«Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón», decía Desmond Tutu, que presidió en Sudáfrica la Comisión de la Verdad que ha servido de modelo de reconciliación en otros países. «El libro de Juan Miguel Baquero es buen punto de partida para conseguir verdad, justicia y reparación», dice el periodista Xavier Caño Tamayo sobre ‘El país de la desmemoria’.

Por Xavier Caño Tamayo

En el prólogo del libro El país de la desmemoria, quien fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, escribe que hablar de lo que ha sucedido es hacerlo real. Es el propósito del periodista sevillano Juan Miguel Baquero, autor del citado texto: contar graves y terribles verdades de dolor, represión y muerte en este país desde 1936 a 1975. Verdades nunca abordadas oficialmente. Con este libro, Baquero hace suyas las reclamas y reivindicaciones de las víctimas de la rebelión militar y fascista que se conoce como guerra civil española y las del largo período de feroz dictadura que siguió a aquélla. Reivindicaciones y derechos de las víctimas, nunca atendidas ni satisfechas, que se resumen en el trinomio verdad, justicia y reparación.

Masacres

Baquero empieza con un capítulo aterrador: Ensayo para la barbarie, en el que sin eufemismo alguno, con atroz claridad, cuenta la que se conoció como La Desbandá, masacre de miles de civiles que huían de Málaga, tras su conquista por las tropas franquistas, por la carretera hacia Almería. Probablemente uno de los peores crímenes de guerra perpetrado por los franquistas. Esta masacre la perpetró la artillería pesada de los cruceros rebeldes Canarias, Baleares y Almirante Cervera y las bombas arrojadas por aviones nazis y fascistas, en tanto la infantería italiana ametrallaba por tierra a los civiles inermes. Hubo más de 5.000 muertos y eran más de 200.000 refugiados (hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños) los que que huían aterrados y asediados por tierra, mar y aire. Una matanza fríamente premeditada sin razón alguna contra el pueblo trabajador porque allí no había guerra, cuenta a Baquero un testigo nonagenario que lo sufrió siendo niño.

Hubo otras masacres con bombardeos de aviación nazi o fascista (Guernica, Barcelona, Játiva…). Matanzas de civiles lejos del frente de guerra, escribe el autor, que demuestran la voluntad genocida del franquismo: aniquilar al adversario social y político. Esa voluntad terrorista (porque  buscaba causar terror para disuadir de cualquier resistencia) causó en pocos años y mucho más allá del fin de la guerra civil unos 115.000 desaparecidos forzados, cifra reconocida por entidades internacionales, cuyos cadáveres siguen enterrados anónimos en las más de 2.500 fosas comunes en cementerios y cunetas de todo el país. Una realidad execrable que hace de España el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados tras Camboya, y muchas más víctimas que Chile y Argentina bajo dictaduras militares.

Los capítulos de El país de la desmemoria apuntan a un texto intenso y esclarecedor. Y así, el autor aborda Ensayo para la barbarie, El genocidio fundacional del franquismo, Tierra sembrada de fosas comunes, Justicia contra impunidad, Mujer: del feminsimo a la represión, Memoria LGTBI, Memoria viva… textos que dejan aterrado al lector. Carlos Slepoy, el abogado que presentó ante la justicia argentina por justicia universal una querella contra los crímenes de Franco y sus cómplices, asegura que en España hubo un genocidio, una persecución planificada contra un enorme sector de la sociedad española para hacerla desaparecer.

Una Comisión de la Verdad

Pablo de Greiff, relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, instó al Estado español a juzgar los crímenes del franquismo y dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977. De Greiff ha propuesto al gobierno español que cree una entidad independiente oficial, una comisión de la Verdad, que averigue y publique todo lo ocurrido en este país desde 1936 hasta los años posteriores a la muerte del dictador para esclarecer los crímenes del franquismo: ejecuciones tras consejos de guerra sumarísimos, asesinatos extrajudiciales, depuraciones profesionales masivas, saqueo de bienes de vencidos, robo de propiedades comunes sistemático, violaciones, torturas continuas, trabajo esclavo de miles y robo de bebés. Recuerda Baquero que esos crímenes empezaron a perpetrarse con la rebelión militar de julio de 1936 y se prolongaron durante décadas y aún más allá de la muerte del dictador.

Recordemos que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue una institución oficial creada por el gobierno de Sudáfrica, presidido por Nelson Mandela, para que hubiera justicia en ese país tras el fin del apartheid. Víctimas de graves violaciones de derechos humanos eran invitadas a explicar sus sufrimientos y los autores de crímenes podían confesarlos en audiencias públicas. Tras testimonios y relatos, las víctimas decidían si se concedía impunidad a los autores de crímenes.

La Comisión de la Verdad nunca fue una institución judicial, sino un área de mediación entre víctimas y agresores. Presidió esa comisión el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984, y su lema fue que «sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón«. Propósito perfectamente aplicable a España. Esa Comisión  permitió esclarecer desapariciones, asesinatos y otros muchos delitos que hubieran permanecido ocultos, e hizo posible que las víctimas fueran reconocidas y se les otorgara reparación por su sufrimiento. La Comisión de la Verdad sudafricana ha sido modelo para otros países con violencia, dictaduras o guerra civil.

La trampa

Pero en el Reino de España conocer y reconocer la verdad sobre la guerra civil y la dictadura que siguió tropieza una y otra vez con la trampa que organizaron franquistas ‘reformistas’ que participaron en la Transión a la Democracia. Esa trampa, que asegura la impunidad del franquismo, es la ley de Amnistía de 1977. Todos los intentos de investigar crímenes del franquismo han sido frenados y rechazados, alegando que esas investigaciones van contra esa ley. Así le ocurrió a Baltasar Garzón, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, que empezó a investigar los crímenes de la dictadura franquista y, por ello, fue acusado, juzgado y apartado de la carrera judicial, a pesar de que la ONU, el Consejo de Europa y organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado una y otra vez que recurrir a la ley de Amnistía no es admisible.

El abogado Jaime Sartorius, que formó parte de la Comisión parlamentaria que elaboró esa ley, ha asegurado de palabra y por escrito que en el debate parlamentario nunca se dijo que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de los delitos del franquismo. Y Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que coló tras el debate parlamentario proposiciones que nunca estuvieron en el texto acordado de esa ley. Cláusulas que extendían la amnistía a los delitos contra las personas cometidos por funcionarios de la dictadura y por agentes de orden público. O, lo que es igual, la impunidad para los crímenes de la dictadura y sus responsables. Ése no era en modo alguno el objetivo de la ley de Amnistía que se proponía vaciar las cárceles de personas presas por haber luchado por las libertades contra la dictadura franquista.

Este país necesita con urgencia una Comisión de la Verdad que se ponga en marcha cuanto antes para reconocer lo que ha sucedido, juzgar los crimenes del franquismo y ofrecer reparación a las decenas de miles de víctimas o sus familiares, tal como ordena el derecho internacional que España ha suscrito y ratificado. El libro de Juan Miguel Baquero es buen punto de partida para conseguir verdad, justicia y reparación.