A los dirigentes independentistas catalanes encarcelados desde hace más de medio año se les acusa de rebelión. Según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Sin embargo, en Cataluña no ha habido ningún alzamiento violento.

En los últimos días ha ocupado las portadas y sumarios de medios informativos de España un escándalo: la falsificación de calificaciones y documentos para conceder un título de máster universitario a la presidenta del gobierno autonómico de la región de Madrid (equivalente a gobernadora en México), Cristina Cifuentes.

Según lo publicado, para que recibiera su título de maestría (sin asistir a clase, presentarse a los exámenes correspondientes ni presentar la tesis final de curso que se exige a cualquier otro alumno, en otras irregularidades), el instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico. Llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha  investigado y denunciado este escándalo.

El Partido Popular (PP) quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos, esta institución se habría convertido en área de colocación para ex dirigentes del PP. El número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva. La URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes. También ha expedientado a la funcionaria que cambió sus calificaciones, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

Corrupción rampante

El escándalo del máster atribuido a Cristina Cifuentes no sorprende demasiado porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a ver en las portadas de los periódicos sus diversas y presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de una maestría otorgada sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instrucción hicieran público, tras la investigación de los casos Gürtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular presuntamente ha financiado de forma ilegal campañas electorales desde hace décadas.

Según lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos a cambio de comisiones del 3%.

Ley Mordaza

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún modo exclusivamente a ese partido) pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015.

Esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional y Jueces y Juezas por la Democracia, ha corrompido la normal vida democrática del país y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, mientras personas juzgadas y condenadas por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), siguen sin ir a la cárcel y puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ante el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, se vería tentado de parafrasear “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Cómo será esa ley Mordaza que, en un editorial, el diario estadounidense The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Cataluña

Pero ahí está, autoritaria e intocable, la ley Mordaza. Y eso es corromper la democracia. No obstante, aún más preocupante es el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y en Cataluña no ha habido ningún alzamiento violento, ni siquiera violencia digna de ese nombre.

Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor constitucionalista Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro-orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

Renace una esperanza

No hay duda de que en los últimos años ha habido un innegable avance del autoritarismo. Sin embargo, renace alguna esperanza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenado al Reino de España por imponer una pena de cárcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey.

El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué?

Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentistas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes políticos. Actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático. Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.