La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama a los partidos políticos y grupos parlamentarios en España que acuerden un Pacto de Estado contra el fraude fiscal. Una mayor recaudación permitiría poner en marcha programas sociales para las más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y unas 650.000 familias sin ningún ingreso. “La reforma fiscal a fondo es el camino para que España sea de verdad un Estado social como proclama el artículo primero de la Constitución”, afirma el periodista Xavier Caño Tamayo, autor de este artículo.
Por Xavier Caño Tamayo.
Hace unos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sorprendió a propios y extraños al proponer en uno de sus informes que pague más quien gane más – impuestos más progresivos –, subir los impuestos a las herencias e imponer otros tributos al tiempo que hacía una enérgica llamada a frenar la corrupción.
Como si no fueran una organización neoliberal, el FMI ha propuesto también eliminar los subsidios y ayudas a los combustibles de origen fósil. Además de contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, esa medida elevaría la recaudación fiscal de los estados de la OCDE (los 35 países más desarrollados del planeta) en cantidad equivalente al 3% del PIB.
Por fin los adalides del neoliberalismo del FMI parecen seriamente preocupados por la disminución de recaudación fiscal. Por fin han comprendido que los impuestos suficientes son imprescindibles en los presupuestos generales para financiar la actuación de los gobiernos. El FMI incluso ha osado calificar la fiscalidad actual de los países desarrollados como insostenible y obsoleta. ¡Increíble!
Pero hay más sorpresas. Como si fuera una ONG crítica, el FMI reconoce que, en la mayoría de países de la OCDE, la distribución de riqueza es muy poco equitativa. Y propone impuestos sobre la tierra y los inmuebles para enmendarlo. Incluso osa sugerir que se considere imponer tributos a la riqueza; es decir, pagar impuestos por acumular mucha riqueza. Pero para poder recaudar los impuestos de quienes más ganan y atesoran, urge acabar con la corrupción que genera una severa insuficiencia fiscal. Según la Comisión Europea, el fraude fiscal es tan grave en la Unión que sus 28 estados dejan de recaudar más de 900.000 millones de euros al año por ocultarse patrimonios y beneficios para no pagar impuestos. ¿Cuánto no se haría en beneficio de la ciudadanía y sus derechos con esos impuestos evadidos?
Corrupción y evasión fiscal en España
Con más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y unas 650.000 familias sin ningún ingreso, los sucesivos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que la corrupción preocupa a la ciudadanía en España. El 95% de los encuestados considera excesivo el fraude fiscal y que el actual sistema de impuestos es injusto porque quienes más tienen no pagan lo que deberían. Y, aunque existe fraude fiscal entre trabajadores asalariados y autónomos, el 80% del fraude fiscal está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas.
Según un conocido informe elaborado por los Técnicos de Hacienda (Gestha) sobre economía sumergida, esa economía no declarada en España equivale al 24,6% del PIB, la cuarta parte de la riqueza anual, más de 250.000 millones de euros.
Eurostat insiste además queEspaña tiene un déficit de recaudación fiscal equivalente al 5,7% del PIB, una recaudación menor que la media de la Unión Europea, equivalente a unos 70.000 millones.
Para que haya un Estado del Bienestar digno de tal nombre, han de aumentar notablemente los ingresos sin aumentar el déficit. Y eso solo se consigue recaudando más impuestos justos, progresivos y suficientes con mas personal y más medios. La buena noticia es que el Plan de Control Tributario en España ahora se centra más en el fraude de las grandes empresas y grandes fortunas. La mala es que la plantilla de la Agencia Tributaria española es muy inferior a la necesaria para recaudar los impuestos de quienes más obtienen y atesoran. Según la OCDE, España está a la cola de la Unión Europea en la proporción de personal de Hacienda respecto a la población.
El año pasado España aumentó un corto 1,52% el personal de la agencia tributaria y ya son 25.513 funcionarios, pero durante ocho años se ha recortado el personal de Hacienda sin pausa y hoy sus funcionarios aún son bastante menos que la media de personal de agencias tributarias de la Unión para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Pero, además de contar con personal suficiente, urge una reforma completa y vigorosa del sistema fiscal que cumpla el artículo 31 de la Constitución Española. Establece este artículo que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad yprogresividad”, algo que no cumple el modelo fiscal español.
La reforma fiscal a fondo es el camino para que España sea de verdad un Estado social como proclama el artículo primero de la Constitución. Por eso la Plataforma por la Justicia Fiscal, integrada por una veintena de organizaciones sociales y cívicas más los sindicatos CCOO, UGT y USO, ha reclamado a los partidos políticos y grupos parlamentarios que acuerden un Pacto de Estado contra el fraude fiscal. Porque sin justicia fiscal nunca habrá justicia social.
