Al menos ocho personas murieron y 106 resultaron heridas el 15 de septiembre de 2008 en Morelia durante la ceremonia del 198 aniversario del Grito de Independencia. Diez años después, no hay condenados.  Las víctimas se sienten abandonadas, la ayuda llega a cuenta gotas y es insuficiente.  

MORELIA, Michoacán.- A diez años del primer atentado terrorista en México, los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, que dejaron ocho muertos  y 106 heridos, no hay culpables del hecho. Los tres supuestos responsables del ataque, Julio César Mondragón, Juan Carlos Galeana y Alfredo Rosas Elicea, presuntos miembros del cártel de Los Zetas, fueron liberados el 28 de mayo del 2015 por el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco.

Al cumplir la primera década, no hay claridad sobre el rumbo de las investigaciones.

Al amparo de la secrecía que atribuye a sus averiguaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) se rehusó a proporcionar a los medios de Michoacán y del país, cualquier dato que indique que no se ha dado carpetazo a un suceso que sembró un temor, aún no superado entre la sociedad moreliana, a las celebraciones cívicas masivas.

Los atentados del 15 de septiembre de 2008 en Morelia fueron una serie de ataques terroristas cometidos con granadas en contra de la población civil en la ciudad de Morelia, México, durante la ceremonia del 198 aniversario del «Grito de Independencia» (conmemoración del inicio de la lucha por la Independencia de México en 1810), en pleno centro histórico de la ciudad.

Ningún grupo u organización se adjudicó la autoría de los atentados, los primeros de su tipo en la historia de México. De acuerdo con las primeras investigaciones, todo parece apuntar que fueron ejecutados por alguno de los cárteles del narcotráfico contra los cuales el gobierno mexicano libra una guerra desde diciembre de 2006.

Por otra parte, la ayuda a los familiares de los afectados llega a cuenta gotas y en forma de “limosna» porque no han sido reconocidas como víctimas y no reciben apoyo alguno constante, dicen los afectados.

Testimonios

José García Guerrero lleva diez años peregrinando en el peor recuerdo que conserva en su memoria. Desde 2008 se sumergió en la profundidad de un luto del que no puede salir a flote y cuyas heridas son como las esquirlas de las granadas. No se ven, se llevan en el alma y no cierran.

No consigue, pese a que ha recibido tratamiento psicológico, algún salvavidas que lo haga flotar de nuevo. Le cuesta asimilar que su madre murió en un día en que todo debió ser celebración.  Se conmemoraba el Grito de Independencia.

No era tradición en la familia acudir a los actos multitudinarios que se organizaban cada año en el Centro Histórico de la capital de Michoacán, pero esa oscura noche, su madre le insistió que fueran a gritar el ¡Viva México!

Aurora Bravo aprendió tristemente a convivir, con su dolor y recordar –de por vida—esa noche trágica del Grito de Independencia que se volvió en la noche más sangrienta del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa y del gobernador experredista  Leonel Godoy Rangel.

Ella dice haber sobrevivido para poder contar la historia en primera persona, de generación en generación y mientras respire, la historia del atentado terrorista más sangriento que se haya escrito en la historia de Morelia. Aquel 15 de septiembre de 2008, en que el Grito de la Independencia se disipó entre los alaridos de desesperación y auxilio.

Faltan 19 víctimas por ser reconocidas y recibir apoyos para sus tratamientos médicos, pero el pasado jueves, en la que fue la última sesión del pleno de la 73 Legislatura, se autorizó al Ejecutivo estatal otorgar beneficios temporales a seis víctimas más, todas mujeres.

Después de que aquel Grito de Independencia que terminó en luto por siete ciudadanos muertos y el dolor de 106 heridos y de sus familias, tuvieron que pasar tres años para que el Estado los reconociera como víctimas y les asignara, a 54 de ellos, una pensión que hasta el pasado mes de mayo oscilaba entre los mil 500 y los siete mil pesos, dependiendo de la gravedad de las secuelas de las esquirlas.

Tuvieron que pasar otros siete años para que el Congreso del Estado autorizara un aumento a 11 de los 54 pensionados, que en conjunto representa un incremento de 51 mil 160 pesos para el gobierno del estado. Los montos de las 13 pensiones vitalicias y 41 temporales siguen siendo insuficientes tan solo para cubrir los gastos médicos, considerando que la mayoría de las víctimas quedaron impedidas para laborar.

De acuerdo con el director de Registro de Víctima de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Josué Mejía, algunas de las víctimas tienen años solicitando su incorporación al padrón de los beneficiarios de pensiones temporales o vitalicias y otros no se habían acercado a las instituciones por desconocimiento de sus derechos. En la actualidad son 60 las personas que reciben ayudas.

El pasado mes de junio se tenían documentados otros 19 casos de personas con esquirlas en el cuerpo, o que sufrieron una lesión en una mano o un pie y posteriormente lo perdieron.  Requieren de apoyo porque su estado de salud actual no les permite tener un trabajo, pero el camino para que sean reconocidas como víctimas del atentado es largo todavía.

Luego de una década, la restitución del daño causado por el ataque terrorista no se ha logrado ya que la CEEAV únicamente ha logrado la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Económica la aprobación de ocho proyectos productivos alineados al subprograma de fomento al autoempleo y únicamente cinco fueron para víctimas del 15 de septiembre de 2008.

Sin Justicia ni culpables

Por su parte, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco ordenó el 28 de mayo del 2015, la inmediata liberación de las cuatro únicas personas arrestadas y sospechosas de ser los responsables de haber lanzado dos granadas el 15 de septiembre de 2008, en medio de los festejos del Día de la Independencia en la plaza Melchor Ocampo, en Morelia.

De acuerdo al juez federal, Emilio Enrique Pedroza, se violaron los derechos humanos de los arrestados, se les fabricaron pruebas y no se respetó el principio de presunción de inocencia cuando la autoridad difundió videos donde los presuntos responsables hacían una confesión.

La Procuraduría General de la República (PGR), en aquel entonces encabezada por el ahora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, días después del ataque informó que se habían realizado cuatro detenciones de presuntos miembros del cártel de Los Zetas.

Sin embargo, Enrique Pedroza consideró que las autoridades torturaron a tres de los presuntos autores materiales y que la acusación en su contra se basó en la confesión que ellos mismos dieron producto del maltrato físico. Asimismo, indicó que las confesiones escritas no fueron redactadas por los acusados.

“En lugar de respetar sus derechos fundamentales, así como atender las múltiples lesiones que presentaban, les fue tomada su declaración ministerial cuando aún se encontraban bajo los efectos de aquella tortura”, argumentó Pedroza, con lo cual exoneró a Alfredo Rosas Elicea (alias El Socio o El Valiente); Juan Carlos Castro (El Grande) y Julio César Mondragón Mendoza (El Tierra Caliente).

El juez también consideró que los testimonios presentados por la defensa que respaldan que los acusados se encontraban en Lázaro Cárdenas, Michoacán, nunca pudieron ser desmentidos por la PGR o por la otrora SIEDO, entonces al frente de Marisela Morales.

Respecto al cuarto sospechoso acusado de ser el líder del grupo y pertenecer también a Los Zetas, se determinó que la PGR nunca pudo demostrar que pertenecía a dicho cártel.

De este modo, y tras resolver la causa penal 254/2008, el juez federal dictaminó sentencia absolutoria a los únicos detenidos y sospechosos de los ataques en Morelia que dejó un saldo de ocho personas muertas y 106 heridas.