Muchos grandes empresarios se quejan por los impuestos que pagan, pero España tiene una presión fiscal inferior al de la mayor parte de los países europeos avanzados. “Pagar impuestos es contribuir a que el país funcione. Sin impuestos no hay justicia ni vida digna”, argumenta el autor de este artículo.

Análisis de Xavier Caño Tamayo.

La Conferencia Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), conocida como la patronal, aprovecha la coyuntura política y pide al nuevo ejecutivo, una vez que se haya formado gobierno, que elimine el Impuesto sobre Patrimonio y reduzca los impuestos de Sucesiones y Donaciones. El empresariado argumenta que algunos impuestos en España son de los más elevados del mundo desarrollado. Sin embargo, España tiene una presión fiscal cinco puntos menor que la media de presión fiscal de los 19 países desarrollados de la eurozona, según Eurostat. La presión fiscal es el conjunto de impuestos, tasas y cotizaciones sociales que se abonan al Estado sobre el producto interior bruto (PIB), la riqueza creada. La presión fiscal puede ser hasta un 50% del PIB en Estados como Suecia

A finales de 2018, en España la presión fiscal era el 35% del PIB, según el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), aunque la presión fiscal en la Unión Europea supera el 40% del PIB. Esa menor presión fiscal supuso que la recaudación de impuestos en España en ese año fuera unos 60.000 millones de euros menos de la que hubiera sido si la presión fiscal española hubiera sido como la media de la Unión Europea.

Con tales datos, ¿de dónde saca la patronal que España es uno de los países desarrollados con impuestos más altos? Este no es precisamente el país donde quienes más tienen pagan más impuestos. No lo es, pero sí es uno con mayor volumen de economía sumergida. Y cuanta más economía sumergida, menos presión fiscal, menos ingresos del Estado para atender necesidades y derechos de la ciudadanía.

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la economía sumergida española es casi 10 puntos más que la media de esa economía ilegal en la eurozona. Si no hubiera esa economía sumergida, en España se recaudarían cada año unos 38.000 millones de euros más de cuotas sociales e impuestos defraudados. ¡Y la patronal aún quiere pagar menos impuestos!

España es el octavo Estado de la Unión con menor presión fiscal y, según Gestha, recaudaría unos 76.000 millones más al año si igualara su presión fiscal a la de los países de la Eurozona. Así las cosas, las empresas españolas osan decir que aquí se pagan más impuestos que en otros países de la Unión.

Las empresas en España han pagado menos impuestos los últimos años pese a haber ganado más dinero. Los datos de la Agencia Tributaria revelan que se ha reducido la presión fiscal sobre las empresas y también la recaudación por actividad, pero los beneficios han aumentado y ya superan los que había antes de la crisis. Tanto es así que incluso el inefable Fondo Monetario Internacional ha recomendado aumentar la progresividad de los impuestos sobre la renta y subir los de las herencias altas para que el crecimiento económico sea más equitativo.

Los impuestos levantan ampollas, pero sin impuestos no hay democracia, pues sin servicios públicos de educación, sanidad y otros que garantizan los derechos de la ciudadanía, no hay  estado de bienestar ni se redistribuye la riqueza. La democracia no es posible sin un sistema de impuestos justos, suficientes y progresivos en el que se paguen impuestos según el dinero que se ingrese y se posea.

Pagar impuestos es contribuir a que el país funcione y se han de pagar según la capacidad económica de las personas. Sin impuestos no hay justicia ni vida digna. Los impuestos son el coste por vivir en sociedad con todos sus beneficios. Sin ellos, el país no funciona y la gente no puede ejercer sus derechos sociales.