México ocupa el primer lugar mundial en abusos sexuales contra niños según una investigación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El estudio revela que la mayoría de los abusos se producen en el entorno familiar y siete de cada 100 adultos mexicanos encuestados revelaron haber sufrido abusos.

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cada año, más de 4,5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, lo que le da el primer lugar mundial en estos delitos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La senadora Josefina Vázquez Mota calificó como grave el abuso sexual infantil en el país al citar los datos del Informe Percepción del Abuso Sexual en México de la asociación no gubernamental “Guardianes”, según los cuales el 80% de estos agresores son familiares directos de las víctimas.

El informe, realizado en 2016, establece que casi el 50% de los mexicanos consideraba que el principal agresor de niñas y niños era un extraño. Siete de cada 100 adultos encuestados revelaron haber sufrido abuso sexual en la infancia, mencionó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN).

Al encabezar el Foro Datos Alarmantes sobre el Abuso Sexual Infantil en México, la senadora lamentó la falta de datos sobre este flagelo. Una de las razones, dijo, es que cada estado tiene su código penal y resulta muy complejo conocer la incidencia real del delito desde el punto de vista jurídico penal.

De acuerdo con los pocos datos existentes, se sabe que en el 2015 más de 300 menores de edad requirieron atención hospitalaria en México por casos de abuso sexual, siendo casi el 88% de las víctimas niñas y mujeres adolescentes.

En 2018, Tlaxcala y Querétaro fueron los estados que registraron la mayor cantidad de casos de ingresos hospitalarios por abusos, mencionó.

Para Unicef, explicó, un problema adicional para combatir el delito radica en los llamados preconceptos que suelen confundir la conducta sexual abusiva infantil y minimizan la gravedad de la situación al equiparar abuso sexual con violación y reducir la gravedad del abuso sexual en función de la frecuencia de la conducta.

De acuerdo con el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil: “Estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo a escala nacional. Los principales agresores se encuentran en el seno familiar: padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos… Los abusadores sexuales están en el seno de nuestras familias”, asegura en entrevista la fundadora y directora de este colectivo, Lizzette X

El enemigo en casa

La inoperancia del sistema de justicia penal y civil ha provocado la revictimización de los niños, dice Argüello Rocha, algo que ella pudo comprobar en carne propia, ya que su hija fue abusada sexualmente a los tres años 10 meses de edad por su padre biológico. Hemos sido víctimas no sólo de nuestro agresor, sino del sistema, sostiene.

Recuerda que el proceso por pederastia agravada contra el presupuesto agresor, Jorge Gilberto Barrios Rojo, se inició en octubre de 2017, luego de que su hija confirmó la forma en que su progenitor realizaba tocamientos, manipulaciones emocionales y abuso sexual.

Barrios Rojo fue detenido dos horas y después liberado. El caso sigue en espera de vinculación a proceso, aunque en el aspecto civil se le han programado convivencias con la niña, que ahora tiene cinco años.

«Las convivencias con su padre eran normales, hasta que me percaté de que cuando regresaba tenía patrones de conducta muy cambiantes, depresiones, se ponía agresiva. Era todo un cuadro que demostraba que no regresaba bien. Fui al ginecólogo porque tenía problemas vaginales frecuentes cada que regresaba de las convivencias», dijo.

Afirma que la juez de control en dos horas de audiencia no permitió la vinculación a proceso: El problema es que los actuales protocolos de vinculación son sólo herramientas y recomendaciones que se hacen para que puedan hacer las entrevistas, las cuales se recomienda sean videograbadas, pero la fiscalía no tiene medios para hacerlo.

Comenta que en el proceso penal se ha emprendido una apelación contra la juez de control por no haber realizado el auto de vinculación a pesar de las muchas pruebas presentadas: “No nada más tenemos las declaraciones y los señalamientos directos que la niña hace con respecto al pene de su papá, que explica: se lo jala y le salen ‘gusanitos’, porque es la forma de explicarlo de una niña de cinco años.

También tenemos los peritajes. Pero todo está reforzado con dictámenes de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, donde hemos estado asistiendo a terapias, y también de la procuraduría del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal de Xalapa, Veracruz”.

Familiares agresores

De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: un 30% abuelos o padrastros; 13%, tíos; 11%, padres biológicos; 10%, primos; 8%, vecinos; 7%, maestros, y 3%, hermanos”.

A pesar de estar en el primer lugar a escala mundial en abuso sexual infantil, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, ya que sólo uno por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En la encuesta de cohesión social para la prevención de la violencia y la delincuencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el delito de violación alcanza a 1.764 niñas, niños y adolescentes por cada 100.000 menores y adolescentes de 12 a 17 años, mientras los tocamientos ofensivos y manoseos llegan a 5.089 casos por cada 100.000 menores y adolescentes.

Argüello Rocha sigue luchando en los juzgados para llevar a la cárcel al agresor de su hija. Asegura que sistemáticamente llevar a los agresores ante la justicia, procesarlos y condenarlos es un calvario, aunado a la lucha civil para evitar que los agresores sigan conviviendo con la menor.

Las demandas de pérdida de patria potestad y custodia son a la vez muy complicadas, dice, mientras siguen aplicándose las convivencias en el DIF municipal.

«Hemos tenido múltiples procesos de amparo a los cuales hemos tenido que recurrir para poder detener la orden de convivencias supervisadas», dice.

Refirió que el acoso del agresor, aunado a la estigmatización de la sociedad hacia las víctimas de abuso sexual, las ha relegado en el plano social a vivir a escondidas y con temor a salir a la calle.

Advierte que lo peor es que al no realizar la juez el auto de vinculación y no permitir las conveniencias supervisadas, ahora ella podría ser sometida a proceso judicial por negarse a permitir que su hija siga siendo abusada sexualmente por su padre.

«Después de acudir al Tribunal Supremo y agotar las instancias nacionales, ahora estoy llevando ante la justicia internacional mi caso», concluye.

Posibles soluciones

Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aseguró que la violencia contra niñas, niños y adolescentes, incluida la sexual, se puede evitar, prevenir, atender y eliminar con diversas medidas.

Es fundamental transversalizar el principio de corresponsabilidad en la actuación de las autoridades e instancias especializadas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otro lado, conviene asignar presupuestos públicos suficientes y con enfoque de derechos para invertir en programas de capacitación obligatoria de servidores públicos en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia. Además, se necesitan pautas de prevención, detección y actuación en casos de violencia sexual.

También señaló la necesidad de establecer mecanismos seguros, confidenciales y accesibles para la denuncia de la violencia contra menores de 18 años, incluyendo la vía electrónica, así como incluir  programas de educación sexual para menores de edad, adaptados a las diferentes etapas de su desarrollo, para proporcionarles las herramientas de riesgo y conductas de violencia sexual en su contra.

Hay que focalizar acciones de atención y prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en situaciones vulnerables: con discapacidad, en situación de calle, en centros de asistencia social, en conflicto con la ley, así como en situación de refugio o desplazamiento forzado interno. Insta por otro lado a los poderes legislativos federal y estatales a homologar los tipos penales de violación y  abuso sexual y sus respectivas penalidades y a revisar los procedimientos de procuración e impartición de justicia para definir estándares probatorios adecuados. Esto se debe hacer con perspectivas de derechos de los menores de edad que permitan la pronta determinación de los casos de violencia sexual con el menor impacto para las víctimas. Se requiere un modelo de atención integral para víctimas de violencia sexual, con medidas para su recuperación y reintegración a su entorno familiar y social.

También destacó la necesidad de exigir a servidores públicos que trabajan con menores una capacitación en materia de derechos humanos y sobre pautas para la detección, denuncia y atención de la violencia sexual con enfoque especializado y de establecer protocolos de prevención y atención de la violencia sexual, así como generar campañas nacionales de prevención de las formas de violencia.

Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, refirió que en este Foro se han ofrecido datos alarmantes de una visión misógina y machista de las políticas públicas en lo relacionado con el abuso sexual contra menores de edad.

Señaló que también es alarmante la invisibilidad pública y política del tema, así como la desatención por parte de las políticas públicas; la falta de capacidad que han tenido las instituciones del Estado mexicano no sólo para atender y prevenir, sino frenar esta situación.

“Aquí se confirma que hay una cifra negra de casos de abuso sexual infantil y juvenil que no se atienden, y la tendencia va alza en las 32 entidades federativas”, alertó.