Con trascendentales cuestiones de justicia pendientes en España surge Vox, un partido ultraderechista sin disimulos, heredero directo del franquismo, que instiga el odio a los inmigrantes y a las personas LGTBI.

Opinión de Xavier Caño Tamayo.

Se cumple un año de gobierno del Partido Popular (PP) y Ciudadanos en Andalucía. Aparte del retroceso social que ha supuesto rebajar los planes contra la violencia machista más el desprecio por los derechos de la comunidad LGTBI andaluza, ese gobierno ha normalizado y blanqueado a Vox, una de las peores ultraderechas de Europa.

Esa ‘normalización’ de una derecha fascistoide se da cuando parecía que España abordaba por fin cuestiones de justicia ineludibles y pendientes, como atender a víctimas de la dictadura para localizar y exhumar los restos de asesinados y enterrados en cunetas, zanjas y fosas comunes.

Exhumar la momia de Franco y enterrarla en el cementerio de Mingorrubio afrontó una importante cuestión de justicia pendiente, pues no era admisible ni de recibo que en un país democrático un dictador, responsable de cientos de miles de asesinatos, estuviera enterrado con honores de Jefe de Estado y, para mayor escándalo, junto a algunas de sus víctimas. Cumplida esa justicia, queda pendiente derogar la Ley de Amnistía de 1977, que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera ilegal. Esta ley se redactó para vaciar las cárceles de opositores al franquismo y que no fueran juzgadas ni condenadas las personas que se opusieron a la dictadura.

Así fue al empezar la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía, pero los franquistas reformistas, que jugaron un papel demasiado relevante en la Transición, colaron de rondón en esa ley la prohibición de investigar, procesar y castigar los crímenes franquistas.

Según Jaime Sartorius, que estuvo en la Comisión que redactó la ley, se manipuló la Ley de Amnistía para asegurar la impunidad de los franquistas, impidiendo la rendición de cuentas por sus delitos. Y, según Rafael Escudero, profesor de Derecho de la universidad Carlos III, fue la UCD de Suárez, partido heredero del franquismo, quien introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley de Amnistía cláusulas que nunca estuvieron en los borradores previos a la redacción de la ley. Estas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos contra los derechos de las personas por agentes de orden público y funcionarios del Estado.

Desde hace años, Amnistía Internacional y Human Rights Watch solicitan reiteradamente la derogación de esa ley de Amnistía porque vulnera el derecho internacional de derechos humanos. También han pedido su derogación el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y el Consejo Europeo al violar tratados internacionales que España firmó, ratificó y se comprometió a cumplir.

Pero lo peor es que la ley de Amnistía de 1977 impide investigar, juzgar, condenar y reparar los crímenes del franquismo en la guerra civil y los perpetrados en los casi cuarenta años de dictadura hasta la muerte del dictador. La dictadura franquista encarceló a 350.000 españoles, forzó a exiliarse a más de medio millón de personas y fusiló a 200.000, de los que unas 115.000 siguen sin identificar en fosas comunes.

Con esas trascendentales cuestiones de justicia pendientes, en un país donde el franquismo sigue impune, surge Vox, un partido ultraderechista sin disimulos, heredero directo del franquismo, que instiga el odio a los inmigrantes y a las personas LGTBI. Profundamente misógino y enfrentado agresivamente al feminismo y a la igualdad de las mujeres, Vox pretende suprimir las autonomías, echar a cuantos más inmigrantes y refugiados pueda y rebajar impuestos a quienes más ganan.

En Europa, los partidos conservadores aíslan a la extrema derecha para que no accedan a las instituciones, pero en el Reino de España, el PP y Ciudadanos le dan acceso a las instituciones del Estado. Si Vox está en la Mesa del Congreso de los Diputados es porque el PP así lo ha querido.

En este país de países que es España, vivimos hoy la ignominia de un partido ultraderechista, misógino, homófobo, xenófobo y antifeminista que desprecia la Constitución, aunque se les llene la boca con lo contrario; un partido de extrema derecha normalizado y blanqueado por el PP y Ciudadanos, la derecha española de siempre.