Al conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, activistas de Greenpeace colgaron un meme de 240 metros cuadrados en el arco de Moncloa para pedir al presidente del Gobierno español que frene la venta de armas a Arabia Saudí.

 

MADRID, España.- El arco de Moncloa en Madrid amaneció este lunes con un gran meme de 240 metros cuadrados colgado por activistas de Greenpeace para mandar un doble mensaje al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez: “No te pases los derechos humanos por el arco del triunfo” y “No más armas para matar civiles”.

“Resulta especialmente preocupante el caso de la venta de armas a los países de la coalición saudí que participan en el conflicto de Yemen, en el que han perdido la vida miles de civiles”, señaló Greenpeace en un comunicado para explicar esta acción, que se produce en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y el 70 aniversario de su Declaración Universal.

La organización pacifista pide así al Ejecutivo español que ponga fin a los envíos de armamento a Arabia Saudí y asuma sus obligaciones derivadas de la normativa en materia de comercio de armas. En concreto la Ley 53/2007, que prohíbe la exportación de armas cuando estas puedan utilizarse en situaciones de violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“En un día como hoy el Gobierno debe dar ejemplo de sus compromiso con los derechos humanos”, señaló Mario Rodríguez, director Greenpeace España. “No todo vale, para avanzar en calidad democrática hay que demostrar firmeza y determinación en el respeto a los derechos humanos”, añadió.

 Este meme gigante fue colgado en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fotografía: ©Greenpeace/Pablo Blázquez

La organización considera que el Gobierno de España tiene que comprometerse “sin fisuras” con el cumplimiento de los derechos humanos y le exige “contundencia” ante el “panorama político nacional e internacional, plagado de discursos de miedo y odio que son una seria amenaza para los derechos y las libertades”.

Respecto al comercio de armas, Greenpeace recuerda que son varios los países que han adoptado medidas restrictivas en relación a Arabia Saudí por su participación en la guerra de Yemen y en señal de repulsa por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

“En lugar de vender armas a la coalición saudí, el Gobierno español debe sumarse a este creciente número de países, como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Austria o Canadá”, indicó la ONG.

“El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la obligación legal y moral de denegar las solicitudes de autorización de venta de armas a Arabia Saudí y revocar las licencias ya autorizadas mientras subsista un riesgo sustancial de que las armas se puedan usar para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en Yemen, como ya confirma la ONU que está sucediendo”, declaró por su parte Sara del Río, responsable del programa de Paz de Greenpeace.

Venden 400 bombas españolas a Arabia Saudí

En agosto, un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señalaba que en Yemen se han cometido con impunidad violaciones graves del derecho internacional y documentaba más de 6.000 personas muertas y más de 10.000 heridas en el conflicto. Según este reporte, que recomienda “abstenerse de suministrar armas que podrían ser utilizadas en el conflicto de Yemen”, la coalición encabezada por Arabia Saudí ha causado la mayoría de las víctimas civiles en bombardeos ya que han atacado zonas residenciales, mercados, funerales, bodas, centros de detención, vehículos y barcos civiles e incluso instalaciones médicas.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre el gobierno del presidente Pedro Sánchez decidió aprobar la entrega de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí. Un contrato por valor de 9,2 millones de euros que había sido firmado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que la actual Ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso paralizar.

«Con este tipo de armas no puede haber esos bombardeos producidos con armas menos sofisticadas un poco lanzadas al azar y que provocan esa clase de tragedias que todos hemos condenado», justifcó entonces el Ministro de Exteriores, Josep Borrell.

La cancelación de la venta de las bombas podía haber puesto en peligro a su vez un contrato para la venta al país saudí de cinco corbetas fabricadas por le empresa Navantia en sus astilleros de San Fernando, Cádiz. De la construcción de esos cinco buques dependen 1.800 millones de euros y 6.000 empleos.