“Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado”. “Estoy en política para forrarme”. Son frases de quienes han sido responsables políticos del Partido Popular que gobierna la Comunidad de Madrid, donde no hay “maldición” alguna, sino una corrupción que provoca pérdidas de unos 200.000 millones de euros. ¿Cuantas escuelas, centros de salud, más médicos y personal sanitario, atención a dependientes y apoyo social deja de haber por esta pérdida? Si la corrupción la paga la ciudadanía, ¿por qué aún hay gente que vota a los corruptos?

Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes han dimitido de la presidencia regional de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), salpicados por irregularidades y casos de corrupción ya en causas judiciales.

Alberto Ruíz-Gallardón no dimitió y agotó su mandato como presidente del gobierno regional de Madrid, pero siete años de investigación de casos de corrupción en marcha han motivado que un juez lo haya citado como imputado en la causa conocida como caso Lezo. Esta causa la investiga la Audiencia Nacional de España por malversación y apropiación indebida, entre otros delitos, en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Audiencia investiga si se desviaron fondos públicos a cuentas particulares de miembros del Partido Popular (PP) del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando el Canal de Isabel II compró la empresa colombiana Inassa. En el seguimiento de esa causa, en noviembre del pasado año, la Audiencia Nacional ordenó decomisar el botín conseguido por esos delitos oculto en Colombia: más de 5 millones de dólares depositados en cuentas de empresas presididas por testaferros.

Falsificar calificaciones de un máster y hurtar cremas de belleza

Otros casos de corrupción en Madrid en vía judicial son los conocidos como Gürtel y Púnica. Y el remate es la falsificación de calificaciones de un máster que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Gürtel y Púnica son corrupciones clásicas en las administraciones públicas: adjudicar ilícitamente obras y contratos públicos millonarios, saltándose todas las reglas, a empresas a cambio de comisiones en efectivo que éstas abonan. Esas comisiones suelen ser el 3% del total de inversión en esos contratos y obras y, a menudo, cuantiosos sobrecostes posteriores.

Pero no hay maldición alguna en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es corrupción. Por eso, más de cincuenta miembros de la dirección del PP madrileño y cargos públicos han sido imputados por casos de esos delitos y tres de los secretarios generales del PP de la Comunidad Autónoma durante los últimos años (Ignacio González, Francisco Granados y Ricardo Romero de Tejada) han sido procesados.

El caso de Cifuentes es distinto porque dimitió como presidenta regional tras conocerse el vídeo de una cámara de seguridad que la mostraba robando cremas de belleza. El vídeo se ha dado a conocer tras más de un mes de declaraciones varias y forcejeos en los medios informativos por el caso del máster que destapó y documentó el periódico digitaleldiario.es,en una modélica muestra de riguroso periodismo de denuncia.

Aunque la causa de la dimisión no es una presunta corrupción, Cifuentes sí ha sido relacionada con el citado caso Lezo en dos informes de la UCO (unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Esos informes apuntaban a su presunta participación en la concesión de un contrato irregular en la adjudicación del servicio de restaurante y cafetería de la sede de la Asamblea parlamentaria de Madrid cuando ella era su vicepresidenta.

“Implacable”contra la corrupción, obligada a dimitir por corrupción

El caso de Cristina Cifuentes es aún más notable porque ella se presentaba como luchadora contra la corrupción con una consigna de “tolerancia cero”. Aunque es cierto que su gobierno aportó datos del caso Lezo, lo hizo cuando la Fiscalía Anticorrupción llevaba ya un año investigando la compra ruinosa de la colombiana Inassa por la empresa pública Canal Isabel II, y ya había averiguado por donde iban los tiros.

Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid entre alborotos y falta de apoyos en su propio partido, lo que ella achaca a su postura contra la corrupción. ¿Cómo explicar de otro modo que una cinta de seguridad de una gran superficie comercial (que según la ley debía haber sido borrada hace años) aparezca en medio de la controversia por el máster? Al ser emitida la secuencia en televisión, con el consiguiente ruido mediático, el jefe del gobierno y Presidente del PP, Mariano Rajoy, ordenó a Cristina Cifuentes por una intermediaria que dimitiera antes del mediodía. Sin más dilación.

Tramas Gürtel, Púnica y Lezo tras el conocido «tamayazo»

El que fuera presidente de la CAM tras Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue detenido por la Guardia Civil en abril de 2017, permaneció en prisión preventiva hasta noviembre de ese año y recuperó la libertad provisional tras abonar 400.000 euros de fianza. González está implicado en el caso Lezo por presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal Isabel II cuando él la presidía, ocho años antes de ser elegido Presidente de la región de Madrid.

Por su parte, Esperanza Aguirre dimitió rodeada de casos de corrupción (tramas Gürtel, Púnica y Lezo), tras el registro de la sede regional del PP para buscar pruebas de financiación ilegal del PP Popular madrileño con dinero ilícito en efectivo de la llamada trama Púnica. Además, durante su presidencia se adjudicaron contratos de decenas de millones de euros a la trama organizada por el empresario Francisco Correa, procesado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental, a cambio de comisiones ilegales.

Cabe recordar que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta regional de Madrid por la traición de dos diputados socialistas (el llamado ‘tamayazo’) que se ausentaron de la Asamblea de Madrid en la votación a Rafael Simancas del PSOE como candidato a presidente de la región, impidiendo que fuera elegido. Tras varios inútiles intentos de formar gobierno, se convocaron nuevas elecciones regionales en las que ganó el PP y Aguirre fue elegida presidenta.

Política para «forrarse»

Los hechos de presunta corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid (y antes en la de Valencia), gobernando en ambas el partido Popular (aunque hoy ya no gobierna en Valencia), son propios de una clase política de la que no se sabe a ciencia cierta si expolia para gobernar o gobierna para desvalijar. Es esclarecedor que un dirigente político que mandó en el PP de la Comunidad Valenciana y luego fue ministro, Eduardo Zaplana, dijera en conversación grabada por la policía: “Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado”. Casi al mismo tiempo, Vicente Sanz, entonces secretario general del PP de Valencia, confesaba “estoy en política para forrarme”.

No hay maldición alguna en la Puerta del Sol sino una delictiva codicia de demasiados políticos, lo que no es cuestión menor. No olvidemos que la ciudadanía es la que paga la corrupción antes o después. En el caso de la CAM, la corrupción, según estiman algunas ONG, supone la pérdida de unos 200.000 millones de euros. ¿Cuantas escuelas, centros de salud, más médicos y personal sanitario, atención a dependientes y apoyo social deja de haber por no tener esos cientos de miles de millones de euros que la corrupción se ha tragado? Si la corrupción la paga la ciudadanía, ¿por qué aún hay gente que vota a los corruptos?


Fotos: Flickr de Cristina Cifuentes y del Partido Popular de Madrid