesgo para el futuro de México, como esta claudicación del Estado Mexicano frente a los capos y sus mafias.

Me explico.

En primer término, no le está permitido al Presidente de México una declaración de esa naturaleza. Repito: no le está permitido ni se le puede permitir, dado que el juramento -en su toma de posesión- le obliga legalmente al cumplimiento de las leyes y a implementar las acciones necesarias contra quienes cometan delitos, sean delincuentes de poca monta o líderes de cualquier organización criminal. Da igual. Obligado está (como titular del Poder Ejecutivo, como Jefe de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad) para combatir con las leyes y, de ser necesario, con el recurso legítimo, responsable y proporcional de la fuerza para dar cumplimiento a la vital obligación del Estado de proteger a las mayorías pacíficas del embate de las minorías violentas.

La inacción del Estado, anunciada por parte del Presidente López es un delito. Equivale a otorgarles a los capos una carta de inmunidad.

En segundo término, existe un deber moral, de cara a las víctimas de esa mafias, para que el Estado mexicano persiga y lleve ante la justicia a tantos criminales que han causado un profundo daño a miles de familias mexicanas. ¿Cuántos huérfanos, viudas o padres de hijos -que han sido víctimas de esos capos- verán con gracia este anuncio presidencial? Creo que pocos, probablemente ninguno…

En tercer lugar, resulta patético que el Presidente López crea que los índices de criminalidad bajarán repartiendo dinero entre los pobres («para que no roben») o distribuyendo -a diestra y siniestra- la «Cartilla Moral» de Alfonso Reyes. Igualmente fatal resulta que el Presidente pretenda que el Ejército y las policías se conviertan en «franeleros» o «viene-viene» frente a estas agrupaciones delictivas que tienen, en todo momento, el dedo en el gatillo. Esas mafias del crimen organizado no son un grupo de scouts. Son asesinos profesionales que no sólo trafican con drogas, sino que sus actividades criminales se han diversificado: envenenan a nuestros jóvenes; amenazan; cobran «derecho de piso» a miles de comerciantes y empresarios mexicanos (muchos de los cuales terminan por cerrar sus negocios); secuestran; extorsionan; roban; mutilan; asesinan; decapitan; queman o disuelven cuerpos; raptan jovencitas y cometen toda clase de atrocidades contra la sociedad.

Nadie en su sano juicio pide un uso indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades. Nadie. Pero tampoco nadie debe permitir la claudicación del Estado frente al crimen.

¿El Presidente y su gobierno no van a detener a los capos de esas «mafias multinivel»? Pues muy sencillo: que renuncie al cargo. Así de simple. Si no puede cumplir con su juramento constitucional, estaría legalmente obligado a dimitir.

Ahora bien, es bueno subrayar que si el Presidente López insiste en hacer realidad su anuncio de otorgar esa carta de inmunidad a los capos, será corresponsable -por omisión de sus obligaciones legales- de los crímenes que éstos cometan. Serán los muertos de los capos y también del Presidente López. Será igual de criminal. Unos, por cometer sus fechorías contra la sociedad. El Presidente, por haberlo permitido cínicamente. Serán Iguales. Igualitos…

graue.cap@gmail.com