Un poder judicial dominado por las derechas se podría convertir en un arma contra el gobierno de España, como expone el autor de este análisis.
Análisis de Xavier Caño Tamayo.
MADRID, España.- El gobierno de España tiene pendiente llamar a la oposición para negociar la renovación de instituciones esenciales del Estado que llevan más de un año en funciones. Es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC) o el Defensor del Pueblo.
La cúpula del Partido Popular (PP) ha declarado que no piensa colaborar en la renovación de esos órganos que llevan tanto tiempo en funciones. Los vocales elegidos del CGPJ necesitan tres quintas partes de los votos, para lo cual se necesitan los votos de los magistrados propuestos por el PP. Como resultado final, la derecha puede bloquear la renovación del CGPJ. Ese mismo Poder Judicial sin renovar puede ser utilizado por el PP para frenar, torpedear o retrasar las decisiones del gobierno de coalición.
El CGPJ lleva un año y meses en funciones y, hasta hace unos días, no ha vacilado en nombrar hasta 46 altos cargos de la cúpula judicial. Jueces y magistrados conservadores, por supuesto. Pero, según la Constitución, esos nombramientos correspondían a un nuevo CGPJ con vocales propuestos que reflejen los resultados electorales del 10 de noviembre. Si se hace así, el PP dispondría de menos vocales propuestos que el PSOE y, por supuesto, no tendría la actual, ¿inconstitucional?, mayoría absoluta en el CGPJ.
La mayoría del CGPJ es hoy conservadora, pero corresponde al Parlamento que había en 2013, no al elegido en 2019. Entonces doce vocales fueron propuestos por el PP (más el presidente, con voto de calidad), siete por el PSOE, uno por IU y otro por el PNV. Ahí siguen, aunque haya habido dos elecciones generales en las que el PP ha perdido votos. Si se respetara el veredicto democrático de las urnas del 10 de noviembre, las vocales del PP en el CGPJ serían menos y algunos más los propuestos por el PSOE.
Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo
Otro tanto sucede con la renovación del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo. Al PP no le conviene el respeto democrático a los resultados electorales, porque en las elecciones del 10 de noviembre el partido de Casado obtuvo bastantes menos votos que en las de 2011. En concreto, 98 escaños menos, lo que supondrían bastantes menos vocales afines al PP en el CGPJ. En cambio, el PSOE, que en 2011 consiguió 110 diputados, el 10 de noviembre de 2019 obtuvo 120 escaños. La postura y actuación del PP (y de su socio Vox) no es nada constitucional al mantener una estructura del poder judicial que no refleja la voluntad del electorado.
¿No presumen tanto de constitucionalistas los del PP? Pues obras son amores y a respetar la ley.
La justicia como problema viene de lejos en el reino de España. En los primeros años de gobierno del PSOE, el ejecutivo de Felipe González topó con una Justicia reaccionaria, autoritaria y sin cultura democrática, resultado de una constante purga dure casi cuarenta años de dictadura con la consiguiente selección de afines para ocupar los cargos. En 1982, la justicia era un búnker formado por magistrados que habían jurado lealtad a Franco y a los principios del Movimiento Nacional.
Pero hay más. Como escribe Vicenç Navarro, “donde el dominio de las derechas es casi completo es en el poder judicial. La gran mayoría de su personal es muy conservador y la mayoría de jueces son muy de derechas”. Lo demuestra que las más altas instancias de la justicia actúen a favor del poder económico y financiero como ocurre con las cláusulas suelo en beneficio de la banca, por ejemplo, y con los resultados del llamado Procés, saldado con desproporcionadas condenas de 9, 11 y 13 años de cárcel a dirigentes catalanes independentistas. En ambos casos la justicia española ha merecido la crítica y la recriminación de la justicia europea.
Hoy, ese PP, que presume de constitucionalista, mantiene en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una mayoría absoluta que perdió en 2018 y volvió a perder en noviembre de 2019, pero que pretende utilizar contra el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Esta falta de respeto a las decisiones democráticas no es de ahora. Mariano Rajoy, tras prometer “despolitizar la justicia” reformándola para que los jueces pudieran votar a sus representantes en el poder judicial, utilizó su mayoría absoluta para hacer lo contrario y mantener una mayoría absoluta conservadora en las altas instancias judiciales.
En 2017, más de 900 dirigentes y cargos públicos del PP estaban siendo investigados en casos de corrupción. Esa situación explica los esfuerzos de la dirección del PP por controlar o influir en la justicia a su favor.
Tras la necesidad de alejarse del cúmulo de sumarios de presunta corrupción que les afectaban, al PP le vino como agua de mayo la convocatoria de un referendo sobre la independencia en Cataluña en esa región el 1 de octubre de 2017. El PP logró que se olvidará tanta corrupción y sacó provecho de la actuación de Cataluña que terminó con los juicios y condenas a independentistas catalanes que se conocen. Las derechas buscan réditos políticos al plantear un escenario político apocalíptico de ‘rotura’ de España que solo existe en su calenturienta imaginación.
Por eso cansa oír a los portavoces de la derecha presumir de constitucionalistas. Nada más lejos de la realidad. La Constitución española tiene 189 artículos y la cita constante de la Constitución por las derechas españolas es solo nominal, no de contenidos. Niegan la realidad plural del reino de España que la propia Constitución afirma y deja muy clara y, por otro lado, anteponen el derecho a la propiedad privada a todos los demás.
El PP y Vox no hacen suyos los valores superiores de justicia, igualdad y pluralismo político que rigen la propia Constitución, como establece su primer artículo. Solo hacen suya medio artículo 2 que establece que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Pero ya no hacen tan suya (sobre todo Vox) la segunda parte de ese mismo artículo cuando dice “y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. ¿No fue Javier Ortega Smith quien amenazó al representante del PNV con ilegalizarlos? Ese es su ‘constitucionalismo’. Es obvio quienes respetan y defienden la Constitución y quienes solo se aprovechan de ella.
