El jurista español Baltasar Garzón avala la creación de la Guardia Nacional en México al considerar que del proyecto puede salir una nueva visión de la seguridad, siempre y cuando se convierta en un cuerpo civil, que las fuerzas armadas regresen a los cuarteles y que se respeten los derechos humanos.

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Al terminar una visita al Palacio Nacional, donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el jurista español Baltasar Garzón salió acompañado del consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Abordado por reporteros, afirmó que sólo un carácter civil permitiría concretar una perspectiva de derechos humanos en la operación de una Guardia Nacional.

Luego, Ejército y Marina quedarían donde tienen que estar, en su caso para prestar apoyo, pero no ocupando un espacio proactivo como ahora.

El aval del exmagistrado, conocido por haber procesado los casos de mayor impacto en la península por terrorismo, delitos de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción política internacional, no fue definitivo, pues depende de su carácter civil en mando y operación para generar confianza en la ciudadanía.

El que pusiera contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet en su etapa como juez, así como a integrantes de las dictaduras argentina y franquista, destacó la relevancia conceptual de protección y no de persecución como ha sido hasta ahora.

Garzón abundó también en la idea del presidente López Obrador de combatir la corrupción y declaró su coincidencia en el cambio de entendimiento del fenómeno más allá del ámbito judicial, pues se trata de construir una ética ciudadana. En cuanto a esto último, aplaudió la Ley de Confianza Ciudadana.

En las leyes secundarias de la Guardia Nacional el Senado de la República está en busca de “equilibrio” para garantizar el respeto de los derechos humanos y evitar que el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado derive en represión, aseguró Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Recordó que las leyes nacionales sobre el Uso de la Fuerza y el Registro Nacional del Registro de Detenciones tienen que ver con el tema.

En entrevista, confirmó que el grupo de trabajo conformado por el Senado para el análisis de la legislación secundaria de la Guardia Nacional recibió dos documentos técnicos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Subrayó que “se trata de tener los puntos de vista que permitan estar de acuerdo con las convenciones que ha firmado México en materia de derechos humanos”.

El legislador dijo que en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza se trata de ubicar los límites para que no haya uso desmedido de los aparatos del Estado y que no se pueda dar, ni se justifiquen, situaciones de represión como en 1968, además de que existan condiciones para asegurar el respeto de los derechos humanos.