La Audiencia Nacional juzgará al ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, y otras 47 personas, por el presunto desfalco de 750 millones de euros en las entidades que presidía. Dinero que supuestamente fue invertido «de modo sistemático e injustificado» para favorecer a un grupo de empresarios en un proyecto turístico en Riviera Maya que enfrenta denuncias medioambientales.

 

MADRID, España.- La Audiencia Nacional de España abrirá juicio oral contra el ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, junto a otras 47 personas, por las millonarias inversiones inmobiliarias realizadas en México a través del llamado Grupo Grand Coral.

Una sociedad encargada de un proyecto turístico de 300.000 metros cuadrados en Playa del Carmen, en plena Riviera Maya, que ha sido denunciado por autoridades municipales y el Estado de Quintana Roo por razones medioambientales, y que a su vez pudo haber causado un presunto desfalco por valor de 750 millones de euros (unos 17.500 millones de pesos) en las dos entidades valencianas que Olivas presidía.

En un auto fechado el 16 de noviembre, al que ha tenido acceso Espacio Méx, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió desestimar el último recurso presentado por la defensa de Olivas contra su procesamiento, al considerar que, en virtud de las pruebas practicadas, “no se puede establecer ajeno a los acontecimientos”, por lo que finalmente tendrá que ir a juicio.

La magistrada instructora del caso, Carmen Lamela, recomendó el pasado mes de julio el inicio de juicio oral contra los 48 acusados por un presunto desfalco de 750 millones de euros que se habría cometido mediante inversiones irregulares que salían de Bancaja y Banco de Valencia hacia el proyecto turístico Grupo Grand Coral (GGC) en México, participado por ambas entidades, presuntamente para beneficiar a un grupo de empresarios valencianos también señalados en esta causa.

Una operación que, según el auto emitido por la juez al término de la instrucción, causó un “quebranto económico del 100%” a Bancaja y Banco de Valencia. Se trata de dos entidades que, como Caja Madrid, en plena crisis económica pasaron a integrar la actual Bankia, entidad rescatada después con dinero público por el Estado español.

Según el auto emitido por la juez, las inversiones inmobiliarias realizadas entre 2005 y 2009 por Bancaja y Banco de Valencia en GGC, auspiciadas por Olivas y otros ex directivos de esas entidades, supusieron “una auténtica operativa de desfalco”.

La magistrada consideró probado que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, y en detrimento de dichas entidades” a los empresarios Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch, también acusados como “socios externos” de esta presunta trama.

Las dos entidades bancarias eran los “socios financiadores”, mientras que los socios externos eran denominados como “promotores-gestores”.

“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, aseguró la juez.

En el auto, la magistrada Lamela subrayó que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en Grupo Grand Coral, a pesar de ser consciente de que las mismas lastraban a las dos entidades que presidía y que, por el contrario, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó”.

Las urbanizaciones de Grand Coral y su campo de golf ocupan 300.000 m2 en la zona de Playa del Carmen.

Catorce viajes a Cuba como agradecimiento

La instrucción judicial consideró probado, además, que los empresarios Ferri y Baldó, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron al ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia, al menos, 14 viajes a Cuba por motivos de ocio.

Además, Lamela enumeró las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron presuntamente una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares que sufragaron Bancaja y Banco de Valencia y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

La juez Lamela percibía delitos de administración desleal y blanqueo de capitales. Siguiendo sus recomendaciones, el juez de la Audiencia Nacional Diego Egea anunció el pasado 12 de noviembre la apertura de juicio oral contra José Luis Olivas y el resto de los 47 acusados, a los que impuso fianzas de responsabilidad civil que suman más de 1.437 millones de euros.

Egea ha acordado acusar formalmente a José Luis Olivas por un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal agravada, atendiendo a la entidad de la defraudación o perjuicio causado. Al rechazar la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal el último recurso presentado el ex banquero, finalmente será juzgado. La Fiscalía solicita seis años de prisión en su contra.

Implicaciones medioambientales en México

Según reveló el portal de noticias Sinembargo.mx, la construcción junto a la costa de varias urbanizaciones y del campo de golf de Grand Coral no solo ha generado problemas financieros sino que en México ha supuesto un problema medioambiental al arrasar miles de metros cuadrados de humedales y manglar junto al mar.

De acuerdo a ese diario digital, años después de la construcción de este proyecto, desde Grand Coral se continúan depositando escombros en el humedal para seguir con la ocupación de terrenos para urbanizar. Esta actuación, ha provocado que el departamento de Medio Ambiente del municipio de Solidaridad haya sancionado a Grand Coral, que anteriormente ya recibió una multa de tres millones de pesos en 2014 por daños a la flora y la fauna de la zona.

Según Sinembargo.mx, los 300.000 metros cuadrados de superficie ocupados por Grand Coral Riviera Maya y el campo de golf también fueron clausurados temporalmente por la administración mexicana por su impacto medioambiental. Unas afectaciones que continúan por el vertido de escombros en humedales y la contaminación que generan los turistas, de acuerdo a la prensa local.